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21/02/2013 -  tiempo  4' 26" - 3561 Visitas La mujer corría riesgo de vida Investigan a profesionales del Hospital San Martín que se negaron a practicar un aborto no punible
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La interrupción fue autorizada por un equipo interdisciplinario.
Mediante decreto, el 2 de marzo de 2012 se ordenó la investigación a profesionales que se negaron a practicar un aborto. Se trata del caso de la mujer que fue autorizada por un equipo interdisciplinario de médicos para que interrumpa su embarazo porque corría peligro su vida, pero minutos antes de la intervención, un militante antiabortista ingresó al Hospital San Martín y acusó los profesionales. La operación no se realizó y la mujer fue trasladada a Buenos Aires para dar a luz. El decreto que insta a investigar a los médicos se conoció recién este lunes. En la medida se resolvió “disponer la instrucción de una información sumaria en el ámbito del Hospital San Martín de Paraná, a los efectos de investigar y determinar la realidad fáctica”, ante la negación de profesionales de practicar un aborto no punible. Se trata de un caso que tuvo una importante gravitación en los medios de comunicación de Buenos Aires durante el año 2011.

El 4 de agosto de ese año, en un ateneo en el Hospital San Roque y del que participaron obstetras y cardiólogos, se decidió sugerir a una paciente la realización de un aborto dado el riesgo para su vida y su salud si continuaba con el proceso de gestación. Es así que se derivó la paciente al Hospital San Martín para realizar la operación, debido que en ese nosocomio hay una terapia intensiva para adultos.

El 11 de ese mismo mes, antes de entrar al quirófano, ingresó al lugar el cardiólogo antiabortista César Pazo y, a los gritos, exhortó a los profesionales a deponer la decisión de avanzar con la operación de interrupción del embarazo porque, de realizarlo, estarían cometiendo un crimen. La paciente ya había sido evaluada por una cardióloga del servicio del nosocomio estatal. Anteriormente lo había hecho un equipo interdisciplinario del Hospital de Niños. La mujer quien decidió desistir del embarazo, le mostró al excéntrico profesional que amenazó a sus pares el consentimiento firmado. Pero Pazo le dijo que eso no servía para nada.

¿Qué sucedió?

Se suspendió la cirugía y la paciente fue derivada al Hospital Posadas, en el distrito de Haedo, en la provincia de Buenos Aires, el domingo 14 de agosto. Ese día había elecciones. La mujer cumplía años. El 25 de noviembre se le hizo una cesárea, nació una nena y, exactamente una semana después, la madre sufrió un accidente cerebro-vascular por el que perdió el movimiento del brazo y pierna izquierda, la deglución y el habla. Luego de un año de tratamiento de rehabilitación puede caminar, hablar y tragar. Pero su brazo izquierdo no tiene solución.

Su historia clínica muestra que la mujer nació con una patología cardíaca congénita llamada Tetralogía de Fallot, que ocasiona un cuadro de hipoxia crónica, entre otras complicaciones. Es una enfermedad que se puede tratar con cirugía, pero la mujer nunca fue operada. Tuvo cinco abortos espontáneos, en 1997, 1999, 2001, 2002 y 2005. El último cuando cursaba el sexto mes de embarazo. Al mes de ese aborto espontáneo, en el Hospital San Roque le autorizaron una ligadura de trompas, dado que cada nuevo embarazo ponía su vida en peligro. En su legajo está registrado que se llegó a internar para que le realizaran la ligadura tubaria, pero se le dio el alta sin hacérsela porque el “quirófano no estaba en condiciones”.

Trámite y contradicciones

La Resolución Número 313, que dispone la información sumaria y a la que tuvo acceso Página Judicial, es producto de una denuncia realizada por representantes del Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders), quienes no tienen dudas de que se violó el Artículo 86 del Código Penal, que permite la practica de abortos en casos especiales. A la presentación la realizaron la obstetra Carolina Comaleras y la trabajadora social Silvia Primo. Le solicitaron al entonces ministro de Salud, Ángel Giano, que investigue los hechos acontecidos para “establecer si existió conducta reprochable pasible de sanción disciplinaria” por parte de agentes de la administración pública.

El trámite aún no está en la etapa de sumario, sino de una “investigación sumaria”, según se precisó. La Dirección de Sumarios, que depende de la Fiscalía de Estado, no se expidió sobre los profesionales intervinientes. Muchos han declarado. El jueves pasado lo hizo Primo.

Un repaso por lo publicado en los medios y la reacción de algunos funcionarios cuando sucedió el hecho dejan al descubierto palpables contradicciones. La opinión adversa del jefe de Ginecología del Hospital San Martín, Miguel Schnitman, fue, aparentemente, lo que impidió que se le practicara el aborto a la mujer oriunda de María Grande. Así lo indicó oportunamente el médico Leonardo Gubspun, secretario técnico del Hospital San Roque. “Los médicos del hospital no se sentían con la experiencia suficiente como para tratar un cuadro como el que presentaba la paciente, y llevar adelante el acto médico. Por eso, deciden derivarla para que sea evaluada por gente que tiene experiencia con este tipo de pacientes”, señaló el profesional. Sus palabras se contradicen con lo resuelto por el ateneo constituido en el nosocomio al que pertenece y que había decidido interrumpir el embarazo. En el Hospital San Martín estaba todo preparado, pero la intromisión de Pazo fue suficiente para semejante desenlace.
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