Antonio Tardelli

Hubiera resultado simpático, probablemente, si el escrache del que fue víctima el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, hubiese sido motorizado por un grupo de jóvenes izquierdistas prestos a aportarle un poco de justicia al planeta.

Era el candidato perfecto. Cabeza de una organización que reúne a ricachones del campo, portador de un apellido tradicional y acusado públicamente de maltratar a peones rurales, Etchevehere es dueño de todos los números. Difícil encontrar un destinatario mejor para una acción que, en su violencia simbólica, alerta sobre la vigencia de esa partición esencial: el mundo se divide todavía entre ricos y pobres.

Sigue habiendo una raya que separa a los poderosos de los débiles.

Pero no. No había indignados, ni trotskistas, ni outsiders en el escrache a tan acabado exponente del establishment. Había funcionarios.

El presidente de la Sociedad Argentina, joven, pintón y mediático, fue prolijamente escrachado por un grupo oficialista integrado por mujeres y varones que se desempeñan en la función pública.

Fue, pues, un escrache estatal. Un escrache presupuestado. Un escrache, digamos, orgánico.

Los escraches militantes se conciben ahora desde el poder burocrático. Se resuelven con la lógica automática de un expediente. Van del gobierno a la sociedad. Van en ese sentido. Acortan esa distancia. Se resuelven donde los gobernantes atienden sus asuntos.

(Más información en la edición gráfica número 1013 de la revista ANALISIS del jueves 13 de noviembre de 2014)