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08/11/2018 -  tiempo  5' 31" - 385 Visitas El cura está imputado por falso testimonio, en una causa derivada del proceso contra el cura Ilarraz Un grupo de padres de la Escuela Parroquial de San Benito pide que saquen al cura Mario Gervasoni
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A Gervasoni se le imputan dos delitos, “falsedad” y “reticencia” en la declaración como testigo en la causa Ilarraz.
Un grupo de padres, cuyos hijos asisten a la Escuela Parroquial San Benito Abad, de San Benito, pidieron a la Iglesia que el cura Mario Gervasoni sea apartado de su función de capellán a cargo de los niños que asisten a ese colegio. Gervasoni está a punto de sentarse en el banquillo de los acusados por el delito de falso testimonio. La presentación fue dirigida al sacerdote José Carlos Badano, delegado episcopal de Educación del Arzobispado de Paraná. “Como padres no queremos arrepentimientos, ni pedidos de disculpas luego, cuando es tarde y el daño está hecho. Queremos que ahora el padre Mario Gervasoni sea retirado de la Capellanía del Colegio de nuestros hijos hasta que la Justicia se expida sobre él y se demuestre su inocencia”, dice el pedido de los padres, que fue publicado este jueves por Entre Ríos Ahora.

“Nos duele como padres que expongan a nuestros hijos, sabiendo el daño espiritual y moral que puede infligir una persona que aún está sospechada por la Justicia. Nos parece gravísimo que los sacramentos dela Reconciliación, de la Eucaristía y la vida espiritual de nuestros chicos estén en sus manos, nos preguntamos si es un referente que puede incidir en la educación de los niños y adolescentes. ¿Él predica a Jesús, aconseja, les habla de valores? Si supuestamente es capaz de mentir o de ocultar la verdad en una causa donde la integridad de aquellos entonces niños fue brutalmente mancillada, ¿qué podemos esperar nosotros?”, se preguntan los padres.

La investigación

El 26 de septiembre último, la jueza de Garantías Marina Barbagelata resolvió la remisión a juicio oral de la causa por falso testimonio que tiene como imputado al cura Mario Javier Gervasoni, secretario privado del arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari.

A Gervasoni se le imputan dos delitos: “falsedad” y “reticencia” en la declaración como testigo en la etapa de instrucción de la causa que investigó los abusos y corrupción de menores del cura Justo José Ilarraz en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, de Paraná, Ilarraz terminó condenado a 25 años de cárcel.

El secretario privado de Puiggari declaró el 8 de abril de 2015 en los Tribunales de Paraná. Entonces no contó todo lo que sabía del caso Ilarraz y de los abusos en el Seminario, según entiende la Procuración. Esa situación quedó en evidencia luego de los testimonios de Hernán Rausch, una de las víctimas de Ilarraz, y de los testigos José Carlos Wendler y Leonardo Tovar, quienes serán citados como testigos en el juicio que se le hará a Gervasoni. También fueron ofrecidos como testigos por el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull los sacerdotes José Estanislao Zapata y Jorge Charreun, y el abogado Milton Ramón Urrutia.

La jueza Barbagelata rechazó un planteo de nulidad que hizo el representante legal de Gervasoni, el abogado Guillermo Vartorelli durante la audiencia que se desarrolló este miércoles en Tribunales. Vartorelli pidió incorporar como prueba un acta firmada por el vicecanciller de la curia, José Rodríguez, con un “juramento de fidelidad” por parte de Gervasoni a la Iglesia, elemento que lo pondría a salvo de cualquier acusación de retacear información sin antes ser relevado del secreto profesional del oficio de cura.

El Ministerio Público Fiscal acusa al secretario privado de Puiggari por “haberse pronunciado con falsedad y reticencia, ocultando datos al juez, datos que no podía ignorar por el rol protagónico de secretario del arzobispo, con quien convive” en la residencia episcopal de la Costanera Alta. Fue cuando Gervasoni declaró como testigo en la causa Ilarraz, en 2015. Como para la Fiscalía se encontraría ya acreditado el delito, durante la audiencia de hoy ya hizo el adelanto de pedido de pena que hará para el cura: prisión condicional de 1 año y 6 meses por el delito de falso testimonio.

Ramírez Montrull aseveró en la audiencia ante la jueza Barbagelata que la posición de Gervasoni quedó desacreditada tras los testimonios que hicieron en la etapa de instrucción y en el juicio oral a Ilarraz los testigos Leonardo Tovar, José Carlos Wendler, Ramón Zapata, Jorge Charreun y el abogado Milton Urrutia. Y citó un incidente que protagonizó Rausch, víctima de Ilarraz, quien se desempeña como administrativo en el Colegio del Huerto, cuando Gervasoni se presentó en esa institución –lindante con la curia- y le pidió de modo destemplado: “No te metas con Puiggari”.

También hizo mención a una charla, que relataron varios testigos, que ocurrió en el Seminario y que tuvo como protagonista secundario al cura cordobés Néstor José Pucheta, cuando amenazó con denunciar lo que sabía de los abusos de Ilarraz si las autoridades de la Iglesia seguían negándole la ordenación sacerdotal. De esa charla, dijo Ramírez Montrull, fueron testigos Wendler, Zapata, Charreun y el propio Gervasoni.

Vartorelli intentó plantear la nulidad de la declaración que hizo Gervasoni en abril de 2015 en la etapa de instrucción de la causa Ilarraz, aunque sin éxito. La jueza lo rechazó. El defensor arguyó que el cura estaba amparado por el secreto del oficio para no contar todo lo que sabía. “Si bien es cierto que parte de la declaración versó sobre cuestiones ocurridas en el Seminario, mientras Gervasoni era estudiante, también es cierto que gran parte de la declaración, con solo leerla, vemos que numerosas preguntas fueron ya relacionadas con lo que pudo haber conocido durante el desempeño en el cargo de secretario de Puiggari”, sostuvo. “No se planteó en ningún momento relevarlo del secreto. Entendemos que debe declarase nulo el acto testimonial”, completó.

Contestó el fiscal que no podría tener cabida el argumento del “secreto del oficio” por cuanto Gervasoni declaró a sabiendas de que era un “deber cívico que tiene todo ciudadano” y se les advirtieron de las eventuales penalidades ante la falsedad de sus dichos. “Se le recibió declaración con todas las garantías. Y se le hizo notar la importancia del deber cívico de declarar. No tenía ningún deber de guardar secreto. En su declaración fue reticente”, observó Ramírez Montrull.

“¿El secreto para qué? -preguntó el fiscal-. ¿Para resguardar al arzobispo? Pero el arzobispo declaró, aunque lo hizo por escrito, y no alegó ningún secreto cuando declaró en la causa Ilarraz. Acá no se afectó ninguna garantía que amerite nulidad”.
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