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 -  tiempo  27' 16" - 9567 Visitas Capítulo VIII: El golpe
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Trimarco quedó como interventor de la provincia el 24 de marzo de 1976.
-Gobernador, trate de venir lo antes posible.
-¿Qué pasa senador?, ¿no se pueden poner de acuerdo para tratar el presupuesto?
-Si fuera eso... Me acaban de avisar de la Base Aérea que el golpe de Estado es inminente. No pasa de esta noche.
-Voy rápido para allá.
-Gobernador, trate de venir lo antes posible.
-¿Qué pasa senador?, ¿no se pueden poner de acuerdo para tratar el presupuesto?
-Si fuera eso... Me acaban de avisar de la Base Aérea que el golpe de Estado es inminente. No pasa de esta noche.
-Voy rápido para allá.

La comunicación telefónica desde la Secretaría de la Cámara de Senadores -donde estaban reunidos los legisladores peronistas al momento de recibirse el aviso militar- hizo volver a vestir al gobernador Enrique Cresto. “Se nos viene la noche. Prepará las cosas, por las dudas”, le dijo a su esposa antes de partir de la residencia. Hacía unos minutos había estado participando de una reunión con algunos de sus colaboradores inmediatos y el comentario sobre la posibilidad del golpe de Estado fue el tema principal.

Llegó a Casa de Gobierno, se reunió con algunos pocos funcionarios -entre ellos varios legisladores de ambas Cámaras- y esperó los acontecimientos en la sede de la Subsecretaría de Deportes, que funcionaba en uno de los pisos de la Caja de Jubilaciones, hasta donde se trasladó a pie. Allí se habían reunido a cenar varios de sus hombres de confianza. “El golpe ya está. Acaban de llevársela a Isabel”, le informó apesadumbrado el senador provincial Antonio Gino Cavallaro, quien estaba acompañado por el titular del área, Fernando Pascual Gan; el vicegobernador Dardo Pablo Blanc y varios de los miembros del Comando Paraná -entre otros, Eduardo Emilio Romero y Gerardo González-. Estuvieron escuchando radio hasta después de las 23. A esa hora decidió retornar a la Casa de Gobierno. Allí comenzó a juntar las cosas de su despacho, se comunicó telefónicamente con la Casa de Entre Ríos, le confirmaron la información y esperó pacientemente hasta las dos de la madrugada.

“Vamos a ver quién viene a buscarme”, dijo. Hasta esa hora ningún militar se hizo presente. “Me voy a casa”, acotó. Tomó por calle Larramendi y a escasos metros de la empresa Agip-Gas lo detuvo un operativo comandado por la Fuerza Aérea, que era directamente supervisado, desde la unidad militar, por el jefe de Brigada, comodoro Miguel Angel Bertolotti. Un primer teniente de apellido Ferruchi se le rió en la cara: lo hizo poner cuerpo a tierra, le pegó unas patadas en el cuerpo, le ató las manos y lo ascendió a un camión para llevarlo a la base aérea. Apenas descendió en la unidad militar, Ferruchi intentó nuevamente ponerlo a sus pies. No pudo: esta vez, un superior lo contuvo y le llamó la atención delante de soldados y suboficiales. “No importa, ya tendremos tiempo para desquitarnos de estos civiluchos”, acotó el oficial, observando de reojo a un conscripto. “Con usted también será la cosa. Sabemos de los antecedentes de su familia y por ende le daremos un trato preferencial del cual no se olvidará jamás”, apuntó.

El soldado era uno de los tantos fichados y perseguidos por oficiales y suboficiales, por el solo hecho de ser pariente cercano de algún hombre del gobierno democrático depuesto. Algunos, en la base aérea, fallecieron durante la dictadura como consecuencia de los castigos propinados o por inoperancia de las autoridades militares a la hora de decidir sobre su estado físico. Uno de los conscriptos murió de un infarto en un descampado, en pleno período de instrucción, pese a que sus familiares habían anticipado de la situación cardiaca. Incluso, por la altitud de los pastizales, casi no se dieron cuenta de su muerte y recién fue encontrado a los pocos días, cuando ya se creía que había desertado o fugado de la unidad.

