Juan Carlos Cresto espera que un fiscal resuelva si lo procesa o no en una causa en la que está acusado, junto a ex funcionarios y siete concejales, de incumplimiento de los deberes en la función pública y haber abusado del poder en la concesión sin licitación a una firma para la administración y manejo del basural. Magistrados que se excusaron y otras maniobras dilataron el proceso. Un edil que vuelve a cumplir funciones y las idas y vueltas que tornan turbia la relación entre la Justicia y la política.

Federico Malvasio

La concesión de la empresa Cetru Sociedad Anónima por parte de las anteriores autoridades municipales de Concordia para administrar el basural y el final de la historia entre la comuna y la firma parecen sobrevivir un retrato de tiempos neoliberales, cuando la ciudad que supieron comandar Jorge Busti y Juan Carlos Cresto en dos oportunidades cada uno ocupó a principios de este siglo el primer lugar en una lamentable competencia: cuál era la ciudad más pobre de la Argentina.

En noviembre de 2006, el ahora ex concejal Eduardo Miranda y el ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativa, Oscar Rovira, denunciaron al entonces intendente Juan Carlos Cresto y a siete concejales por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad en la causa en la que se investiga la concesión sin licitación pública del Campo del Abasto. Allí, la Municipalidad de Concordia concedió a la firma la administración y manejo del basural. El hijo del ex gobernador cumplía su segundo mandato.

La entrega a la empresa fue por un período de 20 años. Pero uno de los principales motivos por los cuales se generó la denuncia fue que la comuna no realizó un llamado a licitación pública. La supuesta ilicitud se configura cuando un “funcionario o corporación pública disponga, grave, o destine bienes del Estado en beneficio de la pura y simple actividad de un particular”.

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