En los 17 años desde la reapertura de las causas de lesa humanidad, por delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar, en Entre Ríos se avanzó mucho. Se consiguieron 11 sentencias, todas de condena, pero aún restan muchas causas en trámite y por abrirse, algunas de gran volumen por la cantidad de víctimas y otras importantes por la trascendencia nacional, como la causa “Islas” o “Vuelos de la muerte”.

De 29 condenados o procesados solo seis están alojados en cárceles, lo que significa que solo el 20% está en prisión, sin contar a los absueltos. El resto fue excarcelado o accedió al beneficio de la prisión domiciliaria. En este contexto, el programa televisivo Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) investigó de qué forma se controla que la domiciliaria efectivamente se cumpla, atento a que –se sabe- la estructura judicial para ello es, como mínimo, deficiente. 

Al respecto, el coordinador del Registro Único de la Verdad, Marcelo Boeykens, afirmó ante Cuestión de Fondo que “en Entre Ríos no hay tantos condenados con prisiones domiciliarias, solo son tres casos: el de Atilio Céparo en La Paz, Julio César Rodríguez en Concepción del Uruguay quien recientemente pidió la excarcelación por cumplimiento de los dos tercios de la condena la cual se está tramitando porque nos opusimos desde las querellas en base a la Ley de Víctimas, y en Paraná el caso del médico Hugo Mario Moyano”.

Sobre este último caso, definió que “también es una situación particular” y recordó que “el año pasado (a Moyano) se le había dictado la excarcelación por haber cumplido parte de la condena en la primer causa por la que fue condenado, luego vino la sentencia de la causa Área Paraná II que actualmente está tramitándose en la Cámara Federal de Apelaciones donde fue condenado a 8 años. Tiene una pena de 10 años y otra de ocho, que no son directamente acumulables pero hay que hacer un cómputo de la pena que va a dilucidar cuántos años en definitiva tiene que cumplir Moyano”. Agregó que “esa excarcelación que se le había otorgado fue recurrida por las querellas y se revocó pero a su vez fue recurrida por vía de recurso extraordinario y actualmente se está tramitando”.

Vale hacer una aclaración: Boeykens menciona al médico Hugo Mario Moyano, condenado en la causa Área Paraná I, pero Moyano recibió el beneficio de la excarcelación por haber cumplido la sentencia de esa causa, y luego recibió otra condena en la causa Área Paraná II. Esa excarcelación fue apelada por las querellas y se logró que sea revocada.

Actualmente su situación procesal es que tiene la excarcelación revocada por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. De todos modos, volvió a apelar ante la Corte esa determinación y quedó firme la excarcelación hasta tanto resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Y además hay que agregar que José Anselmo Appelhans es otro de los condenados por delitos de lesa humanidad que ttambién tiene domiciliaria en Paraná.

En cuanto a los controles de las prisiones domiciliarias explicitó que “las lleva adelante el Patronato de Liberados en la provincia, que está en Paraná, y en las otras provincias lo hacen los Patronatos u organismos pertinentes quienes controlan el cumplimiento de las domiciliarias e informan a los distintos Juzgados cómo va la situación”.

Vale aclarar que la excarcelación es la libertad mientras que la prisión domiciliaria sigue siendo una persona privada de su libertad que en vez de estar en la cárcel tiene el beneficio extraordinario de cumplir la pena privativa de la libertad en su domicilio, bajo los estrictos controles del Patronato de Liberados.

El funcionario reconoció que “hemos tenido la discusión en torno al ex médico Hugo Moyano que ha violado esa prisión domiciliaria, por parte de vecinos que numerosas veces nos señalaban esa situación pero nunca se pudo comprobar ni acreditarlo para que se revoque esa prisión domiciliaria, y también el caso de Julio César Rodríguez que, en Concepción del Uruguay, iba muy seguido al banco”. “Permanentemente hay situaciones de estas que enciendan las alertas pero no ha pasado a mayores ni hubo situaciones rutinarias o sistemáticas de la violación de las prisiones domiciliarias”, señaló.