Otro caso fue el del soldado Jorge Alberto Sabbioni, quien contrajo una meningitis virósica; el día que se levantó con fuertes dolores de cabeza, en vez de asistirlo lo enviaron a dormir, sin darle importancia a su situación. Cuando se dieron cuenta, su estado era sumamente grave: lo llevaron atado en una camilla al escuadrón de Sanidad -por los gritos y retorcijones de dolor-, pero entró en coma y murió poco después. Su hermano, Roberto Sabbioni -quien luego fuera dirigente paranaense de la Unión del Centro Democrático y posteriormente del Movimiento Popular Liberal, un nucleamiento disidente del partido de centro-, aún hoy mastica el dolor y la bronca de tal situación, sobre la que nunca le dieron mayores explicaciones.

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No eran más de las 4.30 de la madrugada de ese 24 de marzo de 1976. A esa hora, la capital entrerriana estaba prácticamente ocupada por los militares. Había un gran despliegue de unidades vehiculares del Ejército y fueron varios los disparos que se escucharon en la zona céntrica por espacio de minutos. “Es la custodia de Blanc, que está resistiendo”, fue la respuesta. Los tiros provenían del edificio del Seguro -ubicado frente a la plaza principal de la ciudad-, donde estaban apostados tres custodios del vicegobernador. Los guardias de Dardo Blanc ni se habían enterado de lo que estaba pasando en el país.

Alrededor de las 4, el general Catuzzi lo había llamado por teléfono, para advertirle del golpe de Estado y anunciarle que iba a ser detenido. “¡Pucha!, otra vez en cana”, bufó Blanc apenas cortó la comunicación con el militar. En 1956 ya había caído detenido por su condición de gremialista.

Media hora después, la comisión policial lo llevó preso. Alrededor del edificio gubernamental se apostaron tropas y diversos corriers con ametralladoras pesadas, los que no permitieron el ingreso de empleados públicos. “Se suspendieron las actividades. Vuelvan en perfecto orden a sus casas, escuchen las noticias y regresen puntualmente mañana”, dijo a los gritos un suboficial. A esa misma hora estaban siendo clausurados los principales locales gremiales y partidarios. Entre otros, la UOM, la CGT, Comercio, la UTA, Correos y Telecomunicaciones, al igual que las sedes del PJ, el Frente de Izquierda Popular y del Partido Socialista Popular. A las 8.50, en el Salón de Acuerdos, el comandante de la II Brigada de Caballería Blindada, general Abel Catuzzi, tomó el juramento de rigor al nuevo interventor de la provincia. “¿Juráis por Dios, por la Patria y estos Santos Evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de interventor militar de la provincia de Entre Ríos y observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos y el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, la Constitución de la Nación y la Constitución de la provincia de Entre Ríos, en todo cuanto éstas se opongan a dichos objetivos básicos?”, preguntó el general. “Sí, juro”, respondió, en forma vehemente, el coronel Juan Carlos Ricardo Trimarco, oriundo de la provincia de Buenos Aires y quien se venía desempeñando como segundo de Catuzzi. Además era jefe de Estado Mayor de la Brigada de Caballería de Paraná.

El matutino paranaense El Diario recién fijó su postura institucional por el cambio de gobierno el 28 de marzo. “No ha existido, prácticamente, ninguna resistencia al movimiento militar, que ocupa así un lugar que se presentó como vacante, como si la autoridad del Estado se hubiese vaciado, estuviese acéfala de poder y de mando moral, de jerarquía política. Las Fuerzas Armadas, como reserva de las instituciones, se han comprometido a terminar con la violencia embozada que se estaba ejerciendo desde los organismos mismos del Estado, como lo ilustra acabadamente el armamento que se ha encontrado en el Ministerio de Bienestar Social, cuyas pautas funcionales distan mucho de la finalidad de verdadero ministerio de guerra que se le había dado. La tergiversación de funciones había llegado a tal punto que bien podía hablarse de la producción de un verdadero vaciamiento de la autoridad del Estado”, decía en uno de sus párrafos el editorial de ese día, titulado El desplazamiento del poder civil. “Es entonces -añadía- cuando el pueblo que ansía un país de grandeza, que elaboraron nuestros próceres, despierta de este tormentoso letargo y pide un modelo argentino que responda a sus más profundas expectativas. Un pueblo esperanzado que exige una política racional, realista, de fondo. Una marcha esperanzada hacia la redención económica y social, de todos los argentinos y para todos los argentinos. Eso es lo que el pueblo tiene derecho a pedirles a las Fuerzas Armadas: que le devuelva sus símbolos, sus ideales de grandeza, que le cambie la anarquía por el orden y que tengan presentes siempre las palabras de Paulo VI cuando dice que ‘el camino de la paz pasa por el desarrollo. Economía y técnica no tienen sentido si no es por el hombre, a quien deben servir’”.

