Las pericias contables fueron protagonistas en dos audiencias por corrupción en Tribunales

Marina Barbagelata

La jueza Marina Barbagelata deberá resolver cuestiones vinculadas a las pericias en las dos causas.

De ANÁLISIS

La mañana de lunes tuvo dos audiencias en Tribunales bajo la supervisión de la misma jueza de Garantías, Marina Barbagelata. Se trata de dos causas distintas que investigan delitos de corrupción: por un lado, la que tiene bajo la lupa a los habituales empresarios contratistas del Estado por contrataciones directas realizadas en el marco de la Cumbre del Mercosur que se realizó en Paraná durante 2014; por el otro, la causa de los contratos truchos de la legislatura entrerriana que investiga el desvío de más de $2.000 millones con un mecanismo de contrataciones irregulares.

En ambas audiencias, las protagonistas fueron las pericias contables. La discusión pasó por cómo y quién realiza dichos análisis periciales con el objetivo de determinar el monto del ilícito y de ese modo comprender cual fue la magnitud del perjuicio contra el erario público. 

Cumbre del Mercosur

A raíz del planteo de los abogados defensores de las empresas vinculadas a la investigación (Caballi, Szczech & Szczech, Oic SA y Cemyc) que rechazaron una resolución del Ministerio Público Fiscal (MPF) vinculada a la pericia contable que estableció un monto aproximado del perjuicio en $18.000.000. La prueba, que había sido solicitada en diciembre del 2017, ya fue aprobada por las partes y la discusión pasa por los puntos a peritar. La defensa dispuso un perito de parte y redactó los 8 puntos que pretendía que sean analizados por un perito oficial. Sin embargo, la fiscalía rechazó varios de esos puntos por considerarlos improcedentes y en base a un contacto con la perito de Gualeguaychú, Diana Rossi, debido al tiempo que llevaría la confección de la pericia con la totalidad de puntos solicitados por los defensores. 

Miguel Cullen y Julián Pedrotti, ambos abogados defensores, argumentaron que se estaba impidiendo el derecho a la legítima defensa al rechazar los puntos que consideran "clave" para el futuro procesal de sus defendidos: "La fiscalía no puede negarnos los puntos, en todo caso lo debe hacer la perito", aseguró Cullen. En otro tramo, el abogado defensor pidió por una audiencia donde se haga presente la perito y explique los motivos del rechazo a dicho análisis, pero que no es potestad del MPF el de rechazar el planteo.

Los abogados aseguraron que buscan que el análisis lo haga un perito oficial ya que tiene una valoración distinta a la de un perito de parte. "El 95% de los puntos planteados por esta defensa fueron rechazados. No quieren que nos defendamos", lanzó Pedrotti que tuvo un discurso por momentos encendido contra los representantes del MPF. 

Sin embargo para los fiscales las cosas no son tan así. Juan Malvasio y la procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche vertieron sus argumentos para rechazar los puntos y las motivaciones de la audiencia: "En primer lugar, planteamos la inadmisibilidad del planteo de la defensa que nos trajo a esta audiencia por ser extemporal e improcedente", aseguró el fiscal. Según los acusadores públicos, la defensa presentó el planteo fuera de los plazos y rechazaron la idea de que se haya violentado el derecho a la defensa. 

"El MPF tiene las facultades para disponer los puntos de una pericia", aseguró Goyeneche quien también argumentó su presencia allí para defender la adminstración de los recursos del Estado. La potestad del comando de la Investigación Penal Preparatoria es de los fiscales y eso le daría, según la tesis de fiscalía, la facultad para disponer que puntos son analizados y cuales no.

Los acusadores aseguran que no se violentó el derecho a la defensa ya que los abogados de los acusados pueden disponer de un perito de parte que analice la prueba. En ese sentido, Goyeneche rebatió los argumentos de Cullen y aseguró: "La pericia de parte no tiene una valoración inferior a la oficial. De hecho, puede arrojar el mismo resultado. Hay casos donde la pericia de parte, por haberse realizado con mejores criterios, fue valorada por encima de la pericia oficial", explicó la procuradora Adjunta. 

Tras los alegatos de las partes, la jueza Marina Barbagelata dispuso de un cuarto intermedio para el próximo lunes en donde comunicará su resolución respecto al planteo defensivo y los puntos que han sido rechazados por los fiscales. 

