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11/07/2018 -  tiempo  3' 37" - 434 Visitas El plan del gobierno para reestructurar la justicia nacional Justicia Federal: la provincia sumaría cinco jueces, tres fiscales y un defensor
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El argumento es la lucha contra el narcotráfico.
La decisión del gobierno nacional de reestructurar la Justicia Federal se tradujo en un proyecto que prevé la creación de nuevos juzgados, fiscalías y defensorías. Nuestra provincia sumaría -según el rearmado- cinco jueces, tres fiscales y un defensor. El proyecto prevé la creación de 89 juzgados en todo el país con competencia en lo penal, principalmente para juzgar sobre delitos vinculados al narcotráfico. Además, la iniciativa incluye la creación de 66 nuevas fiscalías y unas 23 defensorías. De esta manera se buscará que haya juzgados específicos y no los multifueros que existen en distintas provincias. Los concursos para cubrir los nuevos cargos, según la ley, deberían estar listos en seis meses. El Gobierno presentó hace algunas semanas un proyecto de reestructuración de la Justicia Federal que prevé, entre otras cosas, la creación de nuevos juzgados, fiscalías y defensorías federales en todo el país con exclusiva competencia penal para perseguir, principalmente, el narcotráfico. De acuerdo con el nuevo esquema, Entre Ríos sumaría cinco jueces, tres fiscales y un defensor.

El Gobierno lanzó un plan para la creación de nuevos juzgados, fiscalías y defensorías federales en todo el país con exclusiva competencia penal.

El proyecto enviado recientemente al Congreso plantea la creación de 89 juzgados en todo el país con exclusiva competencia penal para combatir, principalmente, delitos de narcotráfico; también contempla la creación de 66 fiscalías y 23 defensorías. En el nuevo esquema, Entre Ríos sumaría cinco jueces, tres fiscales y un defensor, publicó Página Judicial.

“Hoy la lucha contra el narcotráfico es una política de Estado y uno de los principales objetivos de mi gobierno”, expresó el presidente Mauricio Macri en la presentación del proyecto ante los gobernadores, en el Centro Cultural Kirchner.

Por su parte, el senador nacional Pedro Guillermo Guastavino (PJ-Entre Ríos) sostuvo que “se dará tratamiento a la iniciativa del Gobierno, que surge en el marco de la lucha contra el narcotráfico y propone el nombramiento de jueces federales para cubrir, sobre todo, los juzgados en las zonas más calientes, que son las del norte argentino”.

Guastavino se refirió también a la repercusión que el proyecto tendría en la Entre Ríos: “En el interior del país hay juzgados que se denominan multifueros, es decir, aquellos que tienen un juez que atiende las distintas cuestiones que tengan que ver con la justicia federal. Entre Ríos también tiene juzgados multifueros y en esos casos se va a ampliar el número de juzgados para que en la Secretaría Penal se incorpore un juez federal que específicamente se ocupe de los temas de narcotráfico, trata de personas, contrabando y demás”. De allí surgiría la creación de cinco nuevos juzgados federales.

En principio, el proyecto prevé la declaración del estado de emergencia de la justicia federal con asiento en las provincias por el tiempo que lleve la puesta en vigencia del nuevo esquema.

Por lo demás, el plan prevé que los juzgados federales del interior del país, que en su mayoría reúnen en un solo juez múltiples secretarías con diversas especialidades (penal, civil, laboral, previsional, contencioso, electoral, etcétera), alberguen el trabajo de más de un juez. Entonces, cada secretaría sería elevada al rango de juzgado y se le daría al magistrado la posibilidad de elegir con qué especialidad se queda. En el resto se llamaría a concurso para elegir un juez para las otras especialidades.

Esos concursos, según la nueva ley, deberán estar listos en seis meses y tendrán una sola instancia de examen oral ante el Consejo de la Magistratura.

Mientras tanto, a los actuales magistrados se les dará la posibilidad de elegir con qué especialidad se quedan. Por ejemplo, el Juzgado Federal de Victoria –todavía no habilitado y sin juez– es multifuero, es decir, tiene competencia Penal, Correccional, Civil, Comercial, Laboral, Previsional, Contencioso Administrativa y de Ejecuciones Fiscales. En su caso, el juez deberá manifestar si desea asumir la competencia penal o si decide hacerse cargo de las competencias no penales.

El proyecto, presentado hace algunas semanas en el Congreso, fue elaborado a partir de un estudio realizado por la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Juan José Benítez, tras recorrer el país y relevar las causas penales en las distintas jurisdicciones. El estudio calculó que la puesta en marcha del nuevo esquema judicial insumirá un costo de 363 millones de pesos.
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