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14/10/2017 -  tiempo  4' 36" - 5805 Visitas Por negociaciones incompatibles con la función pública La causa del cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, camino a juicio
La Justicia está dando las puntas finales a la redacción del escrito de pedido de elevación a juicio de la causa que investiga el supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública en la que están imputados el ex gobernador Sergio Urribarri, su ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, y el cuñado del ex mandatario, Juan Pablo Aguilera. El dictamen de apertura de esa causa que firmó en septiembre de 2016 la fiscal Patricia Yedro es esclarecedor: se les reprocha a todos ellos los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, y también fraude a la Administración Pública, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsificación de documentos públicos”. En esa causa también está involucrado al responsable de certificación de publicidades en vía pública del Ministerio de Cultura, Gustavo Tamay. Ninguno de todos ellos, de momento, se ha quebrado ni ha torcido con su testimonio el rumbo de la investigación.
“Urribarri, en su calidad de Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como Director General de Información Pública de Gobierno y posteriormente como Ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los Sres. Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado Provincial, en una suma que aún resta determinar”, escribió la fiscal Yedro.

En esa causa también está involucrado al responsable de certificación de publicidades en vía pública del Ministerio de Cultura, Gustavo Tamay. Ninguno de todos ellos, de momento, se ha quebrado ni ha torcido con su testimonio el rumbo de la investigación.

“Hasta el momento, nadie se ha quebrado –dijo una fuente de la Justicia consultada por Entre Ríos Ahora–. Si se los indagó, es porque entendemos que tenemos elementos suficientes de prueba como para llevarlos a debate y convencer a un juez. La última palabra, como siempre, la va tener el juez después de escuchar a las dos partes”.

La decisión en Tribunales es elevar a juicio primero las causas por corrupción menos complejas de investigar, y después avanzar con las que demandan mayor tiempo y esfuerzo, como las de enriquecimiento. “La decisión ya está tomada –afirmó la fuente consultada–. Se van a elevar a juicio las causas en las cuales se lo indagó a Urribarri. Eso ya está decidido. Pero remitir una causa a juicio de estas magnitudes como la de Aguilera, por ejemplo, es una de las cosas que más tiempo va llevar, ya que es mucha la prueba, hay que controlarla una por una para evitar cualquier planteo de nulidad, ver qué es lo que falta, porque siempre surgen cosas nuevas en semejantes causas, y armar el escrito de remisión, en el cual cualquier omisión u error después no se puede reparar”.

Y amplió: “A ese escrito lo van a controlar todos los abogados defensores, que si mal no recuerdo son 11, a fin de tirarlo abajo y lograr el sobreseimiento de sus defendidos, planteando todo tipo de exclusiones y nulidades. Por eso, vamos a tener que tomarnos tiempo para hacerlo bien. Es el momento en el cual no podemos equivocarnos”

Urribarri, Báez, Aguilera y Tamay son investigados por el direccionamiento de publicidad oficial hacia la productora del cuñado del ex gobernador. Pero no sólo eso: la certificación de esas publicidades, tarea que estaba a cargo de Tamay, se hicieron utilizando un método poco ortodoxo. La misma foto para distintos carteles publicitarios en rutas, según una pericia fotográfica hecha por peritos del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

La tarea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que ya concluyeron su trabajo con un dato contundente: e se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia. Según fuentes consultadas por Entre Ríos Ahora, el informe pericial es contundente: las fotos fueron trucadas. O sea, no hubo tal control de la publicidad que realizaba el cuñado de Urribarri.

El exgobernador está imputado en esa causa junto a Báez y el cuñado.

Pero hay otras dos causas en las que está imputado Urribarri.

Una, la causa Nelly/Mercosur: se trata de una millonaria contratación durante la Cumbre de Presidentes del Mercosur, en 2014. La justicia le reprocha a Urribarri la utilización de fondos del Estado en beneficio propio para financiar la campaña del “Sueño Entrerriano”.

El texto redactado por los fiscales a cargo de la investigación, que coordina Alejandro Cánepa, da cuenta que a través de la gestión realizada en el expediente administrativo N° 1656798, con el que se inició la contratación de la productora Nelly Entertainment SA, se autorizó el pago de un monto de $28 millones para la difusión de cuatro spots publicitarios, en teoría, de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur. Mas ése no habría sido el propósito. El fin último de la emisión de esa publicidad en todo el país, es la tesis de los investigadores, sólo sirvió para solventar la campaña de Urribarri.

Hay una segunda causa abierta por el “Sueño Entrerriano”, y surge de un análisis detenido sobre los gastos en publicidad del Gobierno de Entre Ríos en 2014. En particular, la contratación de una solicitada publicada en junio de 2014, en 18 diarios nacionales por más de 4 millones de pesos.

La solicitada por la que Urribarri desembolsó esos millones de las arcas públicas apareció en los medios de gran tirada y portales web el 22 junio de 2014, y en la tesis de los investigadores judiciales no fue más que una estrategia más de proselitismo de su candidadura presidencial, luego frustrada.
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