Antonio Tardelli
Gobernadores e intendentes saludaron los alcances del Programa Federal de Desendeudamiento lanzado por el gobierno nacional, al que muchas provincias ya se han adherido. Los mandatarios del interior se han extendido en la enumeración de sus ventajas, tales como la reprogramación de la deuda, la eliminación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), las tasas convenientes y, detalle político de primer orden, el hecho de que pagarán la primera cuota en 2012, lo que supone un alivio sustancial para la hacienda de gobiernos que, directa o indirectamente, jugarán su suerte el año próximo. Pero las inocultables ventajas de corto plazo, que los panegiristas del acuerdo extienden al mediano y al largo, no pueden ocultar la evidencia de que se trata nuevamente de una concesión. El distorsionado sistema institucional argentino hace que para las provincias los beneficios tengan ese formato: el de concesión. Se trata de una gracia.
El Programa Federal de Desendeudamiento fue la respuesta política del Poder Ejecutivo Nacional a la propuesta opositora que en el Congreso procura hacer totalmente coparticipable el Impuesto al Cheque, una iniciativa en sí misma justa que sin embargo es menospreciada por los oficialistas y por los progresistas porteñocéntricos que, pese a su intención de otorgarle una dimensión nacional a sus pretendidos liderazgos, no terminan de incorporar a su agenda las demandas económicas que encierra la consigna federal. El costado político del programa se advierte aún hoy, ya no en su fase de anuncio sino de ejecución, con los problemas que se verifican en provincias como Corrientes y Mendoza. El alivio que comporta la reestructuración no puede hacer perder de vista, además, que, sin desmedro de las incontables responsabilidades de los gobiernos de provincia, las causas del endeudamiento guardan una estrecha relación con las políticas del poder central: la deuda en cuestión, tomada principalmente por los gobiernos que en Entre Ríos se sucedieron desde 1983, deviene de asistencias financieras, el rescate de las cuasimonedas y la refinanciación operada en el año 2003. El resto fue hecho por las provincias: el acompañamiento a las políticas nacionales –o sea, el consentimiento a la pérdida gradual de recursos– reforzó el círculo de déficit y endeudamiento.
Entre Ríos se ubica en el cuarto lugar entre las provincias que en mayor medida están endeudadas con el poder central en relación a los demás acreedores. Dicho de otro modo, se halla bien arriba en el ranking de la dependencia política. Su suerte es común a la del resto en cuanto a que, sin perjuicio de sus numerosas y multipartidarias culpas, se halla en una situación difícil no por verdugo, rol que le cabe más bien al Estado nacional, sino por víctima. El plan de desendeudamiento es, así, al mismo tiempo, una imposición que alivia y una nueva expresión de sometimiento. El proyecto de presupuesto que el Poder Ejecutivo ha elevado recientemente al Congreso de la Nación expresa la acotada capacidad de respuesta del Estado. Un ejemplo: las provincias no percibirán el 15 por ciento detraído en su momento para solventar el sistema provisional. No alcanza para eso. Y los recursos del sistema provisional son insuficientes para hacer efectivo el principio del 82 por ciento móvil. Tampoco alcanza para eso. El presupuesto es peor que una manta corta: no tapa los pies ni la cabeza. Ni una cosa ni la otra.
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