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La mayoría de los funcionarios del gobierno constitucional y varios de los dirigentes del peronismo terminaron en unidades militares en esos días, incluidos Cresto y Blanc; luego pasaron a las cárceles, por disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). También fueron detenidos referentes de otros partidos. El PE, encabezado por el general Trimarco, dio a conocer una nómina “a disposición del PEN” el 3 de abril. Entre otros aparecían Juan Carlos Esparza, Jorge Obeid (quien estaba exiliado en Perú y lo detuvieron al estar visitando a sus familiares en Diamante), Aldo Bachetti –que ya hacía un año estaba preso en Gualeguaychú-, Walter Grand, Solidario Romero, Santiago Reggiardo, Gerónimo Cerini, Carlos Federik, Isaías Giménez, Gualberto Garamendi, Luis Ponti, Luis Raggio y Misael Campos Rivero. En la lista también estaban los componentes del Comando Paraná: su secretario general, Eduardo Emilio Romero; Carlos Balla, Carlos Igarza, Luis Lenzi y Juan Carlos Torales, entre otros.

A De Zán también lo detuvieron a poco de producirse el golpe de Estado. Hicieron un exagerado allanamiento en el Pío XII y lo llevaron a él y a su mujer, María Rosa. Estuvo 40 días presos. Fue tanto lo que reclamó por hablar con Tortolo, que los militares accedieron. Lo vistieron y lo llevaron a la Residencia del Arzobispado, en el Parque Urquiza. Apenas llegó monseñor le preguntó qué precisaba. "Comer", le dijo. "Tengo mucho hambre", acotó. Tortolo le hizo sacar las esposas y expulsó de la sala al oficial que estaba a cargo del operativo. "Yo tengo rango de general y usted se va de aquí. Espere afuera", le dijo Tortolo, que ya era vicario castrense.

De Zán estuvo varios días más en la cárcel de Paraná y luego fue trasladado, en un avión Hercules, a la unidad penal de Resistencia, Chaco. Su esposa reclamó activamente por su libertad y logró ser escuchada por el general Juan Carlos Trimarco. El padre de De Zán en esos días se estaba muriendo y ante el reclamo lo trasladaron a Paraná y luego a la cárcel de Gualeguaychú. Lo fueron llevando dos veces por semana a ver a su padre, quien murió antes de que fuera liberado. Antes que ello ocurriera, la familia De Zán había acordado con Trimarco que si lo liberaban, dejaba el país.

Cuando falleció, lo llevaron esposado al velatorio. Hicieron la misa de cuerpo presente en la Iglesia, pero no quiso ir hasta el cementerio. Fue liberado el 5 de mayo de 1977 y en octubre de ese año se fue a Roma, después de hablarlo varias veces a Trimarco, para que le liberaran el pasaporte. Estando en Roma entendió la gravedad de los hechos en la Argentina. Supo cómo mataban a la gente y se estremeció cuando le relataron la desaparición de un militante, que había subido a un avión para exiliarse y fue asesinada. El único trabajo que consiguió en Italia fue como empleado del servicio doméstico, tras sacar un aviso en un diario. Durante 21 meses se dedicó a cuidar casas residenciales.

