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22/04/2012 - 
3' 25" - 336 Visitas La reforma al Inmobiliario Rural es común en ambas provincias Entre Ríos y Santa Fe refuerzan los impuestos provinciales para lograr "recursos genuinos"
Además vieron que, a pesar de que debería tener mucho más “peso”, el impuesto inmobiliario tanto rural como urbano, se habían convertido en marginales respecto de la estructura de los ingresos estatales y más aún cuando la comparación se refería a la totalidad del gasto corriente. En Entre Ríos, el Impuesto Inmobiliario Rural financia apenas el 0,8 por ciento del gasto corriente provincial. Y es el 11 por ciento del total de impuestos provinciales. De hecho, el comercio a través del Impuesto sobre los Ingresos Brutos aporta el 52 por ciento de los ingresos tributarios provinciales. Éste fue un gran argumento para que los gobernadores se decidieran a replantear la situación de los impuestos provinciales del sector. Había razones y argumentos. Sólo había que tener cuidado en las formas administrativas y en las formas políticas. Señales La primera señal la dio Hermes Binner en 2010 cuando envió a su legislatura una ley de revalúo que sin embargo fue rechazada por la oposición justicialista. Ahora Bonfatti –más acuciado– apretó el acelerador y no solamente sacó la ley, sino que avanzó fuertemente hacia otros sectores e incrementó alícuotas. Al mismo tiempo anunció el lanzamiento de títulos de deuda pública de corto plazo para hacer frente a las obligaciones salariales. Algo parecido hizo Urribarri. Primero se aseguró generar la idea de un esfuerzo compartido gravando a la construcción, al juego, a la industria de extra jurisdicción, a la actividad financiera (mutuales y otros intermediarios) y elevó el impuesto inmobiliario en la ciudad. En el campo, su estrategia fue muy selectiva. Aprovechó un pacto preexistente de las organizaciones rurales con el mandatario Jorge Busti, mediante el cual se acordó un incremento en los avalúos que entraría a regir el 1º de enero de 2015. Urribarri no prorrogó la ley, pero introdujo otra que atempera fuertemente la situación de los pequeños propietarios haciendo recaer el peso de la mayor tributación en un 6 por ciento de propietarios que acumulan el 90 por ciento de las partidas, es decir de la superficie gravada. ¿Patrimonio o producción? “El Impuesto Inmobiliario Rural es una imposición a una exteriorización patrimonial que ha venido evolucionando de manera notable en Entre Ríos, entre otras cosas, por los servicios y obras públicas que también se han ido extendiendo. De tal manera, es absolutamente justo que el Estado provincial se quede con una parte razonable de esa evolución positiva”, justifica el titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto. En lo que se refiere al Impuesto Inmobiliario Urbano, el funcionario indicó que “cuando la tecnología lo permita será necesario un replanteo: hoy se paga más por un coche usado que por una casa en una zona de alto desarrollo urbano. Y eso no es ni justo ni muy razonable. Pero, sin buena tecnología, un ajuste en ese rubro llevaría a muchos errores”. Así, Santa Fe y Entre Ríos con distintos gobiernos, estilos e ideologías, pero con las mismas urgencias, han optado por mejorar su recaudación propia. Es que el modelo de acumulación que plantea la política nacional tiende a reducir los fondos de libre disponibilidad por parte de los gobiernos provinciales. Y al buscar incrementarlos por las vías de los impuestos locales, los gobiernos pueden tener problemas políticos, publicó El Diario. |
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