Federico Malvasio
La postergada implementación del Código Procesal Penal se anuncia ahora como inminente en los próximos meses. Si bien aseguran que llegarán a tiempo con la restauración edilicia en los Tribunales de Concordia, donde se realizará la prueba piloto, cuestiones de fondo no resueltas tendrían que causar preocupación en la víspera de la puesta en marcha de un nuevo sistema acusatorio. Contrarreloj falta resolver asignaciones y reasignaciones de funcionarios judiciales. Las leyes reglamentarias aún no han sido aprobadas. El cambio de paradigma presenta modificaciones importantes, entre otros, atadas a cuestiones económicas.
El 31 de agosto. Ésa es la fecha que se estableció para que se implemente en la jurisdicción de Concordia el nuevo Código Procesal Penal. La puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio carga con una pesada historia de desencuentros, burocracias, prórrogas y falta de fondos que ha generado desconfianza en el ámbito de la Justicia cada vez que se anuncia una inminente ejecución.
A partir del lunes 29 pasado, los ciudadanos de esa jurisdicción hubieran estado gozando del nuevo sistema, pero días antes de las elecciones legislativas el Superior Tribunal de Justicia (STJ) suspendió la puesta en vigencia mediante una acordada. En un escueto comunicado se informó que se pospuso a fin “de efectivizar las modificaciones edilicias necesarias y concretar la sanción de las leyes básicas que resultan menester, así como para instalar el sistema informático y de audio, e integrar la planta de funcionarios y magistrados”. Pequeños detalles.
La aprobación del Código en la Legislatura era el primer paso y, quizás, el más sencillo pero necesario. El Senado aprobó hace tres años las reformas al Código Procesal Penal realizadas por una comisión multilateral encargada de la implementación del nuevo sistema de procedimiento en asuntos penales. Esta comisión, que a lo largo de estos últimos años fue variando, sigue conformada por diferentes entidades judiciales como el Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados de Entre Ríos y la Asociación Judicial de Entre Ríos. Por el Ejecutivo participan la Secretaría de Justicia y la Fiscalía de Estado; por el Poder Judicial, integrantes del STJ, y por la Legislatura lo hacen un diputado y un senador.
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