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10/07/2012 -  tiempo  3' 33" - 303 Visitas El proceso oral y público por el Puerto Ibicuy estaba anunciado para la primera parte del año Por una pericia no resuelta, el juicio a Pacayut continúa retrasándose
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El ex legislador no será juzgado hasta el próximo semestre.
El ex senador justicialista Abelardo Félix Pacayut, a quien le pesa una condena por otra causa de presión efectiva, no será juzgado hasta el próximo semestre. En esta etapa, el ex dirigente de Ibicuy cambió de abogado. De ratificarse la sentencia que revisará la Corte Suprema o recibir otra pena, debería ir a la cárcel. El debate que estaba previsto para la primera parte del año no se concretará en el período esperado. Una pericia solicitada por la defensa del ex senador provincial aún no se ha resuelto y hasta tanto no esté el resultado, no se podrá fijar la fecha de las audiencias. El dirigente justicialista tuvo como abogado defensor a Guillermo Bonabotta, pero ahora la defensa la asumió Julio Federik.

“Estoy estudiando el expediente, pero sé que no hay fecha hasta tanto se resuelva una pericia que solicitó la defensa anterior y el tribunal concedió”, apuntó el abogado a esta Hoja. Bonabotta también fue consultado por El Diario sobre las pericias que se pidieron en su momento, pero sólo recordó que fueron “sobre cuestiones técnicas acerca de la viabilidad del puerto y comparación con los proyectos actualmente en ejecución”. La misma fue solicitada hace como un año y medio, según recordó quien defendía a Pacayut.

El tribunal que juzgará es la Cámara Primera, Sala Primera integrada por Miguel Ángel Giorgio, José María Chemez y Daniel Perotti.

Causa. En la causa se investiga el destino tuvieron unos 20 millones de dólares (hay estimaciones que hablan de 30 millones) producto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que debieron dirigirse a la construcción de un puerto de aguas profundas en Ibicuy, en el sur de la provincia.

En el expediente, además del ex senador, están involucrados su hermano, Carlos Pacayut, y Norberto Dourrels, Rafael Morana, Alberto Gavio, Aldo Navarro, Julio Ivanovich y Carlos Loveras.

La investigación sobre el destino de esa suma de dinero la inició la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Cobró forma de denuncia formal en la Justicia el 31 de marzo de 2001, aunque los hechos ocurrieron en 1997, durante la segunda gobernación de Jorge Busti.

El delito por el que se los acusa es el de peculado –apropiación de dineros públicos– y tiene relación directa con el destino de los fondos destinados al Puerto Ibicuy. Una entidad civil constituida para administrar los recursos, la Comisión de Fomento pro Desarrollo del Puerto de Ibicuy, hizo el llamado a licitación privada y adjudicó los trabajos de remodelación de la terminal portuaria a la firma Perfomar SA, por un monto próximo a los 30 millones de dólares.

El contrato de obra fue rubricado por los hermanos Carlos y Abelardo Pacayut, entonces titulares del Instituto Portuario Provincial (IPP) y el Ente Autárquico Puerto Ibicuy (EAPI), respectivamente. Durante la administración del ex gobernador radical Sergio Montiel, la FIA investigó ese contrato de obra y pudo establecer que un año después de la firma del contrato de obra, en 1998, Perfomar cedió el contrato a los organismos que conducían los hermanos Pacayut. Los trabajos no llegaron a ejecutarse tal cual lo previsto. Según dictámenes técnicos de 2002, el Estado recibió la obra del Puerto Ibicuy en pésimo estado, con inoperabilidad del muelle y un colapso parcial del cablestacado.

A Abelardo Félix Pacayut ya le pesa una condena por el caso Mazaruca. La sentencia será revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El recurso extraordinario para acudir al máximo cuerpo judicial del país fue concedido por la Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal de Superior Tribunal de Justicia (STJ) en una votación dividida. Los vocales Claudia Mizawak y Omar Carubia lo hicieron en favor de la petición del condenado, mientras que Carlos Chiara Díaz lo hizo en disidencia.

Sobre el ex senador provincial pesa una pena de tres años y cuatro meses de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargo público y una multa de 45.000 pesos por haber hecho pasar a su mujer por indigente para conseguir un título gratuito de una vivienda del Estado cedida por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) cuando era legislador. Su cónyuge, Ruth Klein, también fue condenada a dos años de prisión condicional y una multa de 20.000 pesos. De ratificarse la sentencia en la Corte o sumarse otra condena debería ir a la cárcel.
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