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05/12/2018 -  tiempo  8' 51" - 1785 Visitas Se consideró que corresponde juicio político En su rol de presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Lara rechazó la denuncia de mal desempeño contra el procurador García
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La denuncia contra García fue presentada el 21 de noviembre y ampliada el 29 de ese mes.
En su carácter de presidente del Jurado de Enjuiciamiento, el diputado provincial Diego Lara (PJ) rechazó la denuncia por mal desempeño contra el procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge García, formulada por el abogado de Victoria Carlos Reggiardo. Según pudo saber ANÁLISIS DIGITAL, el legislador entendió que no es el Jurado de Enjuciamiento el ámbito para un trámite de esta naturaleza, sino que la vía es el juicio político. Si se da curso a la denuncia, García podría enfrentar un proceso similar al que atravesaron, con distinta suerte, la vocal del STJ Claudia Mizawak y el ex miembro del alto cuerpo Carlos Chiara Díaz. De ANÁLISIS DIGITAL

La denuncia contra García fue presentada por Reggiardo el 21 de noviembre. Allí el letrado aludió a los mecanismos previstos en los artículos 218 y concordantes de la Constitución provincial y a la Ley 9.283, que regula los procesos de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales.

El diputado Lara, que ejerce la presidencia del Jurado de Enjuciamiento, rechazó la presentación al considerar que el proceso que corresponde para analizar el desempeño del jefe de los fiscales es el de juicio político.

Argumentos

En los considerandos de su decisión, Lara observó que “a diferencia de lo que acontece con los demás miembros del Poder Judicial en donde nuestra Constitución claramente determina su forma de remoción” en lo que “respecta al Procurador General y al Defensor General, se advierte la ausencia de normas que indiquen indubitadamente el procedimiento al que se encuentran sometidos los titulares del Ministerio Público cuando existe un pedido de remoción”, y diferenció que esta situación “no sucede en el resto de las constituciones provinciales, en donde la remoción del Procurador General se sustancia a través del Juicio Político”.

“En otras palabras, existe una omisión en el plexo normativo de la Constitución, un vacío legal en este sentido”, señaló sobre el caso entrerriano, tras lo cual realizó un análisis argumentando al por qué del juicio político como vía idónea para tramitar una denuncia contra el procurador.

“Si bien es cierto que nuestra Constitución Provincial, no incluye expresamente en el artículo 138° al Procurador General dentro de la nómina de `sujetos a Juicio Político´, no puede soslayarse que tampoco lo hace en los artículos 194°, 201° y 219° cuando determina cuáles son los funcionarios que deben someterse al Jurado de Enjuiciamiento. En igual sentido, la Ley provincial N° 9.283 establece quiénes quedan sujetos a la jurisdicción del Jurado de Enjuiciamiento, en sus artículos 1° y 2°, dejando al margen al Procurador General como sujeto enjuiciable por este órgano”, detalló.

Y subrayó: “En esta línea argumental queda claro que el convencional constituyente ha omitido establecer el procedimiento aplicable a la remoción del titular del Ministerio Público Fiscal, con lo cual se presenta un fenómeno de laguna jurídica, que debe resolverse realizando una interpretación extensiva, ampliando el alcance de una norma cercana”. Según entendió, “la norma cercana es sin lugar a dudas el artículo 138° de la Constitución Provincial”, que dispone que “están sujetos a juicio político, el gobernador, vicegobernador, los ministros del Poder Ejecutivo, los miembros del Superior Tribunal de Justicia y el Defensor del Pueblo”.

Esto es así, ya que “en primer lugar en que el Procurador General es parte integrante del Poder Judicial, atento lo establece expresamente el artículo 207 de la Constitución Provincial, pero además, a partir de la reforma constitucional de 2008, el Ministerio Publico es un órgano autónomo en sus funciones, en donde quienes presiden ambas ramas del mismo, tanto el Procurador General como el Defensor General son equiparables en jerarquía a los Vocales del Superior Tribunal de Justicia; conclusión ésta que encuentra apoyo normativo expreso en el art. 175 inc. 16° de la Constitución, en lo que refiere a su forma de designación y en el artículo 188° que les exige los mismos requisitos que a los miembros del Superior Tribunal de Justicia”, fundamentó.

Y añadió: “Es por ello, que debe tenerse en cuenta la génesis de la designación del funcionario aquí denunciado, puesto que el Procurador General y el Defensor General, al igual que los vocales del S.T.J, son designados por el Poder Ejecutivo, sin intervención del Consejo de la Magistratura y con acuerdo senatorial”.

“La mentada equiparación que el constituyente le asigna al Procurador General con los miembros del S.T.J., fue receptada consecuentemente por el legislador al sancionar la Ley N° 10.407 Orgánica del Ministerio Publico de Entre Ríos, determinando en su artículo 14° que `el Procurador General de la Provincia y el Defensor General de la Provincia serán inamovibles en su cargos mientras dure su buena conducta, estando sujetos a las mismas incompatibilidades y gozando de iguales inmunidades que los miembros del Superior Tribunal de Justicia´”, abundó.

