En los Registros de Propiedad Automotor se articuló una respuesta gremial conjunta ante el cierre de 40 por ciento de las dependencias.
Tras darse a conocer que el Gobierno eliminará el 40% de los registros del automotor, el personal afectado se auto convocó a un cese de actividades por tiempo indeterminado.
“En virtud de lo expuesto públicamente, concerniente al cierre de un porcentaje de RR.SS (Registros Seccionales), los trabajadores registrales comunicamos que, vistas las circunstancias que amenazan nuestra fuente laboral y por consiguiente a los RR.SS que nos la proveen, hemos decidido el cese de actividades registrales hasta tanto el Ministerio de Justicia y DDHH convoque al diálogo a nuestros encargados”, informaron a través de un comunicado de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (Dnrpa).
El paro de actividades comenzará a regir el 6 de mayo a las 8:30 y, como indicaron los trabajadores, se extenderá hasta que sean convocados a establecer diálogo con las autoridades del Gobierno nacional, publicó el portal de Infobae.
“En este marco, no habrá recaudación ninguna para girar a dicho Ministerio. La medida abarca a todos los Registros Seccionales y sus trabajadores registrales en toda la República Argentina”, agrega el comunicado.
“En ese sentido, estamos absolutamente seguros de que el Ministerio de Justicia y de los Derechos Humanos velará y responderá por la seguridad jurídica registral de los ciudadanos hasta que esté en condiciones de entablar diálogo con nuestros encargados”, continúa el escrito.
“Por la política económica que subyace entendemos que ‘no hay plata’. Entonces no habrá registración ni recaudación”, cierra el comunicado de la Dnrpa.
Qué dicen las medidas
Si bien en el DNU del Poder Ejecutivo Nacional estipulaba que el 2 de mayo debía ponerse en funcionamiento un nuevo Registro Automotor digital de alcance nacional, cuyo funcionamiento debe ser remoto, abierto, accesible y estandarizado, un día después de vencido ese plazo, el Ministerio de Justicia de la Nación, del cual depende la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor y Afines (Dnrpa), hizo públicas algunas disposiciones que van en esa dirección, algunas de las cuales son de aplicación inmediata. Se atacó la problemática en general, con decisiones que impactan en los Registros como dependencias en sí mismas, en los usuarios con menores trámites y costos, y en el sistema registral en su estructura, con procesos que permitan continuar después con la transformación más profunda que por ahora no se puede hacer.
La más llamativa por la magnitud que tiene es la decisión de cerrar el 40% de los actuales Registros del Automotor, lo que implica unas 620 dependencias si se toma el dato de 1.554 registros en todo el país. Dentro de ellos, se cerrarán todos los que actualmente estaban intervenidos y con auditorías en proceso, algunas iniciadas desde hace más de dos años, y otros desde la asunción de la administración de Javier Milei. En la misma dirección, se decidió también reducir el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, dentro de un marco apropiado como el de ofrecer planes de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.
Estas dos medidas apuntalan las bases de la reforma del sistema registral de automotores, cuestionado por el Presidente durante su campaña electoral, en el que reiteradamente describió a los Registros del Automotor como “cajas de la política” y parte de la “casta que vive del Estado”. Reducirlos a poco más de la mitad sigue una lógica de achicar el gasto público y mantener el equilibrio fiscal, y podría considerarse el primer paso hacia el objetivo final que siempre ha sido cerrarlos completamente y reemplazarlos por una herramienta digital remota.
Estas medidas se complementan con otra anunciada en la misma resolución, que determina que los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. Justicia se reserva el derecho de controlar en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros.