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15/03/2019 -  tiempo  9' 46" - 495 Visitas Causa contratos Cuáles fueron los argumentos de un lado y otro en la audiencia por las preventivas de Aguilera, Almada y Cardoso
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Fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro. (Fotos: ANÁLISIS DIGITAL)
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Defensores.
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Jueza Marina Barbagelata.
Los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro entienden que en la Legislatura están confeccionando la documentación que luego remite a la Justicia, en el marco de la causa de los contratos truchos. En la audiencia de este viernes para pedir las prórrogas de las prisiones preventivas de Juan Pablo Aguilera, Alejandro Almada y Sergio Cardoso, los representantes del Ministerio Público Fiscal deslizaron sus sospechas sobre la papeleta que les mandan desde la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. También advirtieron que están trabajando en la elevación a juicio de la causa pero no pueden cerrar la investigación si la Legislatura no completa la remisión de documentación: entre las dos cámaras, las autoridades del Legislativo deben documentación de diez años a los fiscales. Por otro lado, los defensores esgrimieron sus argumentos para que sean rechazadas las prórrogas de preventivas.
De ANÁLISIS DIGITAL

La audiencia de este viernes abrió con la exposición del fiscal Ignacio Aramberry. Pidió la renovación de las medidas de coerción impuestas a Aguilera, Almada y Cardoso por 37 días. Explicó en qué consiste una asociación ilícita y cuáles son los mecanismos para mantenerse vigente. En ese sentido, señaló que hay asociaciones ilícitas que operan desde las estructuras del Estado, y que sus integrantes tienen “conductas de autoencubrimiento destinadas a socavar la integridad de las fuentes probatorias” de una investigación. Puso como ejemplo que la organización tiene integrantes que pagaron sobresueldos a empleados con el objetivo de mantener en funcionamiento la estructura que permitía sustraer dinero.

Aramberry despersonalizó algunas conductas orientadas a entorpecer la investigación y dijo que los rastros que deja el entorpecimiento son inversamente proporcionales a la importancia del integrante de la supuesta asociación. “Cuantos más altos son los eslabones, menos rastros dejan”.

Destacó que la investigación sea en tiempo real y dijo que “la organización tiene componentes con alta función y agentes que están usando la función pública para intervenir en la investigación”. “Las cosas hubiesen sido distintas sin estos comportamientos”, lamentó.

Después Yedro agregó otros argumentos. Reclamó los cuatro años de documentación que aún les debe la cámara de Diputados y los seis años que aún les debe la Cámara de Senadores. “Nos resulta imposible ir más rápido porque no nos remiten todo lo que pedimos. Cuando se habla de despersonalizar, a modo de ejemplo, hoy trajimos parte de contratos que recibimos de la Cámara de Diputados. La mayoría correspondiente a contratistas falsos que en Fiscalía negaron haber firmado facturas que dan cuenta del cobro de honorarios. No reconocieron las firmas ni de los contratos ni de las facturas”, expuso.

Sobre el mismo punto, Yedro se refirió al estado de conservación de esa documentación. “No parece haber estado archivada, porque está impecable, aunque es documentación vieja, de 2012. Las facturas parecen haber estado en los talonarios y no en expedientes archivados. Traemos esto a la audiencia para acreditar el estado en que mandan la documentación desde la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Está impecable la documentación archivada hace más de seis años. Este modo de conservación nos hace suponer que esta documentación está siendo confeccionada en este momento, porque es imposible que haya sido archivada de este modo”, deslizó.

La fiscal señaló dos tipos de falsedades en las facturas enviadas desde la Legislatura: la mayoría de los contratados no son tales y además el “monto ínfimo de haberes percibidos”. “Los llamamos a los supuestos contratados y ellos no reconocen su firma en los contratos ni en las facturas. Reconocen algunas facturas pero no la mayoría de ellas”, dijo Yedro y puso como ejemplo “un contrato del 1 de julio de 2013, por seis meses. El contrato se hizo en julio pero las facturas son del 6 enero de 2013”. “Tenemos muchos ejemplos como este”, anunció.

Luego remarcó que de la Cámara de Senadores recibieron documentación de los años 2016, 2017 y 2018. “Nos faltan todos los años anteriores. Además, en algún momento se implementó la factura electrónica lo que nos dificulta probar la legitimidad de las firmas”, alertó.

“Hablamos de razonabilidad del plazo para terminar la investigación pero no sólo es compleja sino que nos deben todos esos años. Necesitamos de esa documentación a los fines de tratar de abarcar todas las posibilidades y que se pronuncie una sentencia justa. Sobre todo cuando estamos pidiendo medidas coercitivas para los imputados”, señaló. Luego recordó por qué se les dictó la prisión preventiva.

La indagatoria cruzada y sospechado en funciones

En los últimos días, el abogado Emilio Fouces salió a decir que los fiscales reformularon los hechos de la causa en base a la ampliación indagatoria de su defendido pero con un sentido cambiado. “Sabemos que está en su derecho de falsear como quieran los dichos, porque está en su derecho. Pero sí vamos a decir que la Fiscalía no desvirtuó los dichos del imputado. Cardoso mencionó a los diputados -Daniel Ruberto, Juan Reynaldo Navarro y Juan Carlos Darrichón- y al presidente de la Cámara de Diputados -Sergio Urribarri-. Dijo que tuvo que solicitarles a esos tres diputados -a pedido de Urribarri- que hicieran contratos nuevos bajo la condición de que si no accedían, se caerían los otros contratos que tenían a cargo”.

