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08/11/2018 -  tiempo  1' 22" - 261 Visitas Deberá ser reglamentada Fue promulgada la ley que establece un Protocolo de actuación ante casos de abuso sexual infantil
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Se establecerá un protocolo.
Bajo el numero 10.629 quedó promulgada la ley que fija Protocolos Interinstitucionales de Actuación como “mecanismo institucional para los casos de abuso infantil”. Además, la norma crea un Observatorio Interinstitucional para el seguimiento de la aplicación del Protocolo, que estará integrado “por un referente de cada una de las instituciones signatarias del mismo”, y será coordinado “por el representante del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf)". Resta que se determine, mediante la reglamentación, cuál será la autoridad de aplicación. Se trata de una ley que surgió del proyecto de autoría del senador Ángel Giano (FPV-Concordia), que tiene como coautores a los senadores Lucas Larrarte y Pablo Canali. Recibió sanción definitiva el 3 de octubre pasado y el Poder Ejecutivo lo promulgó el 19 de ese mismo mes, bajo el número 10.629.

La ley establece “como mecanismo institucional para los casos de abuso infantil, el mecanismo de Protocolos Interinstitucionales de Actuación”. Además reconoce como “protocolo aplicable, el último aprobado por las instituciones signatarias y ratificado por Decreto del Poder Ejecutivo”. Tal decreto data de 2010. Con la ley se buscó “darle mayor jerarquía al Protocolo y garantizarlo como política de Estado, es decir darle continuidad y obligación de cumplimiento”, explicó el autor de la iniciativa al momento de ser sancionada.

En tanto, la ley crea el Observatorio Interinstitucional de Seguimiento de Aplicación del Protocolo, que estará integrado “por un referente de cada una de las instituciones signatarias del mismo”, y será coordinado “por el representante del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), con la finalidad de monitorear el efectivo cumplimiento de las pautas allí establecidas”, consignó Apf.

La norma otorga al Poder Ejecutivo un plazo máximo de 90 días para que fije “por vía de la reglamentación, la autoridad de aplicación” de la ley. Por último, invita a adherir a municipios y comunas.
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