Luis María Serroels
Uno de los rasgos que la sociedad más espera de los funcionarios públicos es la honestidad, traducida en uñas cortas y bolsillos flacos. Los mecanismos para engordar los patrimonios personales no son difíciles de ponerse en marcha. Claro que como parapeto para evitar estas prácticas malsanas, existen normas escritas y organismos de control que apuntan a que la honradez ingrese por la puerta de cada despacho y se quede como un severo cancerbero de cada conciencia.
Sin embargo parece que para el kirchnerismo esas reglas de honestidad a toda prueba son relativas. Ejemplo claro de ello es el informe conocido estos días sobre la forma en que los principales colaboradores de la Presidenta han convertido sus cargos en la “cajita feliz”.
Propiedades, ahorros, vehículos, motos, sociedades, acciones, yates, bonos de YPF, son incorporaciones hechas por parte de quienes actuaron como vulgares ladronzuelos. Corruptos de los peores porque le han venido robando al pueblo y que, como prueba inequívoca del origen de sus fortunas, hicieron todo lo que quisieron para desactivar los organismos de auditoría y anticorrupción, persiguiendo jueces y fiscales.
El salto más pronunciado en la conformación de su patrimonio lo protagoniza Cristina Fernández, que se va del gobierno atesorando bienes por un valor de $ 64 millones, muy por encima de los $ 6.851.810 que dijo poseer en 2003 cuando los Kirchner arribaron al poder.
(Más información en la edición 1034 de la revista ANÁLISIS)
