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09/11/2018 -  tiempo  10' 38" - 659 Visitas El presidente del STJ habló de todos los temas Castrillón: “Poner en el tapete a los organismos de control hace bien para que haya una diferencia de actitud”
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Emilio Castrillón analizó el funcionamiento del Poder Judicial.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón, analizó todos los temas que hacen a la actividad del Poder Judicial provincial y sin tapujos ni medias tintas brindó sus opiniones respecto del juicio por jurados, las limitaciones al juicio abreviado, las causas por corrupción, el control de los empleados y las designaciones de magistrados y funcionarios, entre otros. En ese marco, aunque prefirió “no polemizar”, reiteró su reclamo de mayor celeridad en el Consejo de la Magistratura para ocupar las vacantes, ya que “en el caso de los fiscales viene atrasado”. Acotó que “las suplencias de empleados está en no más de dos o tres por ciento y la cobertura de los cargos de carrera se efectúa en no más de 45 días”. Sobre el rol de la Fiscalía de Estado en las investigaciones por corrupción y el accionar de los organismos de control, afirmó que “existe una manifiesta incompatibilidad en determinadas cosas, más allá de que si exista alguna irregularidad o no” y lamentó que “se deja traslucir que se entremezclan sociedades anónimas con controles del Estado, con funcionarios del Estado, con representantes del Estado”. Sobre esto, opinó que “poner en el tapete a los organismos de control hace bien para que, por lo menos, haya una diferencia de actitud de estos organismos, que hasta hace meses no aparecían”.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Castrillón reconoció la complejidad de la conformación de la Cámara de Casación Penal de Concordia ya que “era un tema que parecía simple y después aparecieron intereses cruzados que se tomaban como políticos y que en definitiva obstaculizaban llegar al objetivo que era poner en marcha esta sala de Casación, que se había tomado la resolución que se ponga en funcionamiento”.

Agregó que “la composición provisoria era fundamental, porque siempre se toma que sean de la zona de localización del organismo, en este caso había abogados notables de fuera de la zona lo que agregaba una cuota distinta a lo que normalmente ocurre con este tipo de organismos”. “Es un organismo muy importante porque es prácticamente la última herramienta de resolución de los problemas penales”, definió.

En cuanto a la posibilidad de incorporar abogados de Paraná para su formación, aclaró: “Yo nunca lo propicié; lo que dije es que si alguien se proponía o lo proponía la Sala, yo no tenía por qué no votarlo” y mencionó como ejemplos lo sucedido con Guillermo Mulet y Julio Federik.

En ese marco, admitió que “teniendo en cuenta que el Consejo de la Magistratura y el Ministerio de Gobierno ponen en marcha el proceso de selección definitiva de los jueces de Casación, aparece como más prudente que quienes conocen la jurisdicción, a los empleados que deben reestructurarse, y demás; sean los que den el puntapié inicial”.

Consideró al respecto “que la solución, que puede gustar más o menos, teniendo en cuenta la provisoriedad de esto y que el Consejo de la Magistratura ya está en marcha, que todos los designados provisoriamente van a rendir, que los no designados también van a rendir, y que los senadores darán acuerdo; quedará establecido en forma definitiva”.

Obras

Por otra parte, Castrillón puntualizó que “para el anexo del Superior Tribunal se viene hace 10 años juntando los terrenos, a partir de expropiaciones, buscando dejar liberada la posibilidad de efectuar el anexo de Tribunales sobre calle Santa Fe pero no en el edificio que tenemos en la actualidad”.

“Es un edificio totalmente nuevo que está previsto que contenga a los Ministerios Públicos, que consta de dos subsuelos y siete plantas, que no se podía iniciar porque quedaba un inmueble ocupado por un laboratorio de la provincia que era de difícil traslado. Pero gracias a la ministra de Salud (Sonia Velázquez), a la decisión del gobernador y sobre todo al doctor Germán Coronel se pudo desocupar ese lugar y llevar adelante el proceso licitatorio de ese anexo que no tiene nada que ver con el tercer piso del edificio de tribunales que antes de fin de año estará terminado”, describió.

