Avanza la investigación sumaria para determinar si hubo irregularidades en los subsidios que recibió el diputado Allende


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11/05/2012 -

4' 13" - 2610 Visitas La Fiscalía solicitó informes a diferentes organismos provinciales y nacionales Avanza la investigación sumaria para determinar si hubo irregularidades en los subsidios que recibió el diputado Allende

La justicia comenzó a pedir documentación en torno a los movimientos financieros de Allende en los últimos diez años.

La justicia entrerriana decidió avanzar a paso firme en la investigación sumaria, para determinar si existieron irregularidades en el manejo de subsidios que hizo el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, José Angel Allende, durante los últimos años, a través de la Fundación Esperanza que lidera su mujer y donde él aparece como secretario. La fiscal Laura Cattáneo, que lleva adelante la pesquisa, solicitó informes a diferentes organismos de la provincia y dependientes de la Nación, para determinar movimientos financieros del legislador en los últimos diez años. Sucede que si bien se investigan los destinos de los subsidios y las rendiciones respectivas –donde existirían serias desprolijidades-, a su vez podría generarse otra causa por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito. Desde ANALISIS se aportaron más de 700 fojas de documentación oficial, para demostrar lo consignado en el artículo periodístico de la edición que motivó el pedido de investigación de parte del procurador general del STJ, Jorge García. De ANALISIS DIGITAL

La justicia provincial trabajó activamente en los últimos días, para rastrear los destinos que tuvieron en años recientes los subsidios que manejó discrecionalmente el diputado provincial José Angel Allende (PJ-Nogoyá), otorgados por la Cámara de Diputados, entre el 2007 y el 2011, a nombre de la Fundación Esperanza. La entidad, como se sabe, está presidida por la mujer de Allende, la arquitecta Gabriela Satler, pero tiene al legislador como secretario y a otros parientes del diputados en su conformación. Tras el pedido del procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge García, de que se inicie una investigación sumaria para determinar supuestas irregularidades y “si los ilícitos denunciados contra la administración pública tienen verosimilitud o fundamento plausible”, a partir de la nota de la revista ANALISIS de mediados de abril, la fiscal Laura Cattáneo hizo requerimientos a varios organismos de la provincia, como así también a aquellos dependientes de la Nación, pero con sede en Paraná.

Sucede que, además del manejo de subsidios, que no solamente comprendería el período 2007/2011, sino también el anterior (2003/2007), se decidió investigar si no existen elementos concretos para, de ser necesario, iniciar otra causa por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, a partir del ostentoso crecimiento patrimonial del legislador y secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación, delegación Entre Ríos, tal como se informara en ANALISIS en los últimos diez años.

Por lo pronto, la fiscal Cattáneo comenzó a disponer las citaciones de personas que podrían aportar información, para ver si ello deriva en una causa penal y, a su vez, requirió información oficial. Ante el pedido fiscal, desde ANALISIS se entregaron más de 700 fojas de documentación oficial, para demostrar el manejo discrecional de subsidios que hizo Allende y su fundación durante el período 2007/2011, a través de la Cámara de Diputados de la provincia. Tal documental corrobora lo consignado en la edición gráfica del 19 de abril y podría ser considerado como un elemento importante a la hora de definir si se inicia una denuncia por el delito de Peculado. El Código Penal Argentino contempla esta figura delictiva en su artículo 261, por lo cual se puede condenar al funcionario del Estado, autor de la sustracción de caudales o efectos, que tenía bajo su administración, percepción o custodia, a la pena de reclusión o prisión de dos a diez años, más inhabilitación perpetua y absoluta. Obviamente, si la acción avanza, además de Allende, la acusación penal comprenderá a su mujer –que fue quien casi siempre retiró los cheques de la Cámara de Diputados, en los últimos años-, aunque habrá que determinar bajo qué figura legal.

Como se indicara, la Fundación Esperanza percibía tres cheques mensuales, por 20.000; 5.000 y 5.000 pesos, bajo amplios conceptos. Uno de los más consignados refiere a de “auxilios a juntas de gobierno, entidades no gubernamentales, cooperadora de escuelas, otros organismos, ayuda a familias afectadas por las crisis, equipamiento médico y a solventar gastos generados por eventos que se concreten con el objetivo de recaudar dinero para la concreción de obras para el bien de la comunidad”, según las resoluciones firmadas por el entonces titular de la Cámara Baja, Jorge Busti. Es decir, una función que regularmente cumple el Estado provincial o nacional, a través de sus diferentes organismos sociales.

El cálculo indica que en cuatro años se percibieron 1.440.000 pesos, que no estarían justificados en la documentación que se debe entregar al Tribunal de Cuentas de la provincia. Si bien algunos medios periodísticos, en especial de Nogoyá, reflejaron en los últimos dos años, algunas actividades de entrega de elementos, útiles y hasta una combi a un organismo provincial -lo que resulta inexplicable- o un camión, existen dudas en cuanto a las rendiciones desde al 2007 al 2011. Pero a la investigación se sumarán también pedidos de respuestas en torno a los movimientos de subsidios percibidos por la Fundación Esperanza entre el 2003 y 2007.

La nota enviada por el procurador general del STJ, Jorge García, ingresó la semana pasada a la fiscalía a cargo de la doctora Laura Cattáneo, quien solicitó medidas previas al Juzgado de Instrucción número 6, que encabeza la jueza Marina Barbagelata, para determinar o no la existencia de un delito contra la administración pública entrerriana.