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28/08/2013 -  tiempo  4' 19" - 1522 Visitas Con un panel que se realizó este martes en Paraná Abogados penalistas entrerrianos abrieron el debate para implementar el juicio por jurados
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El encuentro fue organizado a través del Instituto Pensamiento Penal y el Instituto del Colegio de Abogados.
Los abogados Miguel Cullen, Marciano Martínez y Humberto Franchi propusieron que se ponga en práctica los juicios por jurados. Recordaron que la Constitución de 1853 lo establece y destacaron como democrático dicho sistema. Los letrados lo hicieron a través del Instituto Pensamiento Penal y el Instituto del Colegio de Abogados de Entre Ríos, con una disertación que abrió el debate en Paraná para que se implemente ese sistema. En ese contexto, Cullen precisó que la metodología fue “establecida como derecho esencial del ser humano a ser juzgado por los iguales”, y agregó que en 1853 los constituyentes la instituyeron dentro del núcleo pétreo de la Carta Magna, dentro de las primeros 30 artículos, entre los derechos y garantías.
El panel se desarrolló este martes en el salón del Colegio de Abogados de Entre Ríos. Según publicó Informe Digital, allí disertaron el abogado, Miguel Ángel Cullen, el letrado Humberto Franchi quien contó la experiencia del juicio por jurados en Córdoba y el reconocido abogado de Paraná, Marciano Edgardo Martínez, que relató su vivencia de un juicio por jurado en Boston, Estados Unidos.

En primer lugar tomó la palabra el abogado Miguel Cullen, quien hizo un análisis constitucional del sistema del juicio por jurado. El letrado repasó que dicha institución tiene más de 200 años en el país, y que existen innumerables proyectos sobre el tema pero que fueron cajoneados.

“En 1812 en el proyecto de Constitución para las provincias unidas se establecía concretamente la instauración del juicio por jurado. Y se repite en el proyecto de Constitución de 1813, en la de 1815 y que es expresamente receptado en la Constitución unitaria de 1819 y reiterado en la de 1826”, detalló Cullen.

Asimismo precisó que el sistema de juicio por jurado fue “establecido como derecho esencial del ser humano a ser juzgado por los iguales”. Y agregó que en 1853 los constituyentes la instituyen dentro del núcleo pétreo de la Carta Magna, dentro de las primeros treinta artículos, entre los derechos y garantías.

En ese sentido, el letrado recordó que en la provincia hubo un caso de un juicio por jurado que se remonta a 1822, denominado “Tribunal de Apelación entrerriano, que era integrado por el comandante general, el alcalde mayor y seis vecinos de la ciudad”. Dijo que Entre Ríos fue “pionera dentro de la República”.

Por otro lado, Cullen remarcó que dicho sistema está escrito tres veces en la Constitución Nacional: en el artículo 24, el 75 inciso 12 y en el 118 en las atribuciones del Poder Judicial.

“Juicio por jurados implica receptar concretamente el principio de soberanía popular que residen en el pueblo. A quienes sostienen que el pueblo no está capacitado para juzgar, entonces también se les puede decir que el pueblo no puede elegir presidente o sus gobernantes”, sostuvo.

“Es un prejuicio creer que no podemos ser juzgados por pares”

Por su parte, el abogado Humberto Franchi aseguró que “el juicio por jurado le daría mayor valor al Poder Judicial”, al que consideró “el único de los tres poderes que no es democrático”. No obstante, destacó que el Poder Judicial “a través del tiempo y luego de la reforma del año 1994 se ha empezado a democratizar con la creación y la aplicación del Consejo de la Magistratura”.

En coincidencia con Cullen, Franchi consideró que es “un error creer que no podemos ser juzgados por pares”, y destacó la experiencia en Córdoba. El juicio por jurado “le da mayor participación a la víctima, quien puede comprender con mayor claridad, simple y llano”, dijo.

Más tarde, el letrado cordobés mencionó los requisitos que se establecieron en Córdoba para formar parte de un jurado: tener entre 25 y 65 años; haber concretado la educación básica obligatoria, tener ciudadanía, gozar de aptitud física y psiquiátrica para la función, tener una residencia permanente. Y entre las incompatibilidades: ser miembro o tener cargo público en alguno de los tres poderes; ser autoridad de algunos de los poderes; además son incompatibles los abogados, escribanos y procuradores matriculados; los integrantes de las fuerzas armadas, policiales; los miembros de los tribunales de cuenta y el defensor del pueblo. En tanto, quienes están inhabilitados son los imputados y condenados.

Anécdota en Boston

Al final, el abogado Marciano Martínez se refirió a su experiencia en 1965 en Boston a la que calificó como “la capital del derecho”. Allí Martínez presenció un juicio por jurado e intercambió ideas con el juez Robin Banks, quien lo persuadió sobre el sistema. El letrado paranaense contó su vivencia a través de un cuento a los presentes, allí destacó un diálogo con el magistrado estadounidense.

En su relato contó que le comentó a Banks que en el país “el argumento más discutido es que el hombre común no está capacitado culturalmente para ejercer la potestad de interpretar las leyes, valorar las pruebas y tutelar las libertades”. El juez le contestó que dicho argumento parte de un grave error. “La persona que actúa como jurado no necesita saber ni derecho penal ni ser especialista en el procedimiento. No debe tener nociones técnicas sobre la ley. La idoneidad que debe tener el hombre común para juzgar a sus semejantes es aplicar el criterio valorativo práctico de la comunidad a la que pertenece”, dijo Bank en la voz de Martínez.
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