Antonio Tardelli
El gobierno de Entre Ríos era uno de los principales acreedores de Cotapa cuando la tradicional cooperativa del rubro lácteo se presentó formalmente a un concurso judicial en el año 2006. El inmueble de la empresa, ubicado sobre Avenida Almafuerte de la ciudad de Paraná, estaba hipotecado a favor del Estado. Cuatro años después, en 2010, en el marco de un acuerdo preventivo, la administración provincial resolvió impulsar la reactivación de la planta. Para ello Cotapa debía transformarse en sociedad anónima.
Fue una idea motorizada por el entonces ministro de la Producción, Roberto Schunk. La decisión política, que generó ciertas resistencias incluso en el gabinete de Sergio Urribarri, se terminó de materializar sin embargo mediante una ley sancionada por la Legislatura de Entre Ríos. A través de la norma se constituyó una sociedad anónima y se autorizó al Poder Ejecutivo a capitalizar la hipoteca. En el acto de lanzamiento, un Urribarri entusiasmado consideró que el reimpulso de Cotapa era parte del despertar de una provincia que, describió entonces, había estado “dormida”.
Se iniciaba así una nueva era para el emprendimiento surgido en su momento como una asociación de productores regionales. Capitalizando sus créditos, el Estado se apropió del 54 por ciento de sus acciones. La cooperativa se reservó el 45,5 por ciento y el 0,5 por ciento restante quedó para la Municipalidad de Paraná. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en tanto, conservó su crédito con la cooperativa, cuya quiebra judicial fue decretada en noviembre de 2015.
(Más información en la edición gráfica número 1054 de la revista ANALISIS del jueves 16 de marzo de 2017)
