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13/01/2018 -  tiempo  11' 47" - 1042 Visitas Rolando Núñez analiza la actuación institucional ante el caso Brutal e impune violación de un niño en Chaco: “La ineficiencia y la burocracia no tienen explicación posible”
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El abogado dirige el Centro Nelson Mandela y asesora a la familia de Maxi para lograr justicia.
Maxi es un niño de Resistencia que a los siete años de edad fue brutalmente violado por un vecino adulto. Del salvaje episodio, el chico resultó con secuelas físicas tan graves que lleva casi tres años internado. Primero fue en instituciones médicas del Chaco, luego desde septiembre de 2016 en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, donde se encuentra actualmente. El abogado Rolando Núñez conduce el Centro de Estudios Nelson Mandela, que asumió la tarea de asesoramiento legal de la familia del pequeño, critica severamente el accionar del gobierno y la justicia en esta historia. “La ineficiencia y la burocracia fueron mayúsculas y no tienen explicación posible”, afirmó.
El ataque sexual al niño se consumó en agosto de 2014, y desde entonces se encuentra libre el vecino autor de la violación. Está en condición de prófugo, pero los 40 meses transcurridos hacen suponer que ni la justicia chaqueño ni la policía provincial están poniendo la suficiente energía en hallarlo y detenerlo.

“Tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo debieron haber actuado oportuna y eficientemente, de acuerdo a las pautas que están totalmente previstas para investigar hechos como éste”, aseguró Rolando Núñez, abogado que conduce el Centro Nelson Mandela y que asiste ahora a la familia de Maxi para lograr la asistencia necesaria para el niño y para intentar que el aberrante crimen no quede impune.

Al ser consultado por el sitio digital Norte respecto de la actuación institucional en este caso, afirmó: “Desde hace bastante tiempo entendí que lo que se define como “justicia penal” es la que refleja objetivamente la profunda crisis institucional que acumula y acarrea el Poder Judicial chaqueño. El año 2017 reflejó ampliamente esa crisis. Colapsó la segunda circunscripción judicial, con epicentro en toda la estructura que funciona en Presidencia Roque Sáenz Peña, que se manifestó a través de casos resonantes y escandalosos que taparon la crisis generalizada de todo el sistema, que incluye los Tribunales, Fiscalías, Defensorías y varias dependencias que fueron organizadas para articular el servicio de justicia. Atravesamos un grave eslabón de un largo ciclo de crisis que no se ha revertido y que se profundiza a tal grado que el Judicial es uno de los poderes más cuestionados por la opinión pública”.

“En ese marco se debería inscribir la perezosa investigación que se realizó en el caso del brutal abuso al que fue sometido Maxi, a punto tal que el posible autor continúa prófugo desde 2014. En realidad la investigación no ha sido tal, tomándose en cuenta el tiempo transcurrido y los resultados. En la jerga judicial se sabe que los expedientes como los de Maxi “se actúan”, o sea que cada tanto se escribe, se llenan hojas que forman parte de los expedientes y se aparenta que se investiga. El tiempo purga negativamente estas realidades, que en general decantan en malas prácticas de investigación, muchas veces seguidas del archivo de las causas penales y de impunidad, en las que no solo brillan las ineficiencias y las indolencias, sino también otros factores entre los que se sobresalen las características y condiciones personales de autores, víctimas, condiciones sociales y pertenencias. En otros casos, influyen los amiguismos y el tráfico de influencias”, analizó el abogado.

Y agregó: “Como la justicia no cuenta con una policía judicial para investigar, se apoya en la Policía de la Provincia del Chaco, que viene demostrando su propia crisis y fallas en casi todas las metas que son propias de cualquier fuerza de seguridad. Contribuyeron fuertemente a esta crisis las necesidades permanentes del poder político, hasta que se terminó por consolidar una policía del gobierno de turno y no del Estado ni de la población. En el caso Maxi la ineficiencia y la burocracia fueron mayúsculas y no tienen explicación posible”.

Respecto de la situación social de Maxi y su familia, detalló que “la familia de Maxi se integra por su padre Miguel Ángel Orué (45, albañil) y la mamá Mirta Nélida Ávalos (45, ama de casa), quienes tuvieron nueve hijos: Nahuel (8, estudia), Maxi (10), Miguel (11, estudia), Brenda (13, estudia), Milagros (16, estudia), Aldana (18, hace de ama de casa), Micaela (20, ayuda en la casa), Gisela (22, ayuda en la casa) y María Esther (24, viaja al Garrahan para estar con su madre o para que la misma regrese unos días al hogar)”.

