La Presidenta Cristina Kirchner planteó la polémica y la Corte Suprema de Justicia de la Nación recogió el guante y devolvió las críticas. Hoy la polémica está planteada. Entre Ríos es tal vez el más claro ejemplo del parsimonioso proceso judicial alrededor de las causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura: desde 2003 se iniciaron seis procesos judiciales y hay apenas tres detenidos.
En Concepción del Uruguay el camino no fue fácil. Poco se hablaba y menos se sabía de lo que había pasado. Los años de impunidad y silencio hicieron efecto y muchos creían y repetían “acá no pasó nada”. Con el tiempo, comenzó a conocerse lo que sucedió en esta zona, en el interior del interior; se reabrieron las causas ya existentes desde el retorno de la democracia y a su vez se inició otra a partir de nuevas denuncias: las violaciones a los derechos humanos y el secuestro de tres militantes en Concordia y las desapariciones de dos dirigentes montoneros en Gualeguaychú, y en 2006 se inició otra causa por las secuestros y torturas de estudiantes secundarios en la sede de la Policía Federal de Concepción del Uruguay. Pero por estos días esas tres investigaciones están pendiendo del hilo de la incertidumbre porque el juez Federal Guillermo Quadrini abandonará su cargo para mudarse a Tierra del Fuego, donde hace unas semanas fue designado como fiscal mayor en Río Grande, tras el acuerdo prestado por el Consejo de la Magistratura, ante el pedido formulado por el Superior Tribunal de Justicia provincial. Desde lo formal, primero Quadrini debe presentar su renuncia ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, luego el expediente será girado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que acepte la renuncia y entonces Quadrini dejará su cargo a la titular del Juzgado Federal Número 2 en lo Civil y Comercial, Beatriz Aranguren. Pero eso es cuestión de tiempo, precisamente.
En febrero de 2004, en el marco de la primera citación como testigos que les había realizado el juez Quadrini tras la declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final y la reapertura de las causas por crímenes de lesa humanidad, los familiares y las víctimas de la dictadura abrigaron las primeras esperanzas. Pasaron cinco años y las expectativas siguen firmes, aunque el reclamo urgente y necesario es que la Justicia contemple los tiempos humanos y revierta la muy mala imagen que tiene la Argentina en torno a la impunidad de la que gozaron durante años los responsables del terrorismo de Estado, ya que es un deber no sólo legal sino también ético y moral que tienen las autoridades judiciales tanto ante las víctimas y sus familiares como ante la sociedad y para dar un ejemplo a las futuras generaciones.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