“Hubo muchos casos sobre todo en provincia de Buenos Aires en que los propios organismos de derechos humanos ante las denuncias sistemáticas en los Juzgados y su inactividad, cámara en mano iban a escracharlos en shoppings, centros comerciales u otro lugar y esto permitió revocar algunas prisiones domiciliarias que habían sido otorgadas”, planteó.         

Al respecto, reconoció las deficiencias de la estructura estatal y judicial para efectuar este control: “Obviamente que no hay una estructura, el propio Ministerio de Gobierno lo sabe y lo ha señalado, y por eso ha hecho una reforma del Patronato de Liberados y hace un tiempo que asumió por concurso el actual director del organismo. Es algo que no está demasiado articulado en la provincia y en el país en general, pero se está trabajando en perfeccionar esas instituciones que son fundamentales para la reinserción social de quienes recuperan la libertad y para el cumplimiento efectivo de las penas, que en el caso de los crímenes de lesa humanidad nos interesa que haya un control riguroso de esas prisiones domiciliarias y el efectivo cumplimiento”.    

Consultado por las excarcelaciones dispuestas por la pandemia, Boeykens afirmó que “las mentadas excarcelaciones no se produjeron, no hubo una liberación en masa como señalaban algunos medios de comunicación, y sólo hubo casos puntuales pero no tuvo que ver con los presos de lesa humanidad”. “El universo de presos en cárceles del sistema penitenciario federal es ínfimo, no llega al 2%, así que es muy difícil que eso provoque una saturación carcelaria y que eso a su vez libere la situación de hacinamiento que hay en la mayoría de las cárceles, entre ellas la UP1 de Paraná. No hubo grandes excarcelaciones ni otorgamiento de prisiones domiciliarias ni de presos comunes ni de estos presos de lesa humanidad”, explicitó.

La labor del Patronato de Liberados

Por su parte, el director General del Patronato de Liberados de Entre Ríos, José Morales explicó ante Cuestión de Fondo que en general el trabajo del organismo “tiene que ver con el control y la supervisión de aquellos mandatos judiciales, principalmente en cuanto a prisión domiciliaria es que se cumpla que el detenido permanezca en su domicilio, y por otro lado lo que tiene que ver con la reintegración social, es decir que todos aquellos que hayan transitado por una Unidad Penal al momento de su egreso puedan volver de la mejor manera a la sociedad, se reintegren socialmente y prevenir nuevos delitos”.

A marzo de este año, el Patronato de Liberados tenía 179 prisiones domiciliarias en toda la provincia, de las cuales 141 son de la Justicia Federal y 38 de la justicia provincial. De las domiciliarias federales, 135 son por la ley de drogas N°27.737, cinco por lesa humanidad y uno por trata de personas.

“En el caso específico de las prisiones domiciliarias controlamos con los recursos con los cuales contamos, porque no somos la policía ni una fuerza de seguridad, no estamos en el domicilio de la persona que cumple una prisión domiciliaria las 24 horas del día, pero sí todos los meses –de manera aleatoria y azarosa- personal del Patronato de Liberados se presenta en el domicilio y se corrobora que la persona esté en el lugar”, indicó.

Aclaró que “en el caso de que no esté se informa de forma inmediata al Juzgado pertinente, en caso de que esté se sigue trabajando en aquella cuestiones que hagan a la mejor implementación de la prisión domiciliaria, la persona está en su domicilio no puede egresar para nada, entonces acompañamos en cuestiones laborales, educación, familia, vivienda, cuidado de niños”. 

Pero además se trabaja con un teléfono celular específico para prisiones domiciliarias que maneja en empleado del Patronato de Liberados que se encarga específicamente de las domiciliarias. “Todo lo que es de incumbencia del Patronato, la persona que está en domiciliaria puede comunicarlo allí y respecto de todo aquello que no es de incumbencia del Patronato, hacemos un asesoramiento. Ese celular sirve también para un control en tiempo real de dónde está ubicada la persona. Se le solicita a la persona que tenga el celular todo el tiempo con él o ella –cuando la persona no tiene una pulsera electrónica- y si tiene autorización para egresar, por ejemplo por una cuestión médica, antes de egresar debe enviarnos la ubicación en tiempo real y se controla su tránsito, el tiempo en que está haciendo el trámite y cuándo regresa. Cuando observamos que el tiempo no es el que se supone, se averigua qué ha sucedido y todo se informa”, relató.

