De ANÁLISIS

Una vecina de Bajada Grande en conjunto con una Asociación colectiva de vecinos de la ciudad hicieron una demanda judicial el 8 de marzo del 2022. Allí se buscaba prevenir los daños que podían surgir del negocio de la construcción en altura en el populoso barrio de Paraná.

Se trata de una herramienta jurídica que busca evitar daños posibles ante la advertencia de irregularidades por parte del demandante. No es un amparo, pero es una herramienta que requiere de una acción urgente por el Poder Judicial. 

Sin embargo, a más de un año de la demanda, la Justicia ni siquiera inició el trámite. Hasta ahora sólo se limitaron a discutir si correspondía que se discuta en el fuero Civil y Comercial o si debía ocurrir todo bajo la órbita del Contencioso Administrativo. 

Esta demora judicial ha generado que el negocio avance y la preocupación de los vecinos se incremente. Cabe recordar que la municipalidad de Paraná comenzó a adaptar normas con el objetivo de que se lleven a cabo construcciones en altura en una zona de barrancas, costera y donde no se podía edificar por encima de lo que establece el propio Código Urbano. 

A través de facultades otorgadas al área de Planeamiento del Municipio de Paraná y con el otorgamiento de factibilidades exprés enmarcadas en el Decreto 2028/20 elaborado en plena pandemia, los empresarios del sector han logrado avanzar sin que haya mediado una consulta con los vecinos del lugar. 

Así fue que se conoció el proyecto Signature Estrada que impulsó la construcción de dos edificios, uno de 15 y otro de 10 pisos. Sin embargo, los demandantes advierten que al momento hay al menos 10 proyectos aprobados en las mismas circunstancias para construir en Bajada Grande. 

María Emma Bargagna es apoderada de la Asociación de ciudadanos de Paraná que acompañan a una vecina de Bajada Grande en la demanda judicial. En declaraciones con FM Universidad apuntó a la Justicia y aseguró que "comparte la estrategia de los hechos consumados" con la Municipalidad. 

"No sólo no ha habido respuestas -de la Justicia- sino que no hubo inicio de trámite porque los señores jueces se lo han pasado la causa compartiendo la estrategia de los hechos consumados. Permiten con su falta de resolución en el sentido de prevenir el daño, todos los meses hay un piso nuevo y cuando vamos a terminar con el procedimiento judicial resulta que no podemos hacer nada porque el edificio está construido", lamentó la exdiputada socialista.

Advirtió que "se están dando las factibilidades a contra mano de lo que se debería hacer para garantizar la seguridad de los vecinos y un desarrollo inmobiliario sustentable y razonable". "Son construcciones que no tiene asegurada su posibilidad de existencia, porque están echas sin estudios de impacto ambiental serios, eludiendo la consulta pública. Se hace un trámite abreviado para obtener factibilidades en 15 días, para empezar a construir sin cumplir las normativas sustanciales que exigen las leyes relacionadas con la responsabilidad, la información pública y la participación ciudadana". 

"En Bajada Grande parece que tienen como 10 autorizaciones más para desarrollar en los espacios verdes de nuestra ciudad, apropiándose de los mejores paisajes que deberían ser abiertos para que todo el ciudadano lo pueda disfrutar. Hay una gran irresponsabilidad de los funcionarios, sobretodo los de lamunicipalidad que son acompañados por los jueces, no se si deliberadamente ono, pero esta demora de las causas judiciales que tratan de prevenir los daños están compartiendo la estrategia de los hechos consumados", fustigó. 

Al finalizar apuntó -sin nombrarlos- al grupo "selecto" de empresarios que son los que se dedican a las construcciones en altura: "Benefician a un puñado de personas que están el tema de construcciones en altura, no son muchos, no está involucrada la pyme o el pequeño comercio, son grandes empresas y gran comercio y en beneficio de este selecto núcleo". 

"El Departamento Ejecutivo Municipal acompañado por la secretaría de Planeamiento responden a esos intereses sectoriales positibiltandoles que construyan en cualquier lugar de Paraná sin tener estudios de impacto ambiental", aseveró.