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Por decreto número 2 asumió como intendente de Paraná el mayor de Aeronáutica Arnaldo Pagotto y como jefe de Policía, el mayor Luis Pedro Killane. Como secretario General de la Gobernación quedó el mayor de Ejército Hugo Sabino Fernández, quien en el gobierno de Jorge Busti, en 1987, sería el comandante del Ejército de Entre Ríos. Como interventor en el Instituto de Ayuda Financiera asumió el mayor Juan Carlos Ramón Baretto. Años después, en 1990, sería también comandante en esta provincia y sufriría el peor costo político de su carrera: el levantamiento carapintada del 3 de diciembre de ese año, cuando casi todas las unidades de Entre Ríos -inicialmente el destacamento de Villaguay- se sublevaron a favor de Mohamed Alí Seineldín. Hubo puentes que tuvieron que ser bombardeados por aviones Canberra de la Fuerza Aérea, que dejaron como saldo la muerte del soldado Gómez, oriundo de Gualeguay.

Trimarco fue ubicando personal uniformado en diversas dependencias, pero también numerosos civiles, donde fue muy evidente la afinidad de varios de estos con lo que se denominaba el conservadorismo radical entrerriano, que en el seno partidario era mayoría y consecuencia de resultados electorales internos, con la figura del senador nacional Carlos Humberto Perette a la cabeza. La relación provenía de Trimarco con el propio titular del Comité Provincial de la UCR y ladero de Perette, César Corte, quien además había sido presidente del Jockey Club de Paraná, donde conoció al interventor militar.

También existían fuertes lazos de los hermanos Carlos y Francisco Perette con Trimarco, a quien conocían de la época en que el primero fue vicepresidente de la Nación y el segundo, titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Varios de los abogados amigos del militar, que años después lo defenderían a capa y espada en la Cámara Federal de Paraná en las causas por violaciones a los derechos humanos -ubicándose incluso en dependencias del amplio estudio de la familia Perette, en calle San Martín de la capital entrerriana-, tenían directa vinculación con el departamento jurídico de AFA. Incluso, cuando el 19 de abril asumió como gobernador el brigadier (R) Rubén Daniel Di Bello (repitiéndose el mismo esquema que en el golpe del ‘66, en el que Entre Ríos dependía de la Fuerza Aérea Argentina y por ende hubo también un brigadier retirado como Ricardo Favre, aunque el poder político lo ejercía el Ejército) se siguió la misma línea. Trimarco volvió a la comandancia de la unidad militar entrerriana y continuó siendo el verdadero hombre fuerte. Di Bello, oriundo de Capital Federal, había sido agregado aeronáutico ayudante en Gran Bretaña, fue observador en Vietnam y estaba retirado desde octubre de 1975. Nunca tuvo como destino militar la unidad aérea de Paraná. Tampoco había tenido singular simpatía con el golpe de Estado -lo que incluso le motivó un distanciamiento con el ministro del Interior, el general Albano Harguindeguy, al hacérselo saber- y eso, en cierto modo, se notaba en sus discursos ambiguos.

Di Bello no hizo ningún tipo de modificación a lo dispuesto por Trimarco. “¿Y a este tipo por qué primero le rechazan la renuncia y luego lo echan?”, preguntó apenas asumido, al observar las carpetas con la situación en la Policía. Se refería a lo sucedido con el inspector general Alvaro Hugo Roldán. El policía había intentado concretar una jugada que no le salió, porque en frente tenía a alguien más hábil como Trimarco. El 26 de marzo, Roldán -que era subjefe de la Policía de Cresto y uno de los ideólogos del Comando Paraná- pidió audiencia con Trimarco. “Vengo a ofrecerle la renuncia, mi general. Yo sé que el país ha comenzado una nueva etapa y no quiero atarle las manos. Estoy a su disposición”, le dijo. El militar, con su amplia e irónica sonrisa se esperaba esa actitud y ya tenía un as en su manga. “No se la acepto Roldán. Usted va a seguir sirviendo a los intereses de la Nación. Yo lo confirmo en el cargo. Ya lo hablé con Killane y le expresé mi opinión”, respondió el interventor, quien personalmente se estaba encargando de resolver las diferentes instancias que se suscitaban en su gobierno. Roldán no duró demasiado tiempo en el cargo. No pasó de siete días como subjefe. Fue el tiempo que le demandó a Trimarco para reunir elementos suficientes e inculpar, de cuanto ilícito fuera necesario, a los ex funcionarios de Cresto. Pero, fundamentalmente, le sirvió para sumar datos confidenciales sobre la forma de operar del Comando Paraná, con el cual el Ejército no tenía gran simpatía, porque muchas veces interferían en algunos operativos, haciendo gala del poder político del cual disponían.