“Viven en una casa de un Plan Fonavi desde hace muchos años. La vivienda cuenta con una cocina-comedor, un baño, dos dormitorios y patio. Uno de los dormitorios es ocupado por el papá y la mamá; en el otro dormitorio duermen los ocho hijos que cuentan con dos camas cuchetas y una de dos plazas. Se arreglan como pueden”, especificó Núñez.

Orué es albañil. Actualmente consiguió trabajo en una cooperativa que le paga 70 pesos por hora. Reconoce que sus ingresos no alcanzan para sostener las necesidades del hogar, aunque la mayor incertidumbre para él es no tener un trabajo estable que le garantice mantener a su familia.

Cuando enferman son atendidos en el Centro de Salud de Villa Libertad. Todos tienen problemas dentales, y se les extrajeron piezas que no fueron reemplazadas.

La convivencia familiar es buena. Aldana, Micaela y Gisela se encargan de todos los quehaceres domésticos y de cuidar a los hermanos más chicos.

Los chicos prácticamente no salen de la casa. Cuando se comunican con Maxi éste les recomienda “que se cuiden. Que no salgan afuera. Que no vayan con nadie. Que jueguen en el patio de atrás para que no les pase nada”. El papá directamente ha prohibido que salgan solos.

En cuanto a la asistencia oficial, el abogado contó que “en el hogar de Maxi se hicieron presentes una vez, en 2017, agentes del Ministerio de Desarrollo Social. Proporcionaron mercaderías, cuatro zapatillas y dos colchones. Después todos los chicos y el papá fueron entrevistados por psicólogos en la sede del Ministerio, en avenida 25 de Mayo y calle 1. Es toda la asistencia que brindaron”.

-¿De qué manera fue afectado Maxi; qué significó hasta aquí para su vida lo ocurrido?

-En el documento inicial que difundimos en diciembre está la descripción del daño físico/orgánico que acarrea Maxi. Habrá que ver la discapacidad final y permanente que tenga que soportar hasta el final de sus días.

Primeramente estuvo internado en el Pediátrico. Allí no se detectó el abuso. Fue derivado al Sanatorio Antártida, donde establecieron que fue abusado y que sufría un delicado cuadro de infección. El 28 de septiembre de 2016 fue derivado al Hospital Garrahan porque necesitaba de atención de mayor complejidad.

El dato positivo es que se mantiene de buen ánimo y humor, con algunos altibajos. Últimamente comenzó con la ingesta controlada por boca (pollo hervido y arroz), aunque continúa con alimentación parenteral.

La última cirugía se produjo el 24 de abril de 2017. Duró diez horas. Estuvo un mes en terapia intensiva. No se consiguieron los resultados buscados. A la semana nuevamente se le abrió la panza. No duró el cierre quirúrgico de la “ventanita” que tiene en el abdomen.

La próxima intervención, destinada a colocarle una malla para que se pueda cerrar esa ventana todavía no está programada porque están viendo la evolución de Maxi. La duda médica es si la malla resistirá después del cierre quirúrgico. De acuerdo a los resultados futuros Maxi volverá a su hogar, con una bolsa de colostomía que debe reemplazarse permanentemente y, eventualmente, con la “ventanita” abierta por la que se exponen sus intestinos.

-¿Las condiciones habitacionales actuales de la familia son las que necesitará Maxi para seguir recuperándose?

-El gran problema que se generará con ese regreso es que debe contar con una habitación en la que pueda descansar a solas, con un buen nivel de limpieza y asepsia para evitar que contraiga infecciones. Este es un problema importante porque la vivienda solamente cuenta con dos habitaciones. Sin la acción del Estado esto no puede resolverse, ya que los padres del niño no pueden solventar una inversión como lo que se requiere.

-¿Cómo son hoy los vínculos a raíz del año y medio que Maxi lleva internado en Buenos Aires?