Asimismo, recordó que con la reforma constitucional de 2008 “se independizó claramente a los Ministerios Públicos” -en el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa-, por lo que “esta independencia que se le otorga al Ministerio Público es la que coloca a sus titulares como sujetos enjuiciables en su responsabilidad política, no ya en manos del órgano del Jurado de Enjuiciamiento como lo son el resto de sus integrantes, sino mediante el procedimiento del Juicio Político en el ámbito de la legislatura al igual que los vocales del Superior Tribunal de Justicia. Sin dudas, y pese a haberse omitido su inclusión en el art. 138 de la C.P., este fue el espíritu de los convencionales que tuvieron a su cargo la redacción del actual artículo 207°”.

Otra de las razones esgrimidas por el presidente del Jurado de Enjuiciamiento se basa en el rol de “acusador” que tiene el Procurador “de los sujetos enjuiciables a través del Jury, según lo determina el artículo 27° de la propia Ley 9.283, siendo parte integrante de este procedimiento, lo que evidencia que la ley provincial no consideró al Procurador General como sujeto removible a través del Jurado, ya que de lo contrario debería acusarse a sí mismo”.

“No sería entonces posible concebir de qué modo funcionaría el mecanismo de acusación en el marco del Jurado de Enjuiciamiento cuando el sometido a Jury fuera el propio Procurador General, titular del Ministerio Público Fiscal, encargado de ejercitar la acusación cuando corresponde; máxime cuando esta función es `indelegable´ según lo marca la Ley Orgánica del Ministerio Publico en su artículo 17° inciso f); no obstante, y aún cuando se intentara ensayar una solución diferente, el artículo 43° de la Ley 9.283 establece que en ningún caso el juicio podrá durar mas de seis meses desde que el Jurado decida la formación de la causa hasta la sentencia definitiva, por lo que difícilmente podría materializarse el efectivo juzgamiento al Procurador General, dado que no podría resolverse el cambio de la titularidad subjetiva de la acusación en ese plazo”, concluyó.

La denuncia

El Jurado de Enjuiciamiento está compuesto por tres vocales del STJ, un diputado, un senador y dos miembros del Colegio de Abogados. En el juicio político, en cambio, es el Poder Legislativo el que evalúa la conducta puesta en discusión. Puntualmente, la Cámara de Diputados ejerce el rol acusatorio, mientras que el Senado actúa como tribunal. En este proceso se establecen causales puntuales para disponer o no una remoción.

En su denuncia, Reggiardo enumeró una decena de supuestas causales, entre ellas la “falta de idoneidad” de García en razón de su ingreso al Poder Judicial durante la última dictadura militar, en 1979. También aludió al “incumplimiento en el deber de acusar” en el proceso de jurado de enjuiciamiento tras el cual resultó absuelto el juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, Carlos Rossi, acusado por disponer la libertad condicional de Sebastián Wagner, luego condenado por el crimen de la estudiante uruguayense Micaela García.

En otros puntos, Reggiardo señaló al procurador por “denegatoria al derecho constitucional a la información pública” en relación a designaciones efectuadas desde el organismo que conduce García, refirió como otra causal la designación de fiscales auxiliares sin concurso previo y expuso un cargo de “tráfico y abuso de influencias”.

Más adelante, el abogado señaló la “omisión e incumplimiento de la orden judicial de investigar” en relación a los funcionarios policiales que resultaron condenados por el delito de sedición por los hechos ocurridos en Concordia a fines de 2013, y marcó aspectos de la “vinculación con los medios de comunicación” del jefe de los fiscales, a quien acusó de motorizar “operaciones de prensa”.

Luego de su denuncia inicial, el 29 de noviembre, mediante un escrito, Reggiardo ratificó y amplio su presentación e incluso solicitó la suspensión del funcionario judicial.

Si prospera el trámite impulsado por el abogado victoriense, García deberá someterse a procesos similares a los que atravesaron, con distinta suerte, Mizawak y Chiara Díaz.

En el caso de la magistrada, en 2016, cuando era presidenta del alto cuerpo, fue denunciada por los abogados Rubén Pagliotto, Guillermo Mulet, Emilio y Jaime Martínez Garbino, Luis Leissa, María Emma Bargagna y Luciano Rotman. En enero del año siguente, la Cámara de Diputados, con el voto mayoritario del oficialismo, rechazó el juicio político contra Mizawak.

Chiara Díaz, por su parte, fue denunciado a mediados de 2016 por supuesto mal desempeño por Augusto Alasino, Héctor Maya, Aníbal Vergara, Hugo Berthet, Sergio Paz y Carlos Reggiardo. La presentación fue rechazada por la Cámara de Diputados, pero una formulada meses más tarde solo por Reggiardo sí prosperó y pasó al Senado. Cuando estaban comenzando las audiencias y se esperaba la comparencia de distintos testigos, en febrero de 2017, Chiara Díaz presentó la renuncia a su cargo.
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