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13/08/2017 -  tiempo  6' 12" - 373 Visitas La feria ilegal más grande de Latinoamérica La Salada tras la caída de sus reyes: combis truchas, trapitos y operativos sorpresa
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Continúan los negociados ilegales en la Feria ilegal más grande de Latinoamérica.
Las detenciones de Jorge Castillo, Enrique Antequera y parte de sus hombres cambiaron de manos algunos negocios ilegales pero no los desactivaron. Los trapitos, que según la investigación judicial también eran manejados por bandas vinculadas a barras bravas de varios clubes, aún controlan el estacionamiento sobre la Ribera, en el margen del Riachuelo. Las combis que unen La Salada con la rotonda de Puente La Noria -hoy tapada por las obras del nuevo viaducto- también sobrevivieron a la caída de Castillo, administrador de Punta Mogote, y de Antequera, líder de Urkupiña. Sin embargo, ya no hay puestos en las calles y hay inspecciones para que no vuelvan.
“La docena de medias por setenta. Cinco boxer por cien. Todo baratito, aproveche”. Parado sobre una banqueta plástica, el improvisado locutor busca clientes con un micrófono conectado a un pequeño amplificador. Unos minutos antes, un operativo sorpresa contra la venta ambulante terminó con pedradas, balas de goma y gas pimienta. Sus gritos son una señal de que todo sigue: en La Salada la rueda nunca se detiene.

Tras las detenciones de Jorge Castillo y Enrique Antequera, conocidos como los “reyes” de la feria y acusados de liderar bandas que manejaban miles de puestos ilegales en la calle, el corazón de Ingeniero Budge muestra una nueva geografía. Las estructuras metálicas que ofrecían mercaderías sobre ambas manos de Virgilio, Arana Goiri y Tilcara son por ahora un recuerdo. También desaparecieron varios metros cuadrados de toldos: amoladora en mano, empleados municipales los cortaron para evitar que funcionaran como refugio de futuras ocupaciones.

Pero hay otros negocios que siguen intactos. Los trapitos, que según la investigación judicial también eran manejados por bandas vinculadas a barras bravas de varios clubes, aún controlan el estacionamiento sobre la Ribera, en el margen del Riachuelo. En el barrio asegura que son vecinos que vieron la oportunidad de recuperar un ingreso que les habían quitado. Las tarifas varían según la hora y el día: entre 100 y 150 pesos. Siempre se paga por adelantado.

Las combis que unen La Salada con la rotonda de Puente La Noria -hoy tapada por las obras del nuevo viaducto- también sobrevivieron a la caída de Castillo, administrador de Punta Mogote, y de Antequera, líder de Urkupiña. Cobran 25 pesos por hacer 15 cuadras. “Vamos que entra uno más paradito”, grita el encargado de organizar a los pasajeros. En las horas pico, entre las 20 y la medianoche, los colectivos evitan la zona y las combis se transforman en el único medio de transporte. Los que recorren hace años la feria aseguran que el negocio creció tanto que la flota llegó a tener más de 30 camionetas. Ese botín fue objeto de una violenta guerra que sumó cinco muertes en un año.

El 21 de junio, junto a Castillo cayeron su hermano, su sobrino y otros 20 acusados. Con el correr de los días se sumaron más detenidos a la lista. Todos fueron procesados por ser parte de una asociación ilícita. Los que se mantuvieron prófugos aún no intentaron recuperar el poder.

A Leandro “Cuco” Gaitán, señalado como líder de otra banda, se lo vio por las calles de Budge el sábado 29 de julio. “Nos confirmaron que ‘bajó’ para mostrarse, pero que no hizo nada. Fue como una señal de que sigue presente, aunque sabe que no tiene margen para actuar porque lo estamos buscando. Imaginamos que no quiere desaparecer del mapa pensando volver”, revela una fuente de la investigación.

