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12/02/2019 -  tiempo  1' 41" - 328 Visitas Catorce entidades hablaron de “retroceso” Organizaciones alertaron a la CIDH sobre las fallas de la política migratoria argentina
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Alerta de entidades a la Corte Interamerinada de Derechos Humanos (CIDH).
Tras el decreto de expulsión de delincuentes extranjeros, 14 organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos alertaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por “la regresión en las políticas migratorias que implementa el gobierno argentino de Mauricio Macri. El pronunciamiento se realizó luego que dos provincias ­Jujuy y Santa Cruz­, tomaran dos medidas que violan la igualdad de derecho y la no discriminación de la población migrante”. “Tanto a nivel normativo como en las prácticas estatales, el país ha desarrollado medidas que restringen los derechos de las personas migrantes”, señalaron en una carta pública enviada a cuatro autoridades del organismo.

“Estos cambios normativos se dan en un marco de enorme retroceso en las políticas migratorias que se vienen llevando a cabo en el país y que restringen considerablemente los derechos de las personas migrantes, como la modificación por DNU de la ley Nacional de Migraciones en 2017”, expresó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones firmantes, refiriéndose al decreto presidencial que restringe las condiciones de permanencia de los extranjeros que delinquen en Argentina.

Las organizaciones firmantes mencionan el caso de una peruana madre de tres argentinos, Vanessa Gómez Cueva, quien “vivió en el país por más de 15 años, cumplió su condena en 2014 y aun así fue expulsada con su hijo menor y sin poder despedirse de los otros dos”.

Ambas disposiciones no sólo violan la Constitución y la Ley de Migraciones sancionada en 2003, “sino que también incumplen las obligaciones internacionales del Estado Argentino y retroceden en la garantía de derechos a esta población”, advirtieron las catorce organizaciones, publicó Perfil.

Según la presentación, el Poder Ejecutivo “intenta vincular la migración con el delito y fomenta la discriminación y la xenofobia hacia las personas migrantes”, señala el escrito dirigido al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, al relator sobre los derechos de los migrantes, el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, a la comisionada Esmeralda Arosemena de Trotiño y a la relatora sobre los derechos económicos, sociales culturales y ambientales, Soledad García Muñoz.
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