Trimarco, entre otras medidas de gobierno, llegó hasta comentarle su plan al arzobispo de Paraná, presidente del Episcopado Argentino y vicario general castrense, Adolfo Tortolo, con quien se había reunido oficialmente en las últimas horas. El referente eclesiástico avaló además la decisión del gobierno de promulgar la ley 5.828, por la cual se autorizó al PE provincial a “dar de baja por razones de seguridad y sin sumario previo, al personal permanente, transitorio o contratado que preste servicios en la administración pública provincial, municipal y organismos autárquicos y descentralizados, que de cualquier modo se encuentre vinculado a actividades de carácter subversivo o disociadora” o a aquellos “que en forma abierta, encubierta o solapada, preconicen o fomenten dichas actividades”.

El 2 de abril, el ministro de Gobierno, Justicia y Educación, coronel Jorge Argentino Franco, se constituyó en el despacho de Killane y lo hizo llamar a Roldán. “Señor inspector, le aceptamos la renuncia al cargo, porque se van a hacer varias modificaciones. Pero además le comunico otra novedad: queda detenido, por disposición del gobernador Trimarco”, le dijo en esa fría mañana. “Incorpórenlo a los presos por la causa del Comando Paraná, pero no en la misma celda. Que vaya a un lugar especial”, acotó el coronel Franco a uno de sus colaboradores. Al día siguiente citó al periodismo a una conferencia de prensa. Había que generar una cortina de humo y explicar algunas cuestiones. “Quiero poner en conocimiento las razones que motivaron la medida adoptada por la intervención militar de la provincia, respecto de la aceptación de las renuncias del inspector general Roldán y la plana mayor de la institución, a fin de evitar de esa manera interpretaciones equívocas que confundan a la opinión pública”, abrió Franco el encuentro con los periodistas, que ese día, en otra hábil maniobra, se encontraron con que Trimarco había decidido levantarle la clausura al crítico diario La Mañana de Victoria, de César Jaroslavsky, luego de una gestión de la conducción de la Asociación de Diarios Entrerrianos, encabezada por Luis Félix Etchevehere y Juan Carlos Surra. “Se había solicitado en principio -acotó Franco- el asesoramiento y apoyo del inspector Roldán y de los componentes de la plana mayor, dado sus conocimientos policiales, lo que se brindó con total eficiencia. De tal manera, se cumplía con una primera fase del programa. Ahora se inicia una segunda fase, que permitirá una reorganización integral de la Policía”. Se confirmó al mayor Killane como jefe y se puso a militares de Ejército en la primera línea de conducción. En el segundo escalón también hubo algunas variantes. Como subdirector de la Policía Caminera, por ejemplo, según la resolución 207, asumió el comisario principal Hugo Nicanor Barrios, integrando además el Consejo de Disciplina del personal de suboficiales y agentes. En el gobierno de Mario Moine, diecisiete años después, Barrios, en su carácter de titular de los jubilados de la fuerza de seguridad provincial, volvió a ser noticia. Se enfrentó con la conducción policial, liderada por Eloy Fernando Heinze, y en particular con el comisario mayor Mario Marín, quien luego del altercado decidió pedir el retiro y dedicarse a la seguridad privada, a través de una agencia con sede en Concordia, donde había sido jefe Departamental en el período ‘91/’92, en plena Intendencia de Jorge Busti.

Para el juzgamiento de oficiales los designados fueron -según la resolución 339- el inspector mayor Luis Antonio Loréfice y el inspector mayor doctor Abel Dionisio Grippo, quien siempre cumplió funciones de abogado defensor de los oficiales involucrados en determinadas causas judiciales. En Relaciones Públicas asumió el comisario principal Enrique Amore.

