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17/05/2019 -  tiempo  5' 52" - 3590 Visitas Salió la edición 1096 Amedrentar y censurar: este jueves en la revista ANÁLISIS, el peligroso oficio de informar en Entre Ríos
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Ya está en la calle el nuevo número de ANÁLISIS.
La revista ANÁLISIS ya está en la calle con una problemática urticante. Los actos de censura y amedrentamiento al periodismo entrerriano siempre quedan bajo la alfombra. Para traer un ejemplo, al periodista Carlos Furman de Santa Elena le pintaron esvásticas, le balearon la casa y le rompieron la nariz. Cuando fue por atención profesional lo echaron del hospital, todo por denunciar al jefe político de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi. Hoy mismo, Furman sufre dificultades para pagar servicios elementales, para sobrellevar sus problemas de salud y comprar sus medicamentos. Un caso de cientos, y sostenido por décadas hasta el punto de enfermar a los trabajadores. ¿Dónde está el poder que por acción y omisión permite estos atropellos en Entre Ríos? ¿Quiénes son los ejecutores? Lo de Furman se repite en ciudades grandes y pequeñas. Al periodista Elio Kohan lo echaron de la radio en Colonia Avigdor y luego le dejaron el ojo en compota, por cuestionar al ministro nacional Sergio Bergman. Al periodista Ricardo Bazán lo maltrataron policías en el Iosper por proteger a una afiliada enferma que reclamaba atención. Al periodista Mario Escobar le cerraron todos los canales de expresión en Larroque, ni siquiera pudo pasar música en radio, por no inclinarse ante las arbitrariedades del actual legislador oficialista de la provincia Raúl Riganti, cuando era intendente.

El listado puede seguir, son decenas los casos de periodistas que reconocen censuras directas en sus noticias y notas, cambios en los títulos para tergiversarlos, o directamente son reemplazados en las secciones sensibles por funcionarios que se colocan máscaras de periodistas para construir un relato oficialista. Cuando no han perdido ya sus empleos. Según los testimonios registrados por ANÁLISIS, el trabajo bajo amenaza es constante desde hace años, y continúa. Cada tanto, esa tensión provoca un sacudón.

En la columna de análisis político se pone sobre el tapete el nivel de corrupción de la política nacional que convierte en cómplice del sistema a quienes se refugian en salidas descomprometidas. Lo describió el maestro socialista Elio Leyes en Voz telúrica en Gerchunoff: los políticos astutos, conocedores del paño, saben moverse. Se desplazan con habilidad en el terreno de la promesa, administran la esperanza, especulan con los defectos de las personas y dividen las opiniones para convertirse en una referencia única. Además aplican a la política, según puntualiza, el oficio del rastreador. Conocen, en fin, la naturaleza humana. En rigor, esas características son las que se atribuyen al caudillo y no todo dirigente lo es. Pero por extensión podrían aplicarse a figuras de cierta relevancia que por los roles que han jugado, y por lo que aspiran a ser, están al corriente de las prácticas que predominan en la actividad. En ese contexto, actores de una competencia que descarta a los ingenuos, alegar desconocimiento de los fabulosos actos de corrupción que han imperado en la política nacional, y particularmente en la entrerriana, es de un cinismo mayúsculo.

En la nueva edición, ANÁLISIS ventila todo sobre los conflictos en los juzgados de paz. Eso ya es un secreto a voces. El punto inicial de los problemas, justo en el reinado mismo de la paz, fue la acertada decisión del presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de que los cargos sean ocupados por mérito y no por simpatías o como moneda de cambio para saldar alguna deuda o compromiso político. Paradójicamente, la determinación generó la resistencia de, entre otros, un sector de los empleados. Abuso de poder, historias de violencia, designaciones a dedo y maniobras en las sombras son el resultado que pudo constatar un relevamiento periodístico.

El número 1096 de la revista de investigación en la región, se inmiscuye en el mundo trava-trans y cuenta todo sobre la vulnerabilidad del grupo social. Un estudio reveló la dramática situación de la comunidad trava-trans de Paraná. ANÁLISIS accedió a los resultados que expresan una realidad vulnerable y urgente: en Paraná la expectativa de vida de una persona trava-trans es de tan sólo 40 años. Las dificultades de acceso a salud, educación y trabajo establecen condiciones de exclusión que se concluye con el accionar represivo de la policía, que detuvo al 43 por ciento de las personas encuestadas.

Las irregularidades de Estación Sosa y un gobierno que nadie controla. Los vocales de la Junta de Gobierno denuncian serias irregularidades y apuntan contra el presidente comunal, Héctor Domingo Orzuza. Afirman que desde 2015 sólo hubo dos reuniones de la Junta de Gobierno en su integración plena; que nunca hubo rendición de cuentas y que cierran las puertas para impedirles ingresar al edificio municipal. Además alertan por la situación socioeconómica de la mayoría de la población y la precariedad de los servicios públicos básicos. En las pasadas elecciones, Orzuza se presentó como candidato para un cuarto periodo consecutivo al frente de la localidad. Desde la oposición también denuncian compra de votos.

Riesgos que matan e instalaciones defectuosas, la nueva edición también alerta sobre esta situación de precariedad. Tras la muerte de dos personas en Paraná producto de la pérdida de gas de un calefón defectuoso, se reavivan las recomendaciones por los peligros que acarrean las instalaciones ilegales y se reiteran insistentemente las medidas de prevención. Desde Redengas aseguran que es imposible la existencia de conexiones a la red sin una inspección previa que permita la habilitación del suministro, pero advierten de los riesgos que implica colocar aparatos sin las correspondientes medidas de seguridad. En Enersa, la situación es diferente porque las conexiones clandestinas son frecuentes y el trabajo para evitarlas es constante.

La escandalosa, el Concejo Deliberante tratará el próximo 27 el acuerdo para designar a Silvina María del Luján García como titular del Juzgado de Faltas Nº 3. Así lo solicitó el intendente de Paraná. Sería el punto cúlmine de un llamado a concurso para cubrir el cargo que se inició en mayo de 2017 y que desde entonces fuera objetado por arbitrario. Primero fue el Colegio de Abogados de Paraná y los tres gremios municipales quienes señalaron los vicios en la constitución del tribunal evaluador y sus disposiciones. Luego el proceso acumuló recursos de distintas participantes que llegaron hasta la Justicia. Así, se anuló transitoriamente el pedido para que García sea ungida. Mientras tanto, la jueza comunal sigue ocupando el lugar interinamente donde ha creado una corte a su medida, logrando designar una planta política por encima de la normativa. La funcionaria también ocupó un destacado lugar en las noticias cuando en marzo se conoció que era una de las garantes del domicilio habitado por el presidente municipal y que fuera denunciado por Enersa por contar con una conexión clandestina a la red eléctrica.

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