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07/07/2017 -  tiempo  5' 41" - 609 Visitas Alegatos de la defensa en el TOF de Paraná Pidieron la absolución de Mazzaferri por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Concepción del Uruguay
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La defensa de Mazzaferri citó el fallo Muiña de la Corte.
La defensa técnica del represor José Darío Mazzaferri, pidió su absolución por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, en la Delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay. Así lo planteó el defensor Guillermo Morales este jueves, en el Tribunal Oral Federal de Paraná, cuando mencionó el polémico fallo Muiña por el cual la Corte Suprema pretendió que el beneficio del 2x1 valga para represores como para presos comunes. El abogado del policía federal también reflotó cuestiones como la prescripción y la amnistía, la insubsistencia, falta de acción o principio de duda razonable. Los argumentos fueron replicados por el fiscal José Ignacio Candioti -que la semana pasada reclamó 20 años de prisión para el imputado-; y por las querellas hicieron un pedido unificado de 25 años de cárcel común. Las últimas palabras y el veredicto están previstas para el 27 de julio. N.B. de ANÁLISIS DIGITAL

La causa contra el represor José Darío Mazafferi por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay, está en una etapa de definición. El represor es juzgado después de haber estado prófugo de la Justicia Argentina, cuando fue reclamado para responder en el marco de la causa Harguindeguy que llegó a debate en 2012.

La semana pasada comenzaron los alegatos que concluyeron este jueves. El policía federal está acusado de cometer crímenes del terrorismo de Estado contra ocho víctimas, algunas de ellas estudiantes secundarios. Se lo acusa de secuestros, torturas, vejaciones y tres allanamientos ilegales, como integrante de una asociación ilícita para cometer esos crímenes.

En el alegato de la Fiscalía se pidió al tribunal compuesto por los rosarinos Beatriz Caballero de Barbani, Otmar Paulucci y Jorge Sebastián Gallino, que Mazzaferri sea condenado a 20 años de prisión. En tanto, las querellas representadas por los abogados Marcelo Boeykens, Lucia Tejera, María Isabel Caccioppoli y Sofía Uranga reclamaron 25 años de prisión en cárcel común.

Reclamaron la absolución

El defensor de Mazzaferri pidió la absolución de su representado. Lo hizo citando el polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia que consideró la aplicabilidad del beneficio del 2x1 para el represor Luis Muiña. A pesar del amplio repudio social que cosechó la decisión judicial y la reacción del Congreso nacional que rápidamente dejó sin efecto esa sentencia, el abogado de Mazzaferri reflotó la idea de la Corte.

Morales también dijo que el represor debería ser absuelto por prescripción. “Pasaron más de 40 años de los hechos”, acotó y apeló a los principios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Los derechos de las víctimas no están por encima de los derechos de los imputados”, sostuvo.

Morales repasó las testimoniales producidas en el juicio y las comparó con las del expediente. Aseguró en ese sentido que a lo largo del tiempo fueron “cambiando” para quedar todas ajustadas a la línea argumental de la acusación. Cuestionó a los testigos que no pudieron asistir al debate, afirmó que en la Delegación de Concepción del Uruguay había personal más experimentado y con mayor rango que Mazzaferri, y acotó que le faltaban varios documentos que están incorporados en el expediente.

El abogado también dijo que Mazzaferri fue ascendido en la Policía Federal porque no tenía antecedentes de haber cometido crímenes de lesa humanidad; mencionó que se casó en Concepción del Uruguay y allí tuvo una “vida pública”. “Al momento de los hechos era subinspector y tenía 23 años. Pretender que era la mano derecha de Harguindeguy -Albano, ministro del Interior de la última dictadura- es demasiado”, alegó.

Morales atacó la imputación por asociación ilícita, planteó la aplicación del principio de duda razonable porque consideró que “no se llegó a un grado de certeza necesaria para una condena” y por eso pidió la absolución. Además sumó a ese pedido la absolución “por prescripción, amnistía, insubsistencia, falta de acción y principio de duda razonable”.

Réplicas y dúplicas

El fiscal Candioti replicó de inmediato los planteos del defensor. Dijo que esos argumentos utilizados ya habían sido rechazados por el tribunal en la causa Harguindeguy y confirmados por la Corte cuando dejó firme esa sentencia. Señaló que la imprescriptibilidad y amnistía de los delitos de lesa humanidad es un debate cerrado en Argentina y el derecho internacional y, de ese modo, remarcó la diferencia entre crímenes de lesa humanidad y delitos comunes.

Candioti volvió a criticar la “conducta renuente de Mazzaferri” que estuvo tantos años prófugo de la Justicia argentina y subrayó que no llegó acusado por un hecho, sino por hechos contra ocho víctimas y tres allanamientos ilegales, para lo cual integró una asociación ilícita.

Asimismo, el fiscal contestó uno por uno los puntos atacados por el defensor: “Dijo que la denuncia de César Román fue incompleta, imprecisa y sin mencionar a Mazzaferri. Eso no es verdad porque ya en la denuncia inicial Román lo sindica a Mazzaferri como su secuestrador y torturador. Dijo el defensor que le faltaba documental pero tiene que buscar bien porque en el expediente está toda la documental. Deslizó el defensor que las torturas no existieron, pero eso ya no está en discusión porque la Corte confirmó la sentencia en la causa Harguindeguy que condenó por torturas. El defensor citó las absoluciones en la causa Harguindeguy pero no dijo nada de las condenas por torturas y asociación ilícita. Esa sentencia confirmada, acredita la responsabilidad de Mazzaferri en todo esto y que el defensor la cite no ayuda a su representado sino que lo complica más. El defensor cuestionó que una de las víctimas no haya venido a declarar acá pero sí haya estado en la inspección ocular. Son producciones de prueba distinta y el mismo defensor estuvo de acuerdo en que así sea. Por último dijo que no hay antecedentes de Mazzaferri en la Secretaría de Derechos Humanos, pero eso no lo desvincula de su responsabilidad”.

Por su parte, las querellantes Lucía Tejera y Sofía Uranga, adhirieron a la réplica fiscal y remarcaron que Mazzaferri haya estado prófugo. “La justicia pronta no estuvo para las víctimas y no para Mazaferri”, respondieron. Se sumaron al cuestionamiento sobre el pedido de amnistía y consideraron que “no hay hechos o argumentos nuevos para que el TOF se aparte de la jurisprudencia. “La intención de esta querella es decir que el Estado tiene la obligación de perseguir y condenar los delitos de lesa humanidad. Con lo del fallo Muiña, hay que recordar que el pueblo salió a la calle a rechazarlo y recordarle al Estado cuál es su obligación. El defensor habló de lo que se está juzgando como si fueran delitos comunes y no los puso en contexto del terrorismo de Estado. El golpe y terrorismo de Estado tuvo como objetivo perseguir a militantes políticos y así se debe considerar”, cerraron.
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