Luis María Serroels
(Especial para ANÁLISIS)

Paraná cuenta con un aeropuerto pensado para participar activamente en el tráfico aéreo
nacional, con sentido federalista y lejos del centralismo absorbente. No ha sido así y seguirá siéndolo en tanto no se diseñe una verdadera política de integración. Ya sea como terminal o como alternativa de escala, el desafío está planteado. Puede ser estación tanto para vuelos de cabotaje como internacionales. Cuando la Cumbre del Mercosur, en diciembre de 2014, aeronaves de gran porte arribaron a nuestra capital. El proyectado aeropuerto único común a Santa Fe-Paraná aún está verde, pero no deben soslayarse demás estaciones entrerrianas.

Por ser parte Entre Ríos de las demandas por una aerolínea que enlace el país y que pueda administrarse con inteligencia, sensatez y manos limpias, es que abordamos esta nota y revisamos una historia de corrupción progresiva que acaba de generar una carga muy gravosa para el país.

La decisión del tribunal arbitral del Banco Mundial, condenando al Estado argentino a pagar 320 millones de dólares a la empresa expropiada Marsans, tiene responsables vernáculos. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) hizo saber, que basado en las cláusulas del derecho público -que carga responsabilidades sobre los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández-, se debe desembolsar semejante monto más intereses al citado grupo empresario por los daños que se le infringió cuando en 2008 le fue expropiada Aerolíneas Argentinas, Austral, Aerohanding, Optar y Jet Pac.

El organismo sostiene que “el demandado incumplió el artículo IV del Tratado al no haber entregado a las demandantes un trato justo y equitativo de sus inversiones”, amén de otras violaciones. La conducción de entonces –como característica del FPV-, consistía en concretar acciones sin los estudios previos y eventuales consecuencias.

El daño se habría consumado al no haberse pagado según el valor que tenía entonces. Los números resultan apabullantes en tanto a la cuenta de 678 millones de dólares anuales que, en promedio, recibió Aerolíneas del Tesoro entre 2009 y 2015, deberán añadirse otros 350 millones. Significan hoy $ 18.000 millones (el doble del total gastado en Fúbol para Todos).

El presidente Mauricio Macri atribuyó semejante desbarajuste a “la inmensa torpeza y arrogancia” (del kirchnerismo), explicando que “nos llega esta condena en el mejor momento de la historia de Aerolíneas y los vuelos comerciales, con récord total de pasajeros transportados”.

Haciendo historia puede decirse que a fines de 2012, la línea de bandera de nuestro país acumulaba desde su estatización el mayor déficit de los últimos 21 años: 3.324 millones de dólares. En 2013 y según datos difundidos por el presidente de la empresa, Mariano Recalde, las pérdidas se ubicaron en 247 millones del verde billete, aunque durante noviembre de dicho año terminaron de gastar los 3.179 millones de pesos autorizados por el Congreso en carácter de subsidios, por lo cual se debió echar mano a otros $ 275 millones por fuera del presupuesto. Ésta pareció ser la forma de hacer grande y rentable una empresa, con recursos del erario público sostenido por millones de contribuyentes cuya mayoría jamás podría abordar un vuelo. El total de la ayuda terminó siendo de 3.454 millones de pesos que, convertidos a dólares, significaron 1,7 millones por día. Piénsese a cuánto equivaldría hoy con la actual cotización.