Luis María Serroels
(Especial para ANALISIS)
Se puede arribar a una función precedido de una encumbrada situación en términos económico-financieros; con un nivel relativamente bueno medido en el estándar de vida exhibido sin disimulo, o también con un demostrado pasar austero. En los tres casos, existen mecanismos que apuntan a que la ciudadanía tome debida cuenta de la verdad de los números. Esa divulgación –muy ética y republicana por cierto-, no debe molestar a nadie en tanto se demuestre la legitimidad y licitud del patrimonio, sea cual fuere su magnitud.
En el ámbito privado, profesionales, empresarios y comerciantes de cualquier rubro, actividad o disciplina pueden “echar buenas”, como se expresa en la jerga cotidiana y talvez a nadie le preocupe. Pero en el desempeño de un cargo público, este crecimiento y por las reservas que la propia realidad ha ido sembrando en la comprensión de la sociedad, queda invariablemente sometido al recelo y la desconfianza.
A esto lo sabe y lo acepta de antemano el funcionariado y de allí que un necesario breviario de conducta recta y moral cristalina supone una útil herramienta para presentarse ante el ciudadano de a pie y convencerlo de que todo está en orden (tudo bem tudo legal, como reza una difundida campaña de la AFIP).
Esto no está dirigido a alguien en particular ni significa en absoluto abrir dudas prejuiciosas sobre nadie. No le estamos poniendo nombres propios, sino demandando –como tantas veces lo hemos hecho- que la transparencia sea expuesta sin tapujos ni restricciones y muy bien debe sentirse (por su puesto que también el gobernado y contribuyente) quien se sienta en condiciones de demostrar contundentemente que no accedió a su cargo para usarlo en beneficio propio sino para servirlo con gran entrega, dedicación y honradez. Es decir, desechar toda idea de que el Estado está concebido para realizar negocios particulares.
Para cada funcionario del Estado, la exigencia de diafanidad en el comportamiento es inexcusable e inherente a la propia naturaleza del servicio público. Por ello no es correcto revelar nerviosismo frente a cualquier recelo que imponga las necesarias probanzas y lejos de alterar los ánimos debería – desde luego en aquellos que no tengan nada que ocultar- ser motivo de tranquilidad personal, trasladable hacia el colectivo social. Así de simple funcionan la democracia y el estado de derecho en un sistema republicano.
Pero hay una cuestión que merece incorporarse a este breve análisis reflexivo. Aún certificada la legitimidad del patrimonio –para lo cual debe mediar un conjunto de elementos que le concedan una terminante certeza, libre del menor reproche-, no por ello resulta aceptable el exceso de ostentación material que parecería un plus agregado al poder político que se ejerce. Semejante actitud propia de un rastacuero, en medio de una crisis tan global como recurrente instalada en millones de hogares, puede terminar resultando disvaliosa de la performance registrada en la tarea oficial y altamente agraviante para la ciudadanía.
El nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, alumbrado durante el papado de Juan Pablo II y con particular participación del cardenal Estanislao Karlic, afirma que “el destino universal de los bienes continúa siendo primordial, aunque la promoción del bien común exija el respeto de la propiedad privada, de su derecho y de su ejercicio (2403). Y añade que “la propiedad de un bien hace de su dueño un administrador de la providencia para hacerlo fructificar y comunicar sus beneficios a otros, ante todo a sus próximos (2404)”.
Exhibir ostentación no está prohibido por ley alguna, pero dejarla encerrada en algún cofre invulnerable tampoco lo está. Y suena mejor.
