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06/12/2018 -  tiempo  5' 37" - 202 Visitas Presentación en el Consejo de la Magistratura Carrió pidió el juicio político de los jueces que absolvieron a Menem por la causa armas
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La Coalición Cívica da cuenta de una "actuación direccionada a beneficiar al ex presidente Menem".
La diputada nacional Elisa Carrió pidió este jueves la remoción y el juicio político de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal que absolvieron al ex presidente Carlos Menem por la venta de armas a Croacia y Ecuador. En la presentación de 41 páginas ante el Consejo de la Magistratura, la legisladora -junto a sus colegas Paula Oliveto y Marcela Campgnoli- denunció por mal desempeño, pidió la suspensión y la remoción de los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques, por la "realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones". El fallo, teñido de una enorme polémica, fue resuelto por Casación a principios de octubre. Y fue acompañado por duras críticas de la líder de la Coalición Cívica, que lo vinculó a supuestas maniobras de encubrimiento por parte de un sector del gobierno al que relacionó con el ministro Germán Garavano.

Después de eso, la diputada, principal socia del presidente Mauricio Macri, presentó el pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, lo que desató una sucesión de chispazos con la Casa Rosada que todavía perdura.

En la presentación de este jueves, la Coalición Cívica da cuenta de una "actuación direccionada a beneficiar al ex presidente Menem, lo que configura -según el escrito- un evidente mal desempeño de sus funciones". Se refieren a las maniobras de las defensas de los imputados, de los plazos de la Justicia y de la presión del ex mandatario durante estos años.

"La causal de la presente denuncia radica en que ha existido, por parte de los magistrados Liliana Elena Catucci, Eduardo Rafael Riggi y Carlos A. Mahiques, la incursión en un supuesto de desvío de poder a través del dictado de la sentencia de fecha 4 de octubre de 2018 recaída en la causa nº CPE 33008830/1997/8/1/CFC2 en los autos 'Menem, Carlos S. y otros s/ casación'; la que resolvió hacer lugar a los planteos de los defensores relacionados con la violación a la garantía constitucional de ser juzgados en un plazo razonable, declarando la extinción de la acción penal y absolviendo en consecuencia a Carlos Saúl Menem, Diego Emilio Palleros, Manuel Cornejo Torino, Haroldo Luján Fusari, Carlos Alberto Núñez, Julio Jesús Sabra, Luis Eustaquio Sarlenga, Edberto González de la Vega, Carlos Jorge Franke, Jorge Antonio Cornejo Torino y Teresa Hortensia Irañetae Canterino, quienes fueran imputados y condenados por el delito de contrabando por la SalaI (con diversa integración) de la Cámara Federal de Casación Penal con fecha 5 de marzo de 2013", escribió a modo de presentación el equipo jurídico de la Coalición.

"La circunstancia de que el proceso de la causa en la que emitieran su fallo los Dres. Catucci y Riggi, se haya prolongado 19 años después que Menem cesó en el ejercicio de la primera magistratura, no contradice en modo alguno, el hecho evidente de que su dilación temporal ha sido producto de su injerencia política sobre el Poder Judicial. Esto, en tanto Menem continuó revistiendo el poder político suficiente para influir en la justicia a causa de dos factores: a) la influencia política y personal que continuó ejerciendo sobre muchos de los magistrados que él mismo se encargó de posicionar en puestos clave del Poder Judicial durante su década de gobierno, quienes continuaron en el ejercicio de sus cargos pese al cambio de gobierno; y b) la articulación de alianzas con el poder político de turno, luego de que cesara en su cargo. Sin embargo, los magistrados han obviado considerar estos factores de suma implicancia en el trámite de la causa", resaltaron desde la CC en la denuncia que publicó Infobae.

"En efecto, el 23 de octubre de 2005 Menem se presentó a elecciones para Senador Nacional por su provincia y obtuvo la banca correspondiente a la minoría, cargo público cuyo desempeño irregular mantiene hasta el presente. Si bien durante el comienzo del gobierno de los Kirchner, su relación con Menem aparentaba enemistad política, datos de las votaciones muestran que de 2005 a 2014, Menem estuvo ausente el 86,3% de los casos; en el 13,7% restante, es decir, cuando acudió al recinto para votar, en el 12,1% (correspondiente a 171 votaciones) votó a favor de los intereses del oficialismo , en 22 sesiones clave para sus intereses políticos. Así, de la totalidad de las sesiones en las que se presentó a votar, votó en un 88,32% a favor del oficialismo. Todo lo expuesto precedentemente constituye una insoslayable prueba respecto a la intervención cierta que ha tenido el imputado sobre el proceso durante todos estos años, coartando la independencia del Poder Judicial en beneficio propio. Pese a ello, los jueces Catucci y Riggi aplicaron al caso la doctrina judicial del 'plazo razonable', omitiendo valorar esta circunstancia decisoria. Cuando, como dijimos, la aplicación de la misma impone a los jueces la obligación de examinar la conducta del procesado como un elemento imprescindible a los fines de juzgar la demora del proceso", agregaron respecto del voto de los jueces Catucci y Riggi.

En el caso de Mahiques, padre de Juan Bautista Mahiques -colaborador del ministro Garavano y representante del gobierno en el Consejo de la Magistratura, el órgano que deberá decidir si impulsa o no la presentación de Carrió- "resulta absolutamente inverosímil sostener que Menem se encontraba completamente alienado de esta situación", subrayaron las diputadas en la denuncia en relación al voto del juez y su supuesto mal desempeño.

"En efecto, en el caso bajo examen se corroboró un hecho con una dimensión tal que poseía capacidad suficiente como para poner en peligro las relaciones y responsabilidad jurídica de la totalidad del país frente a la comunidad internacional; siendo pasible, incluso, de generar un conflicto bélico. Asimismo, dicha acción fue realizada en supuesta ejecución de instrucciones impartidas por el máximo jerarca de la organización estatal: se trató nada menos que de múltiples maniobras realizadas por una organización conformada por funcionarios estatales entre 1991 y 1995 -bajo la línea jerárquica de poder formal y real de Menem- con el objeto de trasladar 6.500 toneladas de material bélico de fábricas y unidades militares argentinas a países que se encontraban transitando situaciones internacionales de conflicto bélico y frente a las cuales la Argentina tenía una obligación jurídica internacional de no agravar ni interceder. Habida cuenta de ello, a contrario de lo considerado por Mahiques, resulta absolutamente inverosímil sostener que Menem se encontraba completamente alienado de esta situación", describieron.

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