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24/06/2018 -  tiempo  8' 48" - 474 Visitas Incendio y muerte en el penal de Victoria Familiares de víctimas creen que había “una bomba de tiempo” en la cárcel
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El mismo día de la masacre, los acusados (Paniagua, Framulari y Chamorro) fueron trasladados a distintas unidades penales de la provincia.
Los padres de Vladimir Casco y los hermanos de Justo Silva se presentaron como querellantes en la causa, y quieren destapar el contexto previo al incendio en la Unidad Penal de Victoria, que le costó la vida a cinco internos. El mismo día de la masacre, los tres acusados fueron trasladados a distintas unidades penales de la provincia. La investigación a cargo del fiscal Eduardo Guaita sigue adelante con la producción de pruebas, a la espera de informes fundamentales: las pericias químicas sobre los rastros levantados en la celda incendiada y de los cuerpos de las víctimas, que permitirán determinar si hubo algún elemento que ayudó a propagar el fuego. Para el abogado de las familias Casco y Silva, todavía no está descartada la hipótesis “de que había un caldo de cultivo que se venía generando con responsabilidad de algunos penitenciarios”. Cuando escuchó el ruido de las sirenas de los Bomberos de Victoria, José Alberto Casco se levantó enseguida, agarró el teléfono y llamó a la cárcel para saber si había algún problema y preguntar cómo estaba su hijo.

-Su hijo está bien –le dijo la agente penitenciaria que lo atendió.

-¿Entonces me quedo tranquilo? –preguntó el hombre.

-Sí, sí, quédese tranquilo.

José cortó y se puso a hacer tareas en su casa. Eran las 6:30 del jueves 7 de junio. A las 10 sonó el teléfono y atendió:

-Tiene que ir al hospital, su hijo está grave y lo llevan a Paraná-, dijo la voz de un uniformado.
-Pero cómo, si me dijeron que mi hijo estaba bien.

Con todas las cosas que le pasan por la cabeza a un padre que escucha esas palabras, corrió al hospital Fermín Salaberry. Encontró al director, Edgardo García, un conocido suyo, el primero que le informó la verdad. -Lamentablemente tengo que decirte que tu hijo tiene el 80 por ciento del cuerpo quemado.
Vladimir Casco murió esa misma noche en el hospital San Martín. Tenía 20 años, un hijo de 2 y ganas de salir a trabajar con su padre de albañil. Para fin de año iba a recuperar su libertad. La junta, el consumo, el raterismo, la cárcel. La misma trampa en la que caen miles de pibes, esta vez con un final trágico.

Un final del que hay más responsables que los tres asesinos que prendieron fuego un colchón y dejaron quemarse vivos a siete personas en la celda N° 2 del pabellón N° 3 de la Unidad Penal N° 5. De esto están convencidos los familiares de los cinco muertos y dos sobrevivientes. “Seguimos con la hipótesis de que había un caldo de cultivo que se venía generando con responsabilidad de algunos penitenciarios”, dijo el abogado Carlos Guillermo Reggiardo, querellante por familiares de dos de las víctimas. Hay pruebas y testimonios que se están arrimando para intentar demostrarlo, consignó el diario Uno de Paraná.


Lo que la masacre se llevó

“Ha sido muy doloroso y lo sigue siendo, nunca pensé que iba a pasar esto, siempre que íbamos a visitarlo nunca me comentaba que había algo raro”, contó a UNO el padre de Vladimir. Y recordó una charla durante una visita un par de meses antes: “Le dije a mi hijo ese me parece que se hace medio el loquito (por un interno de la celda de al lado), pero me dijo 'no, con nosotros no se meten'. Le dije 'tengan cuidado'“.

Esa mañana se pusieron a averiguar qué había pasado y supo lo que ya era noticia en todos lados: “Resulta que cuando abrieron las puertas de las celdas, les abrieron a todos y en las cámaras, que yo no las he visto, dicen que se ve que sale uno a mirar se vuelve para atrás, salen con un colchón prendido, se lo tiran y cierran a puerta. Estaban durmiendo y quedaron atrapados”, recordó José Alberto, y agregó: “Nunca esperaba esto para mi hijo, gente tan joven, todos muy buenos, me trataban bien, el señor Silva decía que los chicos no tenían que tomar pastillas. Con los otros no sé qué habrá pasado, porque los miraba y agachaban la cabeza, sabía que eran de Paraná, nada más”.

Ahora la familia solo espera justicia: “Quiero investigar si los penitenciarios actuaron bien. Yo apunto que no actuaron bien, tuvieron miedo de que fuera un motín, pero si estaban quemando uno de los ranchos, de los dormitorios. Es un asesinato terrible”, lamentó el hombre.

El día anterior y la misma madrugada del jueves, Vladimir estuvo en contacto con su familia. “Él estuvo hablando hasta la 1 de la madrugada con mi hijo por teléfono, le dijo que estaba con fiebre, que se iba a dormir. Después que terminó de hablar se puso a conversar con la mamá de su nene hasta las 2”, contó el padre. “En cuatro horas me lo asesinaron”, sentenció.

“Para fin de año podría haber salido. El 19 de junio de 2019 a las 12 cumplía la pena de tres años ¿Cómo van a poner una persona que viene con 13 años de condena o más, en la celda con estos muchachos que son primarios, que era la primera vez que entraban en la cárcel?”, es la lógica pregunta que se hace José Alberto, al igual que tantos, publicó el diario Uno de la capital provincial.