Pero los diputados negaron la declaración de Cardoso. “También vino el diputado (Gustavo) Osuna a decir lo mismo. Entonces, queremos demostrar que posibilidad de entorpecimiento de la causa. Entendemos quedan demostradas las actividades de entorpecimiento que continúan. Estamos dependiendo de personas que están siendo investigadas para que nos envíen documentación”, alertó.

Cuando la jueza Barbagelata le pidió a Yedro que especifique quién es una de las personas investigadas que está en funciones, la fiscal mencionó a Jorge Lazzaro. “Estamos esperando la documentación que debe mandarnos y es un sospechado”, apuntó.

El Ejecutivo no comunicó el cese en los pagos

Otro de los puntos alegados por los fiscales fue que el Ejecutivo no pidió el cese en el pago de contratos sospechados cuando la investigación ya estaba en marcha. “Tuvimos que pedírselo al banco. Eran contratos que seguían siendo abonados cuando ya estábamos discutiendo las prisiones preventivas. Esto es otra de cuestiones que evidencia la asociación enquistada. Estamos verificando si los efectos del delito continúan propagándose”.

Argumentos defensivos

El primero en pedir el rechazo de las preventivas fue el abogado Guillermo Vartorelli, en representación de Alejandro Alamada. El defensor reclamó porque se había anunciado el cierre de la causa para los primeros días de marzo. “Se trató de una alegación hecha por Fiscalía para lograr la concesión de la prisión preventiva. Ahora resulta que porque las cámaras no remitieron la documental, algo que es ajeno a mi defendido, tienen que prorrogarse las prisiones”, cuestionó. “Eso da de bruces con los motivos fundantes que tuvo su señoría al momento de otorgar prisión preventiva”.

Vartorelli dijo que quisieron poner en cabeza de todos los imputados por igual algunos hechos de entorpecimiento u obstrucción. “Como Gustavo Pérez pagó sobresueldo a empleados, eso deberá repercutir en el resto de imputados. Resulta que lo que hace uno interesa a los otros. Me hace recordar a viejas prácticas de servicio militar, todo el cuerpo debía hacer salto rana porque un compañero marcó mal el paso”, comparó. “Hay personas que nunca estuvieron privadas de libertad, más de la mitad de las personas imputadas y ahí se desbarranca el argumento de Fiscalía”.

Por eso pidió “medidas restrictivas menos gravosas” para su representado. “Pido que se decrete la libertad y se ponga fin a prisión preventiva de Almada. No explicó Fiscalía por qué motivo mi defendido debe mantenerse en el penal. Por eso quiero que no se haga lugar a la prórroga y se disponga libertad con formalidades de la ley”.

Siguió Rodríguez Allende con la representación de Aguilera. “En esta audiencia concreta no se pudo fundar ni acceder a la documentación necesaria para prorrogar prisión de Aguilera. Los argumentos esgrimidos no tienen nada que ver con Aguilera ¿Cuál es la conducta de aguilera para continuar con la prisión preventiva en la unidad penal? No se puede hacer meras conjeturas. En materia de prisión preventiva rigen principios de racionalidad y escalonamiento coercitivo. El STJ dice que debe entenderse el riesgo procesal cuando el MPF demuestre de qué forma está afectado el descubrimiento de la verdad o afectada la ley penal ¿Qué hizo Aguilera para continuar con la prisión preventiva? ¿Qué hizo para entorpecer la investigación desde la Unidad Penal”, preguntó.

“No es culpa de Aguilera si les falta documentación. Uno reconoce la loable tarea que están desarrollando pero tenemos que ser respetuosos. La investigación está cerrando. Por más que los delitos sean continuados, Aguilera no tiene que ver con el entorpecimiento de la investigación. Están siendo muy injustos, porque Aguilera y Almada son los únicos que están en la cárcel, cuando hay imputados que han hecho mucho para entorpecer la investigación. Hay datos concretos sobre obstrucción pero no en la cabeza de Almada o Aguilera, no ellos”, reclamó el defensor.

A su turno, Emilio Fouces retomó los alegatos de sus pares. Se quejó de que los fiscales vayan a las “generalidades”. “Cardoso es un empleado administrativo, no tiene actividad política, no tiene poder para hacer firmar contratos contra la voluntad de algunos diputados. Incluso hablamos de un diputado que estaba peleando la Presidencia de la Cámara. Cuando se habla de esto pienso en lo que se dice un perejil”, deslizó en referencia a su defendido.

“No se ha nombrado un elemento imputable a Cardoso que haga sospechar que cometió una actividad para entorpecer la investigación. Nadie dijo que él que está acá porque entorpeció la investigación. Nadie vino a decir eso. Él podría estar en la casa hablando por teléfono con gente en funciones en la Legislatura. Pero siempre mostró una actitud proactiva con la investigación. Pidió licencia a los cuatro o cinco días de que todo comenzó, cuando todavía no lo habían llamado para presentar abogado defensor. Él sabe que está pagando esto por hacer su trabajo”, lamentó el abogado.

“Cardoso no tiene nada que ver con pruebas que faltan producir”, dijo luego. “Es más siempre tuvo una actitud proactiva con la causa. Lo hizo sin restricciones. Tomó licencia, después pidió ampliar indagatoria para explicar su trabajo y se sometió a una hora y media de preguntas. Cardoso respondió todo. Por eso, que le pidan la prórroga de la prisión preventiva es un batazo para él”.

Fouces retomó el fallo del STJ y leyó parte del mismo. “Carece razonabilidad la extensión de la prisión preventiva que se funda en la magnitud del hecho, en la cuantía económica, y cuestiones irrelevantes como la gravedad del hecho o los roles protagónicos…”

Por último solicitó la inmediata libertad de su defendido. “Estará a derecho como desde el primer día, acatará las restricciones. Pero debe cesar la privación de libertad”, completó.
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