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17/02/2017 -  tiempo  5' 5" - 1218 Visitas La que está en funcionamiento está colapsada Abren una escuela para mujeres en la cárcel desoyendo a la comunidad educativa
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La escuela que está en funciones alberga a más de 100 estudiantes con tres empleados y 20 docentes.
Las escuelas en las cárceles son clave para que se pueda cumplir la tan mencionada función del servicio penitenciario de reinsertar a los prisioneros a la sociedad. En la actualidad, dentro de la Unidad Penal Nº1 de Paraná funciona una escuela que alberga a más de cien alumnos varones y alrededor de 10 mujeres. Esa institución, según supo ANALISIS DIGITAL funciona con una estructura mínima de autoridades y se sostiene en un contexto lamentable: ratas, alacranes, inundaciones y paredes electrificadas. La nómina de autoridades se compone tan sólo de una rectora, una empleada administrativa, un preceptor y un integrante del servicio penitenciario como civil. No tienen ordenanza ni una secretaria, cargo que vienen reclamando hace meses para poder sostener la estructura. Debieron ocupar el salón de actos para albergar a los ingresantes del año pasado que llegaron a 70. En ese contexto, a través de una resolución, el CGE y autoridades abrieron una escuela para mujeres en el edificio de enfrente, para albergar a las 10 mujeres, en lugar de otorgar las herramientas necesarias a la escuela existente. Por JCB de ANALISIS DIGITAL

Las cárceles nunca han funcionado como nos han dicho que deben funcionar. Si bien hay unidades penales que tienen mejores condiciones que otras, lo cierto es que la mayoría lejos está de lograr que los presos se reincorporen a la sociedad con un saldo positivo tras su paso por las cárceles. En ese contexto, donde la violencia y el dominio de las bandas -en complicidad con algunos agentes- rige a fuego, las escuelas en los servicios penitenciarios ocupan el rol de la contención de muchos de los presos.
En la UP Nº1 de Paraná funciona una escuela que alberga a más de cien alumnos varones y alrededor de 10 mujeres. Esa institución está a cargo de una rectora que tiene bajo su órbita tan sólo a una empleada administrativa, un preceptor y un civil del servicio penitenciario que trae y lleva a los presos de las celdas a la escuela. La educación de base está a cargo de alrededor de 20 docentes.

Está claro que las instituciones educativas inscriptas dentro de lo que se denomina Escuelas Secundarias de Jóvenes y Adultos (ESJA) en los penales tienen sus características particulares. La situación y el contexto demandan, por cuestiones lógicas, un equipo de contención distinto para los alumnos que debería estar compuesto por psicopedagogas, psicólogos, trabajadores sociales y comunicadores sociales, entre otros profesionales. Sin embargo, nada de esto sucede. La escuela se sostiene por y gracias al trabajo de los docentes, los empleados (esos tres que hemos mencionado) y la rectora.

Todo el papeleo de la institución recae sobre la rectora sin que haya una secretaria como en cualquier otra escuela. De hecho, hace meses se viene reclamando un cargo al CGE para que puedan tener alguien que ocupe ese rol.

Otra de las falencias es que no hay un marco acuerdo entre las autoridades del servicio penitenciario y las autoridades de la escuela. Esto genera que la única autoridad de mando -y se hace respetar bajo la lógica penitenciaria- es del servicio penitenciario, personal que no está calificado para determinar lineamientos en una escuela.
Además, los trabajadores de la educación que cumplen su función ahí dentro no tienen un código de seguridad dentro de su salario. Es decir, su sueldo se compone como el de cualquier docente de una escuela céntrica de Paraná, a pesar de que el contexto es completamente distinto y de mayor riesgo para su integridad. El año pasado, enfrentamientos entre los propios alumnos expusieron a los docentes a una situación de absoluta vulnerabilidad. De hecho, a pesar de que durante 2016 lograron que se ponga un teléfono, el mismo ya no funciona. Es decir, ante cualquier situación de gravedad, no hay modo de comunicarse con las autoridades del servicio penitenciario de manera inmediata. Tampoco tienen internet, herramienta clave para la educación de hoy en día.

En ese contexto de absoluta irregularidad y mintiendo en la resolución, el CGE creó una nueva escuela para las diez mujeres que van a asistir. La decisión de las autoridades se basó en un supuesto pedido de la comunidad educativa, cuando esto no fue así. De hecho, el reclamo de la misma era la creación de cargos dentro de la misma estructura para poder afrontar el servicio de educación que garantiza el derecho de los alumnos. Todo responde a internas políticas.

Conceptualmente es difícil argumentar oposición a la creación de una nueva escuela, pero el contexto muchas veces indica que las decisiones no se atan al orden de prioridades.

La infraestructura igual que la estructura

El edificio donde funciona la institución educativa también deja mucho que desear y dista de las condiciones sanitarias mínimas para garantizar el derecho a la educación. En esto, nada difiere a las tantas escuelas de la provincia donde las paredes se caen y están electrificadas, donde cada lluvia se inundan sectores y donde los roedores hacen de las suyas. El año pasado se encontraron alacranes, ratas y la única respuesta del servicio penitenciario fue poner veneno para los roedores en algunos rincones.

No hay un personal de ordenanza para mantener la limpieza y la higiene del lugar. Son los docentes y la propia rectora las que muchas veces limpian el establecimiento que está colapsado. El año pasado, ante la gran cantidad de ingresantes, debieron ocupar lo que es el salón de actos para dar clases.

Paradójico y muestra del trabajo de los docentes es el hecho de que, a pesar de estas condiciones lamentables, dos trabajos de alumnos de la escuela que funciona en la UP Nº1 fueron finalistas en ferias de ciencias que se desarrollaron en la provincia de Córdoba, de los cuáles uno ganó el concurso. Esto ejemplifica el potencial del trabajo docente y de las capacidades de los alumnos que buscan un mejor camino a pesar de sus errores. Los que no están a la altura de las circunstancias parecen ser los cargos políticos y autoridades educativas provinciales.

De hecho, ANALISIS DIGITAL pudo confirmar que funcionarios del CGE amenazaron a distintas personas de la escuela cuando se intentó denunciar algo de lo que pasaba. Además, estos funcionarios no trabajan codo a codo con los docentes, sino que se manejan desde sus escritorios y nunca van al establecimiento educativo. Ellos junto a las autoridades del servicio penitenciario digitan las políticas, como la creación de una nueva escuela, sin escuchar las necesidades planteadas por los trabajadores del campo.
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