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01/07/2010 -  tiempo  3' 16" - 514 Visitas Cancillería difundió el detalle de gastos El juicio en La Haya costó a Argentina 2,5 millones de dólares
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Uruguay tuvo un gasto mucho menor al de Argentina en el juicio en La Haya.
La Cancillería argentina informó que los gastos afectados en el juicio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la instalación de Botnia en Uruguay fue de alrededor de 2,5 millones de dólares. Esta es una cifra ubicada muy por debajo de lo abonado por el gobierno uruguayo en el mismo proceso: el vecino país informó que el Estado gastó un total de 8.070.891 dólares en concepto de honorarios para su equipo de abogados, a lo que se deben agregar otros 261.805 dólares en concepto de traducción de documentos. Cerrado el proceso ante el máximo tribunal de la ONU y ante el pedido de medios de prensa, la Cancillería precisó que "los recursos totales afectados convertidos a dólares estadounidenses completan 2.549.137 dólares", lo que representa "el 0,16 por ciento de los presupuestos de la Cancillería aprobados para los ejercicios 2006 a 2010".

Esta suma incluye todos los gastos y honorarios de abogados y expertos externos, pasajes y viáticos de los funcionarios de Cancillería, y otros gastos como traducciones e impresión de documentos, erogados por la Cancillería desde mayo de 2006 –cuando la Argentina introdujo la instancia ante la Corte- hasta la finalización de las audiencias orales el 2 de octubre pasado, así como los desplazamientos a La Haya para asistir a la lectura de la sentencia.

No incluye, sin embargo, los gastos correspondientes a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y su equipo científico que trabajan en el Plan de Vigilancia Ambiental del Río Uruguay que se lleva a cabo desde 2007.
La delegación argentina acreditada ante la Corte Internacional de Justicia estuvo compuesta de funcionarios de la Cancillería, así como de asesores legales y expertos externos de acuerdo con lo que es habitual en los casos ante la Corte.

Los funcionarios de la Cancillería asignados al caso fueron la embajadora Susana Ruiz Cerutti, en calidad de agente de la Argentina ante la Corte; los embajadores Horacio Basabe y Santos Goñi Marenco, en calidad de co-agentes; el ministro plenipotenciario Alan Béraud, en calidad de consejero y abogado; y el Ministro Plenipotenciario Holger Martinsen, el consejero Mario Oyarzábal, y los secretarios de Embajada Fernando Marani, Gabriel Herrera y Cynthia Mulville, en calidad de asesores jurídicos.

Los abogados y expertos externos contratados fueron los profesores Alain Pellet, Philippe Sands, Marcelo Kohen, Laurence Boisson de Chazournes, Daniel Müller y Howard Wheater, y Neil McIntyre, se informó oficialmente.

Pellet tuvo honorarios por 325.974 euros; Sands 596.038 dólares; Kohen 8.816 francos suizos, 15.856 euros y 185.600 pesos argentinos (estos últimos donados al Centro de Ex-Combatientes Islas Malvinas); Boisson de Chazournes 332.784 dólares; Müller 33.698 euros; Heater y McIntyre 161.063 libras esterlinas.

En cuanto a pasajes y viáticos se gastó 417.981 dólares, suma que incluye todos los viajes realizados por los funcionarios de Cancillería a La Haya, París, Ginebra y Londres para presentar los distintos memoriales y documentos ante la Corte, participar de las tres audiencias orales y de la lectura de las sentencias interlocutorias y final, y mantener reuniones con los abogados y expertos externos para definir la estrategia jurídica.

Otros gastos involucrados en el procedimiento ante la Corte Internacional alcanzan los 239.170 euros y 292.568 pesos, destinados a la impresión de documentos, las reuniones con expertos externos y las audiencias orales (incluido equipamiento informático, fotocopiadoras y sus insumos, salas de reuniones, correspondencia, comunicaciones telefónicas, alojamiento de los abogados y transporte), mientras que la traducción de documentos demandó 291.068 pesos.

"Todos los gastos detallados fueron aprobados por Resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de acuerdo con la normativa vigente que requiere prueba documentada de la inversión", se informó.
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