Informó que en la actualidad el Poder Judicial abona “entre 32 y 33 alquileres en Paraná, de entre 54 y 58 en la provincia” aunque no pudo precisar el monto concreto de la inversión.

Sobre la obra en cuestión, analizó que “el país cambió económicamente, no existe el circulante que antes había, y se había pensado en la posibilidad de créditos internacionales a largo plazo”.

Acotó que “el de Gualeguaychú es el más costoso, porque es un edificio cuyo costo ronda entre los 230 y 260 millones de pesos” y destacó que “en cualquiera de los casos, los alquileres que se pagan en las jurisdicciones entre 17 y 22 años amortizan el pago del costo de los edificios nuevos; y si hubiera una operatoria mundial con intereses moderados y en plazos normales que son 20 años, estaríamos en condiciones de ir cambiando los alquileres por edificios propios prácticamente con los mismos costos”.

Control de asistencia del personal

Consultado por los cambios que produjo la utilización del nuevo sistema de control de asistencia, aclaró que “los molinetes y el control ya estaban” cuando asumió como presidente del STJ. “Yo dispuse que se pongan en funcionamiento y hasta donde era la atención que hacen afuera los jueces, y también afinar el control por parte del personal de días y horarios de concurrencia, y la carga horaria trabajada en cada organismo por cada empleado para saber a ciencia cierta la cantidad de trabajo declarada y el personal, y en su caso si es necesario que el personal por un atraso circunstancial o exceso de carga efectúe el trabajo en el horario de tarde previsto en la organiza del Poder Judicial”, refirió.

Ante esto, aseguró que “el panorama cambió mucho, la gente se habituó y está mucho mejor”

Críticas de Miguel Ángel Cullen

Luego de que el abogado del diputado nacional Juan José Bahillo en la causa por los contratos truchos de la Legislatura, Miguel Ángel Cullen, deslizara sospechas sobre los gastos reservados del Poder Judicial, Castrillón explicó que “hoy la partida de gastos reservados es de cero pesos”.

“Cullen hace su trabajo, y se refería a un sector del Poder Judicial que no estuvo involucrado en el tema de los gastos reservados. Cuando se produjo aquel problema con la salida de (el ex vocal Carlos) Chiara Díaz, los legisladores anularon la partida de gastos reservados que nos traía más problemas que beneficios”, sentenció.

Ocupación de cargos

Consultado al respecto, el magistrado afirmó que “las suplencias de empleados está en no más de dos o tres por ciento y la cobertura de los cargos de carrera se efectúa en no más de 45 días con un sistema que ideó Personal, la Superintendencia y el gremio”.

“En el caso de los jueces se avanzó mucho aunque quedan pendientes, y en el caso de los fiscales viene atrasado pero no quero polemizar más sobre esto y que cada uno cumpla la función que debe cumplir”, agregó. “El Consejo de la Magistratura no es un órgano dependiente del procurador, y aunque al procurador no le guste el Consejo de la Magistratura debe llamar a concurso, dándole más agilidad. Y la limitante de que no hay jurado; si se ve Formosa, Corrientes, Chaco y Santa Fe verá que el 50 por ciento de los jurados son magistrados nuestros”, analizó.

En ese contexto, mencionó un crecimiento de denuncias judiciales que “se está midiendo” porque “hay materias en las que se fue dando de manera natural y cultural porque había delitos que antes no se denunciaban y ahora si se están denunciado, como la violencia familiar, violencia doméstica o la vulnerabilidad de los menores”.

“Al encontrar recepción en la justicia y los organismos administrativos la gente se anima a denunciar para buscar soluciones o terminar con los problemas, pero hay otros casos de litigiosidad que son estacionales, en épocas de bonanza económica los tema laborales y los concursos son menores, en tiempos de problemas económicos estos temas crecen. Por eso, si hay algo que buscamos es mantener estadísticas al día para poder medir la cantidad de empleados y de organismos que necesitamos para atender la demanda, pero hoy no tengo la certeza de que algún organismo esté desbordado y no pueda cumplir con la prestación esencial del servicio de justicia”, sentenció.

