Vista área del terraplén que pone en riesgo el puente Victoria-Rosario y que la Justicia Federal dio 24 horas para que sea demolido.
El titular del Juzgado Federal de Victoria, Federico Martin, intimó al ganadero Martín Esteban Stenner a que dé inicio a las tareas necesarias para desmantelar las murallas que construyó en el Delta y que la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos le había ordenado demoler en 2022.
La determinación del magistrado se suscitó porque el intendente de Victoria, Domingo Maiocco, le avisó del peligro inminente en que se encuentra el puente que comunica con Rosario, a partir que el fluir de la crecida del río Paraná se ve alterada por la existencia de los dichosos diques y que tendría impacto en la infraestructura vial.
El intendente de Victoria alegó un informe de la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos y que por esto mismo pidió la intervención de la Provincia. El juez también citó a comparecer de forma urgente a una reunión informativa al hacendado, el técnico de Hidráulica que intervino, la secretaria de Ambiente, el jefe de Vialidad Nacional, el presidente municipal de Victoria y el fiscal de Estado, éste último por ser responsable de haber tenido que controlar la destrucción de las obras ilegales, publicó el portal Era Verde.
En una resolución emitida este miércoles 8 de noviembre, el juez Federal de Victoria, Federico Ángel Martin, emplazó a al empresario Martín Stenner a que cumpla con la Resolución Nº 3.067 del 16 de noviembre de 2022 dictada por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos en la cual se le ordena abra el paso a las aguas que impiden los terraplenes construidos en la Islas del Pillo, ubicada en el Delta del Paraná. Esta medida fue tomada a raíz que el intendente de Victoria, Domingo Natalio Maiocco, anoticiara al Juzgado sobre el peligro que corre el enlace vial hacia Rosario tomando en cuenta un escenario donde se proyecta el incremento de la altura del río y que estos diques impiden el escurrimiento natural.
El intendente de Victoria elevó una nota al juez Martín donde planteaba el problema y que por sugerencia de la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos, se la había solicitado la intervención a Ambiente para poder tirar abajo los murallones.
Frente a esta situación, y en virtud de la tutela del amparo ambiental que rige para el Delta, desde el Juzgado Federal se tomó intervención dado “la urgencia que el caso impone” y “en razón de los bienes y derechos colectivos”, se argumentó. Así, Martin dio un término de 24 horas a partir de su notificación para que Stenner demuela de forma prioritaria ocho terraplenes que posee a la altura del kilómetro 43-44 de la ruta nacional 147 que une Victoria con Rosario, donde cuenta con una explotación agrícola ganadera. “Resulta imperioso adoptar medidas urgentes tendientes a evitar la afectación del equilibrio y de la dinámica natural del curso del agua que impacta e irriga el humedal, como así también el daño al ecosistema y a la estructura social circundante”, se describió.
Martín apercibió al empresario para la inmediata ejecución, atento la premura expresada por Maiocco. Además, se da intervención a que estos trabajos sean monitoreados con el ingreso al lugar de organizaciones socio ambientales y fuerzas de seguridad a los lotes donde se encuentran los endicamientos.
El magistrado también llamó a audiencia informativa para este jueves 9 de noviembre en horas de la mañana al director General de Hidráulica de Entre Ríos, Cristian Rodolfo Gietz; al técnico de esa misma dependencia que evaluó la situación, Jorge Di Persia; el jefe del 17° Distrito Entre Ríos de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Daniel Koch; la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, María Daniela García, el intendente de Victoria, Domingo Natalio Maiocco, y el fiscal de Estado provincial, Julio César Rodríguez Signes.
De acuerdo con lo publicado en el portal de Era Verde, el juez resolverá algunas medidas tras esta comparecencia, sin perjuicio de la competencia que cabe para el caso. Esto es porque el hecho que alerta Maiocco resulta por haber sido desobedecida la Resolución Nº 3.067/22 de la Secretaría de Ambiente. Esta dependencia es la que posee la potestad de hacer cumplir la medida administrativa en la cual había ordenado a Stenner destruir 24 terraplenes instalados en su propiedad y que, en definitiva, nunca llevó adelante. Hace un año, justamente, se dio a Stenner un plazo de 30 días para comenzar el derrumbe de los murallones y 60 días hábiles para comenzar un plan de “restauración ecológico integral del humedal afectados por las obars de terraplenamiento”. Nada de esto se consumó.
Esta situación de incumplimiento y la actual crecida de los cursos de agua en el Delta, configuran finalmente el escenario de eventual peligro a la estabilidad de la traza vial Rosario-Victoria. Advertido por la Municipalidad de Victoria a la Secretaría de Ambiente y comunicada a su vez al Juzgado Federal, la Justicia en definitiva interviene por principio precautorio, y por la cual deberá ordenar, conducir o probar los hechos dañosos denunciados.
Descripción
La gran muralla de tierra se extiende en paralelo al enlace vial que une las ciudades de Victoria y Rosario, a la altura del kilómetro 44. La obra fue denunciada por las ONG “El Paraná No se Toca” y “Los Guardianes de Victoria”, y en mayo el municipio de “ciudad de siete colinas” ordenó su demolición. Pero sorpresivamente esta semana volvieron los trabajos con maquinaria pesada que se puede observar en imágenes y videos que se hicieron virales.
“Apareció una autorización como por arte de magia”, contó al portal Era Verde un integrante de la organización social y ambiental que “colgó” un video realizado desde un drone, donde se puede observar los movimientos maquinarias en el terraplén ubicado un lado del puente a Rosario y que la Municipalidad de Victoria había ordenado suspender. Mediante el decreto Nº 731/19, el municipio entrerriano también ordenó recomponer el lugar, pero por el contrario ahora las obras avanzan a buen ritmo.
“En mayo de 2019 la Municipalidad de Victoria ordenó la suspensión de estas obras mediante decreto N° 731/2019. Pero en el mes de setiembre el decreto N° 1.218, dejó sin efecto la prohibición ante las presentaciones de los abogados de los ´terraplenadores´ aduciendo permisos provinciales y nacionales, a los cuales las organizaciones no hemos podido acceder”, señalaron desde “El Paraná No se Toca” y “Los Guardianes de Victoria”.
“Estos actos son delito de desvío de aguas conforme el artículo 182º ter del Código Penal, lo que haremos saber ante la fiscalía de Victoria aun cuando, anteriores denuncias realizadas, han sido paralizadas ante la desidia del Consejo Regulador de Uso de Fuentes de Agua (Corufa) que debe constatar la obras. Solicitamos difundan el mensaje para crear conciencia sobre la necesidad urgente del cese de los terraplenes en los humedales del Paraná”, plantearon los ambientalistas.
La resolución 3067 de la Secretaría de Ambiente del 6 de noviembre de 2022
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