Contratos truchos

Después de la audiencia por la causa que investiga presuntas irregularidades en la Cumbre del Mercosur, la jueza Barbagelata tuvo a cargo una audiencia en el marco de la causa contratos truchos de la legislatura. Allí también estuvo Cullen, quien junto a Emilio Fouces y Leonardo Schonfeld, explicaron el planteo contra la designación del contador Héctor Enriquez como perito oficial. Según los defensores, Enriquez no es perito oficial y tampoco es objetivo ya que trabaja en el MPF: "Nosotros hemos sostenido que Enriquez es un colaborador del MPF, no es imparcial y su trabajo ha sido orientado hacia la tesis de fiscalía", expresó Fouces. 

En esa línea, los abogados solicitan que intervenga el perito oficial del Superior Tribunal de Justicia (STJ): "No tenemos precisión del monto investigado, nosotros hemos puesto en crisis el informe contable realizado por Enriquez. Entendemos fundamental que haya un perito imparcial que no hay ninguna dudad de que debe ser el contador perito del STJ", afirmó el abogado de Sergio Cardoso, uno de los imputados en la causa contratos truchos de la legislatura. 

Dicho informe es a través del cual la fiscalía arribó al cálculo estimado de más de $2.000 millones que habrían sido sustraídos de la adminsitración pública, durante 10 años de aplicación de un mecanismo a través de contrataciones irregulares en las cámaras de Diputados y Senadores. 

El fiscal Ignacio Aramberri y su par Patricia Yedro expresaron con posterioridad los motivos por los cuales consideran erróneos los planteos defensivos. Según lo alegado por Aramberri, Enriquez tiene la facultad de ser perito oficial a través de una resolución 86/12 del MPF en donde se designó al contador como integrante del gabinete contable pericial: "No solamente es un perito oficial sino que además es un funcionario público y por eso debe obrar de manera objetiva, como nosotros los fiscales", aseguró Aramberri. 

Los fiscales aseguran que algunos de los puntos planteados por los defensores como puntos de pericias eran innecesarios ya que dicha información ya está acumulada en el expediente a raíz del envío de prueba por parte de los poderes legislativos. 

En cuanto al presunto dinero sustraido, Yedro explicó que "el monto total no hace a la cuestión de fondo respecto a los delitos que se investiga". "Para los delitos de Peculado y Asociación Ilícita, que es lo que estamos investigando, no importa la cantidad de dinero", agregó la investigadora. Además, aclaró que el informe en cuestión no es una pericia sino un análisis elaborado con la prueba que se contaba hasta ese momento por lo cual deberá ser actualizado con lo que se logró acumular en el expediente con posterioridad. 

También estuvo presente como actor civil el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes quien explicó -en respuesta a Schonfeld- que no se puede determinar cuantos contratos son irregulares antes de realizar la pericia contable en el marco de la causa judicial. "Yo tengo que aprovechar esta investigación penal para poder determinar, en el caso de que lo haya habido, el perjucio que hubo para con el estado y posteriormente iniciar una demanda por reparación", explicó el funcionario.

Rodríguez Signes consideró, en ese sentido, que la pericia contable es "fundamental" para dicho objetivo. En rigor, todas las partes coincidían en la importancia de la pericia pero los defensores no quieren que la haga Enriquez. Después analizó que "el punto de pericia que determinan los fiscales es el correcto" en base a lo que requiere, según el Fiscal de Estado, la investigación que es el análisis contrato por contrato para poder realizar el peritaje. 

Pero el Fiscal de Estado fue categórico respecto a la imparcialidad y objetividad de quien haga el peritaje: "En este análisis pericial el márgen para la discresionalidad es casi nulo". Afirmó que "el informe contable de Enriquez no tiene nada que ver con una pericia que es el análisis contrato por contrato". "Lo que hay que hacer es algo aritmético, no hay márgen para la discresionalidad", fustigó Rodríguez Signes quien además explicó que el peritaje no analiza la posibilidad de dolo en las contrataciones, sino que eso formará parte de las conclusiones a las que deberá arribar la investigación judicial. 

 Por último, la jueza Barbagelata dispuso de un cuarto intermedio "aproximadamente de una semana". 

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