Juicio abreviado

“La mayoría de los penalistas, de la defensa o los Ministerios Públicos son reticentes a que se fije para un tipo de delito el no abreviado, y están porque una determinada cantidad de pena no vaya a juicio abreviado. Eso sería lo óptimo pasa que el Código Penal está en reforma, tiene normas y sanciones para delitos que hoy son importantes y que antes no lo eran. Después de 100 años de Código Penal se ha modificado la evaluación de la necesidad de respuesta de la Justicia para resarcir el daño que sufre la sociedad o un damnificado”, analizó Castrillón.

Consideró al respecto que “lo que hay que fortalecer es la figura del querellante, la participación del damnificado o víctima, la posibilidad de ser escuchado de la víctima, y esto se dará en una modificación necesaria que debe tener el Código de Procedimiento acusatorio penal que el año próximo va a cumplir 10 años desde que se comenzó a aplicar”.

“Deben ajustarse varias cosas referidas al procedimiento, a su elongación, a la elongación de la Investigación Preliminar, porque se le da o no velocidad a las causas, y demás”, explicitó.

“Uno de los delitos más aberrantes es el ataque contra la libertad sexual y más aún el femicidio, por eso el juicio abreviado constituye un privilegio para los violadores y no estoy de acuerdo en que se aplique el abreviado a un violador, pero los expertos plantean que no se debe diferenciar por tipo de delitos para aplicarlo”, sentenció.

Juicio por jurado

Sobre este tema, opinó que “está bien la participación” y remarcó que “el sistema acusatorio no se inventó en Ente Ríos, sino que lo tomó el país y lo tiene Estados Unidos”.

“El juicio por jurado puede ser beneficio en los casos importantes, aunque también es necesaria la infraestructura, y la clave está en qué delitos son los que se van a someter a la consideración dl jurado popular. En cualquiera de las provincias que lo ha puesto en marcha funciona bien, pero los casos anuales rondan los cinco o seis, y no es lo normal”.

Estructura necesaria para encarar las causas de corrupción

Ante esta temática, el magistrado recordó que “según la Constitución, el Poder Judicial de la provincia está representado por el STJ, pero no obstante ello tienen independencia funcional y cumplen sus funciones con autonomía, los Ministerios Públicos, quienes pueden solicitar la participación o colaboración de los profesionales de otros organismos en materia jurisdiccional que dependen del STJ”.

Específicamente respecto de la causa que investiga los contratos truchos de la Legislatura, afirmó que “en este caso no hubo ninguna solicitud” y explicitó que “en el Superior Tribunal tenemos muchos contadores: entre los que tienen función de contador y los que tienen título de contador tenemos unos 50 en Paraná, y si alguien en el marco de cualquier investigación plantea que le serviría alguno, puede solicitarlo, se evalúa y se lo pone a disposición, porque la intención de todos es resolver cuanto antes esto”.

El rol de la Fiscalía de Estado como actor civil en causas de corrupción

Castrillón ratificó su postura respecto de la necesidad de que la Fiscalía de Estado actúe más activamente en causas de corrupción: “No voy a cambiar nada mi posición pero cada uno sabe cuál es su obligación y los profesionales y representantes del pueblo también lo saben”.

En ese marco, criticó las “explicaciones” que dio la ministra de Gobierno, Rosario Romero, en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral): “Justificar que está a resultas del informe que le bride el fiscal de Estado cuando ya había dicho que el fiscal de Estado es un órgano de control interno porque es síndico, me deja sin respuestas. Sé la capacidad de ellos, y porqué lo dicen. Eso lo tiene que resolver cada uno en su ámbito”.

“Existe una manifiesta incompatibilidad en determinadas cosas, más allá de que si existe alguna irregularidad o no, pero evidentemente estas cosas dejan traslucir que se entremezclan sociedades anónimas con controles del Estado, con funcionarios del Estado, con representantes del Estado. Esto capaz viene de hace muchos años y no me aparece como regular”, apuntó.

“Creo que el tema de poner en el tapete a los organismos de control hace bien para que por lo menos haya una diferencia de actitud de estos organismos, que hasta hace meses no aparecían”, concluyó.

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