Daiana Pérez
En marzo de 1996 el secretario de Agricultura de la Nación, Felipe Solá, firmó la Resolución 167, que autorizó la producción y comercialización de la soja transgénica con uso de glifosato. Luego de un trámite que sólo llevó 81 días, la situación del campo argentino se transformó para siempre. Ahora, 15 años más tarde, el debate por la sustentabilidad de ese sistema está presente en cada rincón de la Argentina, y Entre Ríos no es una provincia ajena a la discusión. Pues como analiza Fernando Arbitelli, director de la Dirección General de Agricultura, más de la mitad de toda la superficie destinada a la agricultura es sembrada con esa soja.
Ingeniero agrónomo, con más de 24 años dentro de la administración pública, Arbitelli parece comprender mejor que nadie las consecuencias del monocultivo: “Siendo especialista en suelos, puedo decir que no hay ninguno que soporte más de cinco o seis años de monocultivo. Pero no sólo de soja, ni de maíz ni de trigo, ni absolutamente de nada. El equilibrio de cultivos se logra cuando se crea una asociación entre gramíneas y oleaginosas. Entre Ríos tuvo durante muchos años, un desequilibrio por mucha plantación de gramíneas como trigo y maíz. Ahora nos fuimos al otro extremo. Lo ideal sería que cada dos años que se plantan oleaginosas se intercale con gramíneas”.
Pese a que los precios de la soja hacen que su cultivo sea el más rentable hoy, la realidad es que a largo plazo es todo lo contrario: “Nosotros hemos evaluado que si hacés años de monocultivo de soja, el negocio no cierra económicamente, y cuando se evalúa el sistema con intercambios, es cuando da mayor rentabilidad y sustentabilidad”, aclara.
Los dueños de la tierra
Más allá de la problemática que trae aparejado el monocultivo, el paquete tecnológico que ofrece la multinacional estadounidense Monsanto -semilla de soja RR más el herbicida Round Up, que contiene como componente activo al glifosato- lleva en su interior las estructuras de un modelo excluyente.
Sembrar soja fue y es más rentable que realizar otras actividades agropecuarias y ganaderas. Así el tambo, la producción de otras especies, la apicultura y la cría de animales fueron excluidas. En este mismo sentido la agricultura mecanizada expulsó mano de obra, y las migraciones del campo a la ciudad fueron nuevamente masivas. Una estadística ejemplifica la situación: el 82 por ciento de los productores de todo el país son familias campesinas, comunidades indígenas y trabajadores rurales, pero ocupan sólo el 13 por ciento de la tierra. Del otro lado, el 4 por ciento de las explotaciones agropecuarias se ha adueñado de casi el 65 por ciento de la tierra productiva. Por otro lado, en los últimos 10 años unas 160.000 familias de pequeñas agriculturas abandonaron sus tierras por no poder competir con los grandes pooles de siembra.
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