Federico Malvasio

Con frecuencia se suele leer en los medios lo exitoso que fue un operativo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Estos responden a una serie de controles selectivos destinados a combatir la informalidad, modificar la conducta de incumplimientos fiscales, detectar maniobras evasivas, controles de facturación, relevamiento de personal y cumplimiento del régimen del monotributo.

En la mayoría de los casos son sorpresivos y se llevan a cabo en diferentes localidades. Se suele elegir épocas de desarrollo turístico. Ante la constatación de irregularidades se labran actas de infracción y se inician fiscalizaciones. Según establece la norma, para llevar adelante el procedimiento se utiliza la figura del agente fedatario, que son inspectores de la AFIP autorizados para comprar bienes o servicios y poder constatar el cumplimiento de la obligación de emisión y entrega de comprobantes por parte de los vendedores o locadores.

El terror a los “sabuesos” inhibe, casi siempre, a las víctimas. Sin embargo, Entre Ríos tiene un caso que podría convertirse en un caso testigo que abra la puerta a la judicialización de los procedimientos realizados por el organismo recaudador.

El caso

El 7 de noviembre de 2008 se procedió a un allanamiento y secuestro de numerosa documentación, soportes informáticos y controladores fiscales, que supuestamente daban cuenta de la maniobra de evasión denunciada por la AFIP - DGI y que motivó el pedido de esta medida extraordinaria. El infractor era Jorge Omar Burna, propietario de supermercados, uno de ellos instalado en la ciudad de Chajarí.

El organismo fiscal envió días antes un “perito encubierto” para que comprara mercadería en los distintos comercios de Burna y en diferentes días. El hombre, a quien se le dio el ticket, se presentó en la Justicia ordinaria para denunciar que el controlador fiscal no estaba homologado y por lo tanto reclamó que allanaran el lugar. Para el perito, el ticket era una mera truchada.

Luego del procedimiento de la AFIP, el comerciante decidió embestir contra el organismo ante la sospecha de que la forma de actuar no había sido la correcta y se habían violado sus garantías como contribuyente.

Con la representación del doctor Guillermo Mulet se inició una causa que en primera instancia salió a favor de su defendido. El profesional detectó, y así lo hizo saber ante la Justicia, la existencia de vicios en el procedimiento. En ese marco es que solicitó la nulidad del proceso.

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