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17/05/2018 -  tiempo  5' 31" - 457 Visitas Este jueves continúan las audiencias Caso Vialidad: “Un homicidio culposo en un accidente de tránsito tiene menos pena que la que pretenden los fiscales para quienes crearon una escuela para prevenir accidentes”, analizó Cullen
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El abogado de Rodríguez pidió “parar con esta caza de brujas”.
El abogado defensor de Jorge Rodríguez –ex titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV)- Miguel Cullen expresó su parecer en el marco de la causa que investiga a su defendido y otros dos funcionarios por el delito de peculado en el marco de la creación de la escuela pública de gestión privada Nº 235 Heraclia Ruíz Díaz. “Un homicidio culposo en un accidente de tránsito tiene un máximo de pena de cinco años, hacer una escuela para evitar que esos hechos ocurran y educar a los chicos con conciencia vial, desde la fiscalía entienden que se trata de siete años de prisión”, analizó el abogado defensor. Además, agregó: “Supongamos que la norma no autoriza al director de DPV a hacer una escuela –cosa que nosotros negamos que sea así- nadie está hablando de que alguien se llevó un solo peso que no correspondiera, se pagaron los salarios, se refuncionalizó un taller olvidado y nadie se llevó siquiera una birome”, fustigó. Agregó que “es el primer caso penal que no existe perjuicio y sino solo beneficio y se dice que van a pedir siete años de prisión”. A su vez, criticó el accionar judicial y pidió parar “con esta caza de brujas”. “Si quieren hablar de nepotismo, hagamos un árbol genealógico del Poder Judicial: hijos, tios, sobrinos, hermanos… todos lo sabemos”, cargó. De ANALISIS DIGITAL

Este jueves continúan las audiencias en el marco del juicio por peculado contra Jorge Rodríguez, Néstor Kemerer y Mario Heyde en el salón Nº 1 de Tribunales. Son varias las audiencias previstas y el listado de testigos es extenso. Hasta el momento comparecieron más de 20 personas que realizaron distintos aportes a la causa, todos –hasta el momento- testigos aportados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) representado por Patricia Yedro y Alejandro Cánepa.

“Se ha desarrollado con total normalidad, lo que ha declarado nuestro defendido se ha ratificado con los testigos hasta el momento. Estamos muy esperanzados”, expresó Cullen, uno de los abogados defensores de Rodríguez.

En diálogo con FM Universidad el abogado defensor analizó: “Un homicidio culposo en un accidente de tránsito tiene un máximo de pena de cinco años, hacer una escuela para evitar que esos hechos ocurran y educar a los chicos con conciencia vial, desde la fiscalía entienden que se trata de siete años de prisión”. En esa línea, continuó: “¿Cuál es el delito? Haber utilizado -según la fiscal- fondos de vialidad para hacer una escuela y pagar los salarios de los maestros. ¿Usted entiende que esto forma parte de un país serio y razonable?”

“Supongamos que la norma no autoriza al director de DPV a hacer una escuela –cosa que nosotros negamos que sea así- nadie está hablando de que alguien se llevó un solo peso que no correspondiera, se pagaron los salarios a los docentes, se refuncionalizó un taller olvidado y nadie se llevó siquiera una birome. El dinero fue todo invertido en la creación de una escuela. Pero analicemos esto desde la hipótesis de la fiscalía, ¿le parece que es merecedor de una pena superior a la que se dispone por matar a una persona cuando pasás un semáforo en rojo?”, se preguntó Cullen.

Se investiga el presunto desvío de poco más de tres millones de pesos, dos de ellos destinados al pago salarial de los docentes durante dos años y un millón a la refuncionalización del taller abandonado donde originalmente inició la escuela su funcionamiento.

“¿Le parece racional que para el MPF hacer una escuela en el marco de incompetencia merece una pena de siete años de prisión efectiva?”, insistió Cullen. “Hacer una escuela, aún con errores administrativos o aun cuando sea de una manera que la ley no lo autoriza –que no es este el caso- pero aun en esas hipótesis jamás puede configurar un delito. Es fomentar el bien común y la educación”, aseguró.

Cullen dijo que “habría que buscar en los anales foráneos, a ver si existe en algún país un juicio penal contra algún sujeto por haber hecho una escuela”. “Me llama poderosamente la atención que esto no se diga, después se rasgan las vestiduras reclamando más educación, parece que acá a nadie le importa. Se hizo una escuela y al tipo que hizo la escuela le están pidiendo siete años de prisión”, cargó.

En cuanto al accionar del Consejo General de Educación (CGE) que autorizó la creación de la escuela e instó a los directivos de la DPV a que la pongan en funcionamiento en tres meses sin asignarle partida para salarios, Cullen aseguró: “El CGE actuó correctamente. El CGE vio la posibilidad de hacer la primera escuela vial del país, con felicitaciones de un Congreso nacional de la materia, porque son la primera escuela que le dice a los chicos como hay que conducir. El CGE vio la posibilidad y el trámite que demora en asignar el presupuesto está dentro de los parámetros”.

“La DPV tenía partidas para 360 contratos y utilizó siete para los maestros, es el primer caso penal que no existe perjuicio y sino solo beneficio y se dice que van a pedir siete años de prisión”, señaló el abogado.

En esa línea, Cullen aseguró que “ni siquiera es una cuestión administrativa, no se está cuestionando la falta de nada”. “El CGE fomentó una escuela, Vialidad creó una escuela y hay chicos que están siendo educados en esa escuela”, analizó.

“El homicidio culposo por accidente de tránsito es la principal causa del país. La prevención es hacer una escuela para educar en ese sentido. Yo creo que se debería pedir que paren esta caza de bruja, esta locura. Realmente, en algún momento alguien tiene que poner algo de seriedad. Es una locura”, cargó.

En cuanto a lo que viene en las audiencias, Cullen aseguró que los testigos de la defensa recién comparecerán la semana próxima y que hasta el momento sólo se hicieron presentes los testigos del MPF: “Todos han hablado maravillas de la escuela hasta el momento y son todos testigos de la fiscalía”.

Además, puntualizó en un hecho que, según el abogado, lesiona las garantías del proceso: “Ha quedado probado porque lo han dicho los propios testigos, que han sido citados a la fiscalía, sin conocimiento de la defensa y se le ha mostrado documentación para refrescarles la memoria hace pocos días atrás”. Ante la repregunta periodística sobre el procedimiento habitual de los fiscales que corresponde la citación de los testigos para “prepararlos”, Cullen aseguró: “No está previsto para nada en el proceso, lo que está previsto es mantener entrevista con conocimiento de la defensa. La citación puede caber, pero además se le mostró documental que no pertenece al juicio hasta que no se incorpore en el juicio. Yo no sé qué documental se le mostró a los testigos, no sé si le mostraron documental que incrimina a mi defendido, yo no sé porque no estuve”.

“Yo no desconfío de Yedro y Cánepa, son excelentes profesionales y les tengo respeto, pero tenemos que jugar limpio. Tienen el poder estatal, manejan la cosa pública criminal, no la pueden manejar al arbitrio, es realmente peligroso que se manejen así, más allá de ellos”, reclamó.
Luego se metió con el Poder Judicial en su totalidad e insistió en avanzar en el juicio por jurados: “Si quieren hablar de nepotismo, hagamos un árbol genealógico del Poder Judicial: hijos, tios, sobrinos, hermanos… todos lo sabemos.
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