Cerca de la medianoche del sábado se esperaba firmar el acta que pusiera fin al conflicto del transporte urbano de pasajeros de Paraná, permitiendo retomar el servicio a las 4.30 de este domingo.

La gestión del ministro del Interior Rogelio Frigerio, a través del funcionario del Ministerio de Trabajo, Manuel Troncoso, y del dirigente parananense Juan Domingo Zacarías (ambos diputados provinciales electos), y la predisposición del gobierno provincial habían permitido destrabar el conflicto, o al menos esa era la percepción anoche.

Sin embargo, cuando todos esperaban que se firmara el acuerdo, en la Secretaría de Trabajo de la Provincia, la UTA local no se hizo presente argumentando que las bases no avalaban levantar la medida de fuerza hasta que no se haga efectivo el pago.

El acuerdo alcanzado contemplaba que el gobierno nacional enviará este lunes un ATN (Aporte del Tesoro Nacional) de seis millones de pesos a la Municipalidad y el gobierno provincial dispondrá de otros cuatro millones para cancelar los salarios y medio aguinaldo adeudados. Si bien la deuda es de 12 millones, con 10 millones, se garantiza el pago de aguinaldos.

También la formación en 10 días de una mesa intersectorial entre UTA, las empresas, el gobierno provincial, los Ministerios de Transporte y de Interior y la Secretaría de Trabajo.

Desde la Nación se destacó que la resolución del conflicto fue producto del trabajo coordinado entre Nación y provincia, y desde ámbitos nacionales elogiaron la voluntad política del gobernador Gustavo Borde para interceder en este conflicto.

Consultados algunos de los protagonistas de las negociaciones, estimaron que a más tardar el lunes se podría retomar el servicio.

La insólita situación dejó dudas en los funcionarios nacionales sobre la disposición del municipio paranaense para resolver el conflicto.

Con la certeza de que el creciente malestar de la ciudadanía apunta al presidente Mauricio Macri, y al intendente Sergio Varisco (también dirigente de Cambiemos); desde el entorno del ministro Rogelio Frigerio se mantuvo ayer un primer contacto con uno de los empresarios de las dos firmas que integran Buses Paraná (Mariano Moreno y Ersa).

Según trascendió, la intención del titular de la cartera política nacional es manejar ese acercamiento sin participación del intendente Varisco, a quien políticamente desde la Casa Rosada se le reprocha la inacción frente al conflicto y se recela de su real intención.

Los empresarios sostienen que parte de los fondos nacionales que no recibieron se demoran por falta de gestión del mandatario municipal, y que además el municipio retuvo un aporte que llegó y que era destinado a las empresas. En el marco de ese diálogo incipiente, se supo que la postura de los empresarios es mantenerse brindando el servicio en Paraná; aunque en la Nación creen que esa convicción no es tan firme por parte de Ersa. Entienden que la empresa de origen correntino no aceptará irse así como así. De no poder quedarse y cobrar lo acordado, podrían plantear un reclamo judicial si, por ejemplo, fuera rescindida la concesión del servicio. Asimismo se entiende que en caso de retirarse una o las dos empresas actuales, hay otros prestadores interesados.

La preocupación de las autoridades nacionales por la situación de los paranaenses excede lo electoral, ya que claramente no hay tiempo antes de las PASO para un acuerdo. Aunque nadie lo asuma, lo que existe es el temor de que las autoridades municipales no hagan los suficientes esfuerzos por resolver el problema, generando una creciente conflictividad social. A Buenos Aires llega la información de que los empresarios se quedaron sin interlocutores en la Municipalidad de Paraná, y que los funcionarios del varisquismo –en el off the record– se encargan de atribuir todas las culpas a Macri, pese a que en su momento tanto la Provincia como el municipio aceptaron el recorte de los subsidios que existían para el sector, según recuerdan.

Fuente: diario Uno