A la hora de importar productos desde el exterior el presidente Mauricio Macri no le hace asco a nada, ni siquiera a la basura, ni siquiera a aquello que puede dañar la salud de los argentinos. El decreto 591/19 que modifica los requisitos para el ingreso de residuos peligrosos al país que firmó a fines del mes pasado continúa generando rechazos, esta vez fue el propio Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), que es el órgano que reúne a todas las autoridades ambientales de las provincias, el que emitió una resolución en rechazo de esa norma.

A los representantes del organismo no les faltan argumentos, ya que ni siquiera se los convocó para evaluar la nueva normativa. En sus palabras: “No se ha cumplido en el ámbito del Cofema una instancia previa de análisis integral de los impactos ambientales, económicos y sociales que dicha medida puede tener sobre las políticas provinciales de gestión integral de residuos”. 

El pasado lunes 16 de septiembre se reunieron  los secretarios de ambiente y emitieron su resolución que apunta primero a la eliminación del certificado de inocuidad sanitaria y ambiental, pero en los considerandos advierten que se requiere un estudio previo de la situación general del tema residuos para analizar “los riesgos sanitarios y ambientales de cada tipo de sustancia”, y también las “necesidades socioambientales” y “la efectiva capacidad de control de las jurisdicciones locales a cuyos territorios serán destinados”.

Tres puntos fundamentales, ya que Argentina carece de una política de gestión de residuos nacional, es decir, de reciclado para que, por ejemplo, puedan servir de insumos a la industria. De esto dan cuenta más de 5.000 basurales a cielo abierto en el país, según cifras oficiales. El documento alerta sobre lo peligroso de abrir las puertas a la importación de basura, ya que no hay forma de controlar qué entra. Por otro lado, cualquier política pública que quiera encarar la gestión de residuos se chocará con la presión de los países (Estados Unidos, principalmente) y las multinacionales que ganan dinero con el transporte. Además estas empresas competirían con las cooperativas y Pymes que trabajan en el reciclado, sector que ocupa a unas 15.000 personas aproximadamente.

También a este sector hace referencia el Cofema al señalar los “impactos económicos y sociales”. La resolución del Cofema se suma a los dos pedidos de nulidad presentados en el Congreso y al recurso revocatorio de la Federación de Cartoneros Carreros y Recicladores.

Como era de prever, solo las provincias gobernadas por la coalición oficialista, como Buenos Aires y Corrientes, votaron en oposición a dicha resolución, el representante de Jujuy incluso expresó “su enérgico rechazo” a la misma.

Fuente: Tiempo Argentino