-Sus hermanos no ven a Maxi. No lo pueden visitar en el hospital Garrahan porque no tienen dinero para comprar pasajes y viajar. Lo extrañan. En la entrevista con el padre y la hermana de Maxi, llamada María Esther, la última señaló “nos arreglaremos” cuando regrese. Maxi quiere volver a su hogar y regresar a la escuela. Necesita vivir con sus hermanos y sus padres. Cuando añora la vuelta se pone triste y febril. En esas ocasiones no habla del futuro.
Desde el punto de vista humano, especialmente desde una elemental visión holística, la crueldad del abuso que sufrió ya le provocó consecuencias crónicas que probablemente se agudizarán en el futuro.
Todo esto deberá acarrear Maxi, a quién no solamente le rompieron su humanidad e inocencia sino que le sustrajeron su infancia y condicionaron profundamente su adolescencia y adultez, en grados y niveles por ahora imponderables pero absolutamente condicionantes por los impedimentos a que quedará sometido.
La familia no puede creer y menos comprender lo que “Japo” le hizo a Maxi. No entienden hasta ahora lo sucedido, si bien el posible abusador era violento y alcohólico. Se sabía que golpeaba a su mujer y que probablemente abusaba de una de sus hijas, la que comentó lo que ocurría a una de las niñas de la familia Orué.
El hecho les cambió la vida. Después se dieron cuenta que “Japo es un demente”, quién vivía casa de por medio con su pareja y ocho hijos. Su hijo O.V., quien en 2014 tenía 12 años, fue el que llevó a Maxi a la vivienda donde fue sometido cuando estaba jugando con otros chicos en la vereda de su casa. Maxi también dijo que O.V. abusó de él y que le puso un palo en la cola por orden de Japo.

Japo tiene dos hermanas policías. Después de que se conociera el abuso, Japo y su familia se fueron del barrio. Llevaron todos los muebles. Poco después algunos vecinos del barrio quemaron la casa de Japo.
La pareja de Japo vive con algunos hijos en La Rubita. Repite frecuentemente que Japo murió. Pero la familia de Maxi está convencida de que no lo buscan o no lo quieren encontrar.

-¿Cómo se debería haber actuado en este caso?

-Tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo debieron haber actuado oportuna y eficientemente, de acuerdo a las pautas que están totalmente previstas para investigar hechos similares y asistir a las víctimas.

Una síntesis de lo que no hizo el Estado, de lo que realizó parcialmente o simuló intentarlo es una típica situación de un Estado ausente, que es la peor hipótesis para un sistema democrático constitucional, como es el modelo argentino de libro, sometido a examen por una realidad en la que la punta del lápiz es solamente eso y no alcanza a esconder la degradación institucional y social que vino a modificar mejores esquemas anteriores.

-¿Qué expectativas tienen los padres?
-Más que expectativas, no pierden la esperanza de que “se haga justicia” y que Maxi recupere su salud y pueda realizar una vida normal, aunque tienen conciencia de las enormes dificultades del presente y las que se presentarán en el futuro. Tienen conciencia de que lo ocurrido les cambió la vida.
No obstante ello, no manifiestan rasgos de resentimientos o rencores. Quisieran volver atrás, o sea antes de que abusaran de Maxi. Es comprensible, aunque imposible.

-¿Cómo vive usted mismo esta historia?
-Es difícil sincerarse cuando uno es conocedor del caso Maxi y de otros tan brutales e inhumanos que nos alejan de las pautas mínimas de convivencia civilizada. La confesión propia tampoco resulta aconsejable según los roles que nos tocan a cada uno, sobre todo tomándose en cuenta la función del Centro Mandela y, en lo personal, la que me toca hacer. Debo tener especial cuidado en estas circunstancias porque no pierdo de vista lo que debemos continuar haciendo y mi condición de marginal civilizado que se puede desestabilizar.
Debo tener mucho cuidado cuando expreso mi impresión en estos y otros casos porque creo tener plena conciencia que estamos en el espacio de los derechos humanos, en una comunidad que reniega de los mismos y que tan severamente cuestiona no solo durante las dictaduras sino también en ciertos tramos de los recurrentes procesos democráticos aparentes, que funcionan sin contenido humano y social.
Por todas estas precauciones es que nos tomamos un tiempo prudencial para trabajar el caso Maxi en el terreno de las comunicaciones, justamente para no volcar defectos ni atributos personales, hasta donde fue posible, ajustándonos a la descripción de un hecho horroroso, salvaje e inentendible para el estándar de la moral, la miseria, el bien y el mal de la realidad actual, sin caer en una limitada visión binaria que casi siempre perjudica a muchos y beneficia a pocos, especialmente a los abusadores de los poderes.
Cada vez que pensamos cerrar el ciclo del Centro Mandela recrudecen estos casos y otros que son netamente violatorios de la dignidad humana, que es el primer derecho humano. Paralelamente, ponemos todo nuestro énfasis en acompañar el pedido de justicia y de asistencia integral para la familia de Maxi.

Fuente: www.diarionorte.com
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