El 1° de agosto del año pasado, una nota de La Nación rompió la agenda del día. Una serie de allanamientos y detenciones delinearon los primeros trazos públicos de una investigación que, en secreto, ya recorría los pasillos judiciales desde abril.

Se leía en aquella nota: "(Oscar Centeno) El chofer del auto, silencioso testigo de lo que sucedía en su Toyota Corolla en el que trasladaba a Roberto Baratta durante al menos diez años, se encargó de tomar nota de todo lo que podía escuchar y ver, con la precisión de un orfebre. Con cada detalle intentó barnizar de veracidad su relato. No dejó escapar ni siquiera un número que veía al pasar, tomó las direcciones, los nombres, los montos y describió las características físicas de quienes no conocía. Incluso registró hasta el peso de los bolsos o las valijas con plata".

Pasaron 13 meses. Y desde entonces una enorme sedimentación de evidencias dieron por probadas aquellas anotaciones. Claro que, en la Argentina de los amores y los odios, de la división casi religiosa entre unos y otros, existe una enorme porción de gente que prefiere no toparse con los hechos como para no discutir su creencia.

Pero vale la pena atenerse a los hechos que, al menos hasta esta instancia, la Justicia cree haber probado.

Lo primero que sucedió fue una investigación secreta. Aquellos cuadernos se convirtieron en una base de datos que fue sometida a meses de chequeo periodístico. Nombres, domicilios, dominios de autos y detalles de sus dueños, nombre de sociedades fueron compilados primero, y chequeados después.

Inmediatamente, se verificaron recorridos, registros públicos y, además, un chequeo con decenas de fuentes que participaron de la maniobra. Finalmente, se armó un esquema de involucrados, relaciones entre ellos, mapas de sectores de interés y regulación y empresas sobre las que tenía contratos o intereses públicos con el Estado y, particularmente, con su área de función.

Ese material fue entregado a la Justicia que, en secreto, investigó meses cada una de las celdas de aquella base de datos periodística. El 1° de agosto del año pasado se conoció públicamente la causa. En rigor, el día anterior había sido detenido un desconocido remisero: Oscar Centeno.

El desafío desde el inicio, tanto periodístico como judicial, había sido verificar la veracidad de aquel detalle pornográfico de la corrupción argentina. Unas horas después de ser detenido, Centeno declaró como arrepentido. Aquel esquema contado con enorme precisión en ocho cuadernos quedó sellado con la palabra de su autor: pasó de ser una prueba documental a un testigo presencial.

Bonadío hace en una resolución un pequeño resumen de algunos de los recorridos corruptos que hacía Centeno. "Una verdadera bitácora de la corrupción", dice el juez. Luego de transcribir algunos de aquellos apuntes, enumera una por una las fechas que, siempre según su criterio, los imputados pagaron o recibieron dinero. Néstor y Cristina Kirchner, por ejemplo, tienen 15 asientos en los que se entregaron bolsos en mano. Después del detalle de los que recibían el dinero se cuentan los que pagaban. "Es posible afirmar que los empresarios pagaron alrededor de 100 millones de dólares entre 2003 y 2015".

El tejido de pruebas, que se inició con aquella declaración de Centeno, se empezó a solidificar con varias confesiones. Por ejemplo, el juez probó que el expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain, pagó 300.000 dólares en su camioneta muy cerca del Alto Palermo. O que Alejandro Ivanissevich, el hombre fuerte de Emgasud, se subió al Toyota de Centeno en Suipacha 782 y que dejó un bolso con dinero.

Los datos de los dominios de los autos son de los empresarios que, según Centeno, entregaban dinero. A continuación, los testimonios coinciden con los cruces de llamadas entre los recaudadores que ocupaban el auto y los pagadores. Y, a su vez, varias veces las entregas de dinero con los retiros bancarios de esos días. También coinciden con los pagos de certificados de obra que muchas veces el Estado les hacía a estos empresarios.

Hay más. La gran mayoría de los empresarios que declaran, como arrepentidos o no, reconocen que los ocupantes de los autos descriptos por Centeno eran los que les iban a cobrar la coima. Un caso paradigmático: Jorge Neyra, ejecutivo de Electroingeniería, reconoció pagar por orden de Gerardo Ferreyra, uno de los socios de la empresa.

El juez estableció que hubo retiros de dinero en fechas concordantes con las anotaciones del remisero. Entre el 2 de octubre de 2008 y el 24 de noviembre de 2010 se retiraron en efectivo 18 millones de dólares de las cuentas de Electroingeniería y sus controladas. Uno de los días que está anotado el retiro de 3 millones de dólares, Neyra retiró esa cantidad del banco, en efectivo, esa mañana. La prueba que surge de los cuadernos, y que después fue refrendada por el propio pagador, suma además un extracto bancario en el que se aprecia el retiro de esa cantidad de dólares.

Luego llega el turno de los que recibían los bolsos, sea para acopio de plata negra como para otros fines, políticos, por caso. Entre los primeros surge la figura de Daniel Muñoz, el secretario que según Centeno se encargaba de abrir las puertas del departamento de los Kirchner. El encargado de ese edificio corrobora esas entradas y, por si algo faltaba, el fallecido secretario se volvió millonario y acumuló un patrimonio de al menos 140 millones de dólares. Todos sus herederos y testaferros contaron cómo fue aquella trama de compras millonarias en Nueva York, Miami o el Caribe.

No solo ese exfuncionario es determinante para probar la secuencia. El exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, contó que a sus oficinas su secretario le llevaba bolsos repletos de dinero, que le entregaba Roberto Baratta, para la campaña de 2013. Había que ganarle a Sergio Massa las elecciones de medio término. Un dispendio de dinero. Pocos años después, serían socios en la aventura de recuperar el poder.