El juicio por la muerte de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin comenzará el próximo lunes a las 9.30 en los tribunales de Talcahuano, contra el endoscopista acusado Diego Bialolenkier y la anestesista Nélida Inés Puente por el delito de homicidio culposo. El juicio estará a cargo del juez Javier Anzoátegui, se desarrollará durante las dos semanas de feria judicial, para la cual se habilitó la causa, y en medio de un enfrentamiento con la familia de la periodista tras haber denunciado al magistrado ante el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño en sus funciones.

El juicio inicialmente iba a comenzar el 10 de junio, pero se suspendió a raíz de recursos pendientes que finalmente fueron rechazados y se fijó esta nueva fecha para el lunes próximo. Para el lunes está prevista la lectura de la acusación contra los médicos y darles la posibilidad de dar sus últimas palabras, aunque será una jornada larga hasta última hora de la tarde pues también se espera el testimonio de Enrique Saco, pareja de Pérez Volpin en el momento de su muerte, publicó Perfil.

Luego durante todos los días de la semana próxima está previsto escuchar testigos desde las 9:30 horas hasta la tarde, en su mayoría médicos que actuaron junto con los acusados, pero también peritos oficiales que lo hicieron en la investigación por homicidio culposo.

La acusación en el juicio estará a cargo del abogado de la familia de la periodista, Diego Pirota, y la fiscal de juicio María Luz Castagni; y se desarrollará en la sala más grande donde se juzgó a las juntas militares por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, así como el caso de la tragedia de República Cromañón, entre otros.

Pérez Volpin murió el 6 de febrero del año pasado mientras le realizaban una endoscopía en el Sanatorio de la Trinidad del barrio porteño de Palermo. Los especialistas que participaban del estudio médico fueron Bialolenkier y Puente, quienes están procesados por homicidio culposo, delito por el que se prevé una pena máxima de 5 años de prisión y de hasta 10 de inhabilitación profesional.