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09/11/2018 -  tiempo  4' 14" - 2082 Visitas A raíz de una causa por estafas en Nogoyá Por la denuncia de un fiscal, imputaron a un abogado paranaense por mal ejercicio de una defensa
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Milton Urrutia.
Desde la Fiscalía de Nogoyá citaron al abogado Milton Urrutia, en calidad de imputado, a prestar declaración, previa designación de un defensor, en el marco de una causa en la que se investigan estafas reiteradas contra unos 25 daminificados. Algunas de estas personas defendidas por el letrado aseguraron que Urrutia “a través de comunicaciones telefónicas, mensajes y personalmente, empleó diversos ardides mediante los cuales causó temor, inducción a error y desprendimiento patrimonial en perjuicio de ellos y beneficio propio”. La situación motivó la presentación de una denuncia por parte del fiscal Rodrigo Molina. La notificación enviada a Urrutia lleva la firma de Guillermo Federico Uriburu, fiscal suplente de la jurisdicción Nogoyá. Puntualmente, el letrado paranaense deberá presentarse el miércoles 1 de noviembre a las 9.

La medida adoptada se enmarca en una causa por la presunta comisión del delito de estafas reiteradas contra Mónica García, Fernando López Durán y otros, en la cual hay alrededor de 25 damnificados.

El hecho a investigar, según la denuncia, son “las circunstancias por las cuales Urrutia, en el desempeño de su función de representante de los querellantes particulares, a través de comunicaciones telefónicas, mensajes y personalmente, empleó diversos ardides con algunos de sus representados, mediante los cuales causó temor, inducción a error y desprendimiento patrimonial en perjuicio de ellos y beneficio propio, perjudicando los intereses que le fueran confiados en virtud de su función dentro del proceso penal”.

Puntualmente, los defendidos por Urrutia, según el escrito de apertura de causa, señalaron que “los tomó por sorpresa el anoticiamiento de la realización del juicio”, en tanto creían que el mismo “no se realizaría según les habían manifestado sus abogados querellantes y que incluso pensaban no concurrir, aunque después de común acuerdo mediante comunicación telefónica que mantuvieron decidieron asistir a la convocatoria y escuchar de qué se trataba”.

“Que luego de explicarles el motivo de la citación, algunos de ellos refirieron sentirse sorprendidos y engañados por sus abogados quienes no les habían manifestado nada”, se expone en el texto

Puntualmente, se alude al testimonio de Carlos Holstein, quien manifestó en sede tribunalicia “sentirse presionado por sus abogados, señalando que estos le habían pedido a cada uno de los damnificados 15.000 pesos para concurrir al juicio” y que “de lo contrario no habría juicio porque sin ellos el juicio no se podía hacer”. Esto fue confirmado, entre otros, por María Rosa Telleria, Rubén Dario Muñoz, Juan Osmar Zarate, Arnoldo Karst, Beatriz Minardi, Juan Osmar Zarate, Jorge Santiago Karst y Miguel Angel Pessarini.

Estas personas también explicitaron que “sus abogados les manifestaron que si ellos no iban no habría debate, en consecuencia les indique y les aclare sobre este punto, diciéndole que el juicio no dependía de la voluntad de los abogados querellantes, que podía hacerse igualmente, que para eso el Ministerio Público Fiscal había trabajado durante tanto tiempo en la investigación”.

El fiscal Molina expuso que a los damnificados les habían señalado que, si ellos no concurrían, el funcionario judicial “asistiría al debate y plantearía el caso en el tribunal con los denunciantes que quisieran concurrir”.

“Ante lo cual algunos de ellos me manifestaron que estaban engañados, que muchos de los denunciantes querian concurrir al juicio, pero no estaban en condiciones economicas de conseguir ese dinero para los abogados por lo cual consideraban que la única opcion que les quedaba era desistir del juicio y arreglar con los imputados, mediante acuerdos economicos que contenian propuestas muy por debajo de sus pretenciones”, aseveró Molina en su denuncia.

De acuerdo al texto presentado, “destacaron que previamente les habían entregado sumas dinerarias como adelanto y que hacía unos días también les habían entregado 500 pesos cada uno de los denunciantes para sacar fotocopias de un expediente que tramita en Buenos Aires y, según lo que sus abogados les manifestaron, esa prueba era solicitada por el fiscal y era fundamental para poder seguir el juicio”.

También expresaron, según la denuncia del fiscal Molina, “que se sentían preocupados porque les habían hecho firmar un convenio sobre honorarios, donde se establecía que los mismos debían pagarles un porcentaje del monto que cada uno de los denunciantes lograra acordar con los imputados como reparación económica”.

Sobre el final de la presentación, Molina indicó que “los abogados siempre les manifestaron que el juicio no podía seguir adelante sin los querellantes, razón por la cual se encontraban en una situación delicada, en tanto consideraban que si no conseguían el dinero corría riesgo la realización del juicio”.

“Refirieron que sus abogados (Urrutia y otro letrado de apellido Pérez) les solicitaban dinero en forma reiterada para solventar supuestos gastos de sellado, tasas y otros ‘gastos judiciales’ que no se reflejan en el legajo de investigación”, concluye el escrito.
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