Luis María Serroels
En ciertas circunstancias, las opciones de los políticos resultan, por escasas, cruelmente reveladoras. Se peca por desinformación, por olvido o por malicia, o sea que en cualquiera de estos casos el rédito es nulo y la descalificación una consecuencia inevitable.
Desde hace ya 22 años, las denominadas alternancias partidarias en la conducción del gobierno provincial han sido co-protagonistas y, por qué no, hasta socias en la situación de crisis y postración que viene afectando a nuestra provincia.
Confrontar las cifras de la caja a fines de 1983, sin deuda pública y hasta con un jugoso depósito para cubrir compromisos salariales por varios meses, incluyendo medio aguinaldo, con la actual situación que ubica el endeudamiento en unos 2.800 millones de pesos, resulta de una contundencia tan abrumadora que veda cualquier discurso vestido de seudo-explicaciones imposibles de digerir.
Como hemos dicho en muchas oportunidades, cuando Jorge Pedro Busti haya culminado su tercer mandato, habrá transcurrido casi cuarto siglo desde la recuperación democrática en medio de un fenómeno muy peculiar por cierto: solamente tres personas habrán desempeñado el cargo de gobernador de Entre Ríos (y ello se acentuaría en el caso de que una cláusula de reelección en una eventual reforma constitucional le permita al actual mandatario continuar en su sillón hasta el 2011, con un ejercicio personal de 16 años sobre los 28 transcurridos desde 1983).
El propio Juan Bautista Alberdi escribió cierta vez los fundamentos por los que consideraba nocivas y riesgosas las reelecciones (qué cosas no diría hoy frente a la cuasi-eternización de gobernantes con su afán desmedido de poder, producto de veleidades de mesianismo). Y bien sirve para preguntar qué extraña fiebre alienta estos deseos y para qué realmente se pretende el poder.
Pero ese orden de sucesiones inter-mayorías partidarias sólo ha servido para que los gobernantes les echen todas las culpas de su ineptitud a sus antecesores y éstos, ya en función opositora, acusen al oficialismo a veces con inocultables rasgos de desfachatez por aquello que no quisieron o no supieron plasmar.
La marcada amnesia que afecta a toda la dirigencia por igual es la contracara de la memoria que mantiene una vasta porción de la ciudadanía a la hora de identificar quién es quién y qué cosas hizo para bien y para mal cada vez que se le dio la gran oportunidad.
El escandaloso caso de los alimentos vencidos -de cuya totalidad en cuanto a especie y cantidad pareciera que nunca tendremos su real dimensión- ha servido para desnudar graves fallas funcionales en un ministerio y una sistemática metodología para ocultar y relativizar la gravedad de los hechos desde el máximo despacho de esa cartera.
No ha sido menos desafortunada la maniobra del gobernador al hacerse descontar de sus haberes y en cómodas cuotas el importe de la mercadería perdida irresponsablemente (unos 5.800 pesos). Es que el artículo 23º de nuestra Constitución provincial indica, entre otras cosas, que "los funcionarios y empleados son individualmente responsables de los daños causados a terceros o al Estado por extralimitación o incumplimiento irregular de sus funciones". Se refiere a quien se determine responsable por vía de un sumario y no a aquel que se haga voluntariamente responsable por un acto de gentileza.
Cabe preguntar en qué otras ocasiones el mandatario observó esta norma constitucional o, si en todo caso, el comedimiento quedaría supeditado a los montos resarcibles. Como también si como gobernador aplicó con toda severidad las normas sobre el juicio de residencia de sus predecesores, al que están sometidos tras la finalización de sus mandatos para compensar de sus bolsillos los daños provocados (por ejemplo, en los períodos 1983 a 1987 y 1991 a 1995).
Si continuaran surgiendo pruebas sobre nuevos incendios de alimentos y remedios vencidos por negligencia en los controles, ¿el doctor Busti iría remitiendo a las oficinas contables nuevos pedidos de descuento en su salario? ¿Hasta cuándo soportarán sus emolumentos a partir de este precedente? ¿Optará por similares gestos caballerescos en caso de que, producto de desidia indolente, sigan apareciendo casos de pérdida e inutilidad de los bienes del Estado, muebles o inmuebles y/o perjuicios a terceros?
Las pérdidas ocasionadas por la incineración de alimentos no se pueden resolver al modo galante de un bizarro Caballero de la Mesa Redonda destinado a salvar el pudor de una doncella. Se trata de fijar culpabilidades y quien deba responder que responda, tanto en la reparación pecuniaria como en el alejamiento del cargo si asume a la ética como un valor inescindible de la función pública.
Por otra parte, el resarcimiento en cómodas cuotas no soluciona la cuestión, ya que ello permitirá reponer el material perdido en forma parcial y progresiva, siendo que su inutilización se hizo en un solo operativo y sobre un volumen global restado a sus beneficiarios. Es decir que para la recuperación completa deberán transcurrir tantos meses como cantidad de cuotas se decidan.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