Ese miércoles el hombre no pudo ir a visitar a su hijo por trabajo, pero esperaba verlo el jueves: “No fui porque estaba limpiando una cloaca y lo llamé por teléfono. Me dijo 'mañana me traés las cosas'. Le tenía que llevar azúcar, yerba, galletitas, prestobarba, papel higiénico”, recordó.

La ilusión y muchas cosas más se terminaron aquella mañana del 7 de junio: “Estaba terminando la escuela, quería un cambio, tenía unos proyectos conmigo, yo me jubilé. Le dije 'vamos a salir a trabajar para que tengan confianza de que vos querés volver a la sociedad, para que vean que no querés hacer daño a nadie, para que vos aprendas la albañilería y ser oficial de albañil. Él no tenía necesidad de nada porque nosotros hemos trabajado toda la vida. Tomaba alguna porquería y agarraba la calle, pero no era malo ni agresivo, de pegarle a nadie, era el raterismo. Pero estaba bien, recuperado, se notaba en el semblante de la cara”, contó. Ahora José Alberto se pasa el día arreglando cosas en su casa. “Para no pensar en mi hijo porque si no”, dice, y la voz se quiebra.

Pericia química

La investigación a cargo del fiscal Eduardo Guaita sigue adelante con la producción de pruebas, a la espera de informes fundamentales: las pericias químicas sobre los rastros levantados en la celda incendiada y de los cuerpos de las víctimas, para determinar si hubo algún elemento que ayudó a propagar el fuego. Además, si bien no ha surgido en la pesquisa oficial ningún indicio de acción u omisión de personal penitenciario en el hecho, se estaban analizando protocolos de actuación y chequeando otras versiones para descartarlo, salvo que surjan otras sospechas en contrario.

La causa tiene a Kevin Paniagua, de 20 años; Ramón Ismael Framulari, conocido como “Bebe”, de 19; y Maximiliano Exequiel Chamorro, alias “Coyi”, de 20, imputados de quíntuple homicidio agravado (por los paranaenses Justo Silva, de 53 años; Marcelo Beber, de 31; y Brian Alarcón, de 21; y los victorienses Vladimir Casco y Marcelo Rodríguez, de 30); y tentativa de homicidio (por Francisco Alberto Coronel, de 19 años, aún internado grave en el hospital de Gualeguay; y Emilio Oscar Suárez, de 27).

“Queremos que esto marque un antes y un después”

El abogado Carlos Guillermo Reggiardo representa como querellante a las familias de Vladimir Casco y de Justo Silva, dos de los cinco fallecidos en la masacre. En diálogo con el diario Uno, dijo: “Independientemente de la responsabilidad penal de los autores materiales, seguimos con la hipótesis de que había un caldo de cultivo que se venía generando con responsabilidad de algunos penitenciarios. Estamos presentando nuestro propio cuaderno de prueba, pero tengo fotografías de enero de este año donde ya habían empezado la 'pica' entre grupos y a Justo Silva los penitenciarios le habían pegado una paliza brutal, no era la única, el día de su cumpleaños”.

“Aparentemente él se lo había manifestado a la delegada penitenciaria, que en vez de hablar con el juez les contó a los mismos penitenciarios. Al hijo de Silva también le pegaron y le hicieron firmar el traslado”, contó el letrado.

La versión que trascendió luego del hecho fue que la agresión se dio en el marco del control del pabellón. Silva se oponía al ingreso de pastillas y otras drogas, que sí querían los imputados.

“Hay audios de reclusos, queremos tratar de preservarlos por su integridad en el Servicio Penitenciario, porque después nadie se hace cargo. Cuando se piden las mejoras en las condiciones de detención, demoran. Los agresores querían meter pastillas, drogas y Silva se oponía, por ese lado venían las discusiones. No sé si había intereses de los penitenciarios, pero evidentemente les molestaba la actitud de Silva”, dijo Reggiardo.

“Nosotros apuntamos a que se sepa y se resuelva no solamente por la parte civil, donde hay una responsabilidad evidente del Estado. Hay una guardia permanente en el techo de la Unidad Penal que tendría que haber visto ese movimiento y no figura quién es. Para la semana que viene veremos el video, que según el fiscal clarifica bastante. A lo que yo apunto es lo que dicen muchos internos, que fue una zona liberada. Estoy esperando las pericias, que para nosotros es crucial. Por las fotos de cómo quedaron los cuerpos y la celda, para mí no fue solamente un colchón. Estamos convencidos de que hubo un líquido inflamable y queremos saber cómo ingresó. Pero lo más importante son los testimonios de los mismos internos que obviamente sabían que esto se veía venir, era una bomba de tiempo. Había penitenciarios que colaboraban para que se haya formado este caldo de cultivo”, sostiene el abogado victoriense.

Por esto, sostiene: “Queremos saber si hay responsabilidades penales de los penitenciarios, ya damos por sentado que sí hay responsabilidad civil, por el tratamiento que había adentro porque tampoco hubo alerta de parte de las autoridades judiciales y administrativas, que nunca se preocuparon del estado en que cumplían las condenas.

Y agregó: “Queremos que esto sirva para que marque un antes y un después. Nadie les va devolver los familiares muertos, pero que sirva para que cambien las cosas dentro del Servicio Penitenciario de Entre Ríos. Se van a desnudar un montón de cosas que muchos sabían pero que la sociedad ignora. Algunos en seis meses salían, estaban yendo a la escuela, con una conducta ejemplar”.
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