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15/08/2017 -  tiempo  3' 2" - 3978 Visitas En Entre Ríos fue abogado de varios represores Noceti, el defensor de genocidas que estuvo al frente de la represión en la que desapareció Santiago Maldonado
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Actualmente es jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación y asesor de Patricia Bullrich.
Un ex defensor de genocidas, dirigió la represión donde desapareció Santiago Maldonado. Se trata de Pablo Noceti, que es jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación y asesor de Patricia Bullrich. En Entre Ríos defendió a Naldo Miguel Dasso, ex jefe del Regimiento de Concordia entre 1975 y 1977, condenado a prisión perpetua por el secuestro de cuatro personas y las desapariciones forzadas de Sixto Francisco Zalasar y Julio Alberto Solaga. También fue abogado de otros represores que no llegaron a ser juzgados, pero que estuvieron imputados en la denominada causa Área Concordia; y fue representante legal de Gonzalo López Belsué, procesado y con prisión preventiva por el secuestro y desaparición del soldado Jorge Emilio Papetti. Nadie ha visto a Santiago Maldonado desde aquella cacería que hicieron entre la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el 1 de agosto, cuando alrededor de 100 efectivos ingresaron violentamente al territorio de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, en la provincia de Chubut, y detuvieron a nueve personas. Esa fue la última vez que alguien vio a Santiago Maldonado.

Al frente del operativo estaba Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, que antes había anticipado a los medios que todos los integrantes de la comunidad mapuche serían detenidos: “Con el RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) no tenemos nada que dialogar; lo único que vamos a hacer es judicializarlos, van a quedar todos presos (…) Los vamos a terminar de identificar a todos y a medida que los vayamos individualizando los vamos a ir deteniendo”, dijo.

¿Quién es Pablo Noceti?

Página Judicial reconstruyó el pasado reciente de Noceti. En una publicación se cuenta que es abogado y que hasta su designación en el Ministerio de Seguridad, era uno de los abogados del estudio de Alfredo Battaglia y Luis Fernando Velasco, que se dedica a ejercer la defensa de represores acusados por crímenes de lesa humanidad en distintas provincias, y también lo hizo en Entre Ríos. Battaglia, por ejemplo, fue defensor del dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, que resultó absuelto en el histórico juicio a las juntas militares, en 1985.

Como estrategia mediática, los referentes del estudio califican a los genocidas como “instrumentos de revancha y de represalia política” y que constituyen “la legalización de una venganza, estructurada y diseñada en el poder político, desde el cual se pretende hacer un uso extorsivo del poder judicial al servicio de inconfesables intereses”.

En el caso de Noceti fue defensor de Naldo Miguel Dasso, ex jefe del Regimiento de Concordia entre 1975 y 1977, condenado a prisión perpetua por el secuestro de cuatro personas y las desapariciones forzadas de Sixto Francisco Zalasar y Julio Alberto Solaga, delitos cometidos en el marco del “segundo genocidio nacional”, como lo calificó el Tribunal Oral Federal de Paraná en su sentencia.

También fue abogado de otros represores que no llegaron a ser juzgados, pero que estuvieron imputados en la denominada causa Área Concordia, como Horacio Alberto Goris, Jorge Echeverría, Juan Ignacio Aleman, Miguel Galeano y Héctor Aníbal Amarillo, todos agentes de inteligencia del regimiento; y hasta su designación era uno de los abogados de Gonzalo López Belsue, procesado y con prisión preventiva por el secuestro y desaparición del soldado conscripto Jorge Emilio Papetti. Hoy a esa tarea quedó la ejercen Velasco y Santiago Carubia, hijo del vocal del Superior Tribunal de Justicia entrerriano.

En los escritos de defensa que presentó durante la instrucción de aquella causa, Noceti pidió la suspensión del trámite de la investigación judicial y se manifestó contra la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, contra la nulidad de las leyes de impunidad y con planteos que consideraban a los delitos cometidos durante la dictadura como “cosa juzgada”. Ninguno de los planteos recibió acogida.
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