Con las barras alejadas, los feriantes recuperaron algo de paz. Cuentan que los aprietes eran cada vez más violentos y que habían aumentado los robos, tanto a ellos como a los clientes. “Yo vi como a un carrero que evitó un asalto le pegaron dos tiros en las piernas por ‘hacerse el héroe’. Se habían quedado con todo y se descontrolaron”, explica un hombre de 50 años que trabaja tres veces por semana en un puesto callejero. Sin embargo, también advierte que los cambios dejaron a varios sin trabajo: “Los barras nos cobran unos 500 pesos, entre el alquiler y los bonos de seguridad y limpieza. Para conseguir un lugar en las ferias legales, tenés un gasto de al menos 2.300 pesos y a veces no llegás a cubrirlo con lo que facturás”, hace números.

Esa corta paz volvió a interrumpirse el jueves de esta semana, con la detención de Antequera, administrador de Urkupiña, una de las tres ferias habilitadas (junto a Punta Mogote y Ocean). “Quique” está acusado de liderar una asociación ilícita que utilizaba como brazo armado a miembros de La Doce y a ex policías. El sábado de la semana pasada, cinco días antes de que lo apresaran mientras asistía a una misa en la iglesia de su predio, le aseguró a Clarín que la desaparición de las otras barras lo había beneficiado. “Ahora tenemos alquilados el 90% de los 2.000 puestos del complejo. Antes llegábamos al 70%, porque muchos elegían la calle, que era más barato”, describía.

Antequera, con fuertes vínculos políticos y relacionado históricamente al PJ, llegó a Ingeniero Budge hace 25 años. A pesar de su poder, asegura que nunca se metió en la pelea por el manejo de los puestos de la calle, pero que esa disputa responde a una ley no escrita. “Acá el lugar que no ocupa uno, lo ocupa otro”, indicaba antes de ser detenido. Los investigadores no creen su versión: lo acusan de liderar una de las bandas que luchó por ese botín millonario.

La ley no escrita que regula el manejo del espacio público también es conocida por los vecinos de Budge. Para ellos la feria es desde hace más de dos décadas el centro de su economía familiar. “Yo empecé cuidando autos y poniendo algunos puestos. Después vinieron las barras y se quedaron con todo. Ahora queremos volver a trabajar, pero no nos dejan ni colgar ropa en una pared. Mientras nos controlan a nosotros, los que están detenidos siguen facturando”, reclama un vecino que sólo se identifica como Esteban.

La ropa de la que habla desapareció hace cinco minutos, cuando corrió el rumor de un nuevo operativo sorpresa, con un camión municipal escoltado por policías de Infantería. Tampoco está más la parrilla que habían puesto en la esquina del Camino de la Ribera y las vías: en un truco que parece copiado de un show del ilusionista David Copperfield, la estructura de hierro cargada con carbón, dos docenas de chorizos, chinchulines y vacío se trasladó a una galería cubierta. En el piso quedaron los agujeros en los que iban las patas.

No corrieron la misma suerte cinco vendedores ambulantes ubicados a unos metros, en la vereda de una casa. “Nos arrancaron la mercadería y los policías nos tiraron gas pimienta. Les pegaron a las mujeres. No recibimos ni un comprobante de lo que incautaron. Fue un robo con uniforme”, denuncia a Clarín uno de los feriantes, mientras se tira agua en la cara.

Desde el Municipio de Lomas de Zamora confirman que se trata de operativos para controlar la “ocupación ilegal del espacio público” y asegura que todo queda documentado en las actas que elaboran: “Muchas veces la gente no las firma porque empiezan los ataques a pedradas contra los inspectores. Por eso tienen que ir con el apoyo de Infantería”.

Para los vecinos, los operativos son parte de una puesta en escena. “Durante años hicieron la vista gorda, pero para meterse con alguien que vende tazas en una manta tienen mucho coraje”, critican.

Fuente: Clarín
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