Ante la detección de incumplimientos, “se informa de manera inmediata al juez competente”, sostuvo Morales, quien de todos modos aclaró que “los canales formales que hacen a medios de comunicación por medio de papel, legajos, etc. conllevan un tiempo que no se condice con la premura que se necesita en estos casos, con lo cual cuando se detecta un incumplimiento de manera informal, sea por un llamado telefónico o cualquiera de los canales que tenemos abiertos con los Juzgados de Ejecución de penas, se informa de manera inmediata”.

“Cabe aclarar que nosotros no otorgamos prisiones domiciliarias ni tampoco somos quienes las revocamos, nosotros informamos y después si se revoca o no es una decisión del juez”, explicitó.

En este marco, sostuvo que “se detectan pocos incumplimientos, de lo cual lo más grave sería que estén fuera de los domicilios” y también aseveró que sobre las domiciliarias de delitos de lesa humanidad tampoco se tomó conocimiento de incumplimientos: “Recientemente entregamos informes generales de varios de ellos sin ninguna novedad”.

Estado de situación de personas juzgadas por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos

EN UNIDADES PENITENCIARIAS

Unidad Penal Nº1 de Paraná

1) Jorge Humberto APPIANI (CONDENADO)

2) Cosme Ignacio Marino DEMONTE (CONDENADO)

3) Carlos CARVALLO (CONDENADO)

Complejo Penitenciario Federal I – Ezeiza

4) José Darío MAZAFERRI (CONDENADO)

Otros Unidades penales

5) Juan Daniel AMELONG

6) Walter Salvador PAGANO (domiciliaria concedida no efectivizada)

CONDENADOS o PROCESADOS EN PRISION DOMICLIARIA

1) José Anselmo APPELHANS

2) Rosa Susana BIDINOST

3) Hugo Mario MOYANO (EXCARCELADO)

4) Alberto RIVAS

5) Naldo Miguel DASSO

6) Gonzalo Jaime LÓPEZ BELSUE

7) Atilio CEPARO

8) Jorge Horacio CAPELLINO

9) Juan Miguel VALENTINO

10) Francisco CRESCENSO

11) Juan Antonio ZACCARÍA (fallecido en prisión domiciliaria)

12) Julio César RODRIGUEZ

13) Pascual Oscar GUERRIERI

14) Jorge Alberto FARIÑA

15) Guillermo Jorge QUINTANA

16) JORGE ALBERTO RODRIGUEZ (PROCESADO)

17) LUIS OSCAR VARELA (PROCESADO)

18) ROMERO, EMILIO (PROCESADO)

Con causas fuera de la provincia pero bajo control del Patronato de Liberados de Entre Ríos

1) Federico Ramírez Mitchell (causa Campo de Mayo que tramita en el Juzgado Federal de San Martín)

2) Carlos Marandino (condenado en la causa Masacre de Trelew)

3) Miguel Ángel Chiarello (causa Chiarello que tramitó en el Juzgado Federal de La Rioja)

EXCARCELADOS

1) Oscar Ramón OBAID (excarcelado aun, por sentencia no firme de condena)

3) Miguel A. TORREALDAY (condenado, a la espera de pedido de prisión)

4) Jorge ROSSI (condenado a la espera de pedido de prisión)

5) David VAISTUB (condenado a la espera de pedido de prisión)

6) José Luis PALACIOS (PROCESAD0)

ABSUELTOS

1) Marino Héctor GONZÁLEZ

2) Santiago KELLY DEL MORAL

3) Juan Carlos MONDRAGÓN

4) Marcelo PÉREZ