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Esa mañana del 10 de abril, quienes estaban detenidos por cuestiones políticas temblaron al escuchar por radio el tono del discurso en el homenaje al teniente general Juan Carlos Sánchez, ex comandante del II Cuerpo de Ejército, asesinado en Rosario. Un comando conjunto de las organizaciones ERP y FAR atacaron el automóvil en que viajaba Sánchez. Lograron detener el auto y lo acribillaron a balazos. El 12 de abril, un comunicado firmado por los comandos Juan Pablo Maestre, de FAR, y Segundo Telésforo Gómez, del ERP, confirmó su autoría. Ese mismo 10 de abril, aunque en Capital Federal, fue encontrado muerto el empresario Oberdan Sallustro, director de Fiat Concord y que había sido secuestrado el 21 de marzo a la salida de su domicilio en la localidad bonaerense de Martínez. El ERP también se adjudicó el episodio, luego de mantenerlo por varios días en “una cárcel del pueblo”, enjuiciarlo y condenarlo a muerte.

Desde el crimen de Cáceres Monié no hubo una arenga con tanto odio por parte de los uniformados, y el director del Hospital Militar de Paraná, coronel médico Carlos María Martín, se encargó de recordarlo. “La escoria humana, que por desgracia también existe en nuestro país se alarmó, tembló y en monstruosas reuniones se dieron cita los asesinos a sueldo, los drogadictos, los homosexuales, los alienados, las bestias humanas, para decidir la eliminación física de nuestro comandante de cuerpo. En su retardo mental, protegido por dinero abundante girado quizás desde el extranjero y producto de su rapiña de muchos años, creyeron que causaría una mortal herida en nuestro Ejército, que provocarían la desintegración inmediata del mismo, con gritos y llantos, iguales a los que ellos acostumbran a dar. No fue así. El Ejército sufrió y mucho, pero no se desesperó. De entonces a hoy han caído muchos, muchísimos de nuestros camaradas y al no conseguir hacer arrodillar nuestra nacionalidad ante el rojo pabellón, insiste en su furia asesina. Matan policías, mujeres, niños escolares. Todo es bueno para su hambre de odio; todo cabe en su retardado cerebro. Pero ya está a la vista el resplandor de la victoria. El teniente general Sánchez nos mira orgulloso desde las alturas, reservadas sólo a los grandes. Ya los empujamos día a día a su aniquilamiento total. Aquí no caben perdones ni misericordias. Para quienes asesinaron a nuestro comandante, para quienes mataron a nuestros camaradas, a nuestras mujeres, a nuestros hijos no cabe otra cosa que el borramiento total de la faz de la tierra. Y eso está más próximo de lo que ellos se imaginan. Señor general Sánchez, mi general, su orden será cumplida. La patria se salvará”. Un cerrado aplauso selló el discurso del coronel médico Martín.

En esos días, la cúpula militar estaba enfervorizada por la detención en Rosario de una de las personas supuestamente involucradas en el asesinato, pero a la que nunca se le comprobó su participación en el episodio, máxime porque era conducción en la regional Rosario-Santa Fe-Entre Ríos de Montoneros y nada tenía que ver con los cuadros del ERP, autores del hecho. Se trataba del paranaense Gustavo Mechetti, quien había reemplazado a Obeid en la conducción de la JP Regional II cuando éste decidió renunciar en 1974.

Ese 26 de marzo de 1976, Mechetti tenía una reunión en las primeras horas de la mañana. En su viejo rastrojero salió de su casa a las 6.45. Dejó a su compañera (quien hoy reside en París, donde se exilió) en un domicilio cercano y coincidió, en un semáforo ubicado sobre calle 3 de Febrero, con un patrullero de la Policía de Santa Fe. Hacía dos años que Mechetti estaba en la clandestinidad, con documentación falsa a nombre de un tal Fernández (una persona del sur del país que había fallecido), pero de igual modo los policías lo reconocieron, ya que su foto estaba en todas las seccionales de la región. Lo dejaron avanzar, pero a pocas cuadras se encontró con otro móvil que le cerró el paso y que, evidentemente, había sido avisado. Mechetti no tuvo escapatoria. Más aún cuando se dio cuenta de que había olvidado el arma. Lo balearon de todos lados. Dos proyectiles -cuyas marcas aún son testigos en su cuerpo- le perforaron el hígado y el pulmón. Estaba herido, semiconciente (incluso algunos policías lo dieron por muerto) y fue trasladado a un hospital cercano. “¿Está mejor, Fernández?”, le preguntó a los pocos días una enfermera, cuando recobró lucidez. Mechetti se dio cuenta de que podía haber alguna salida. “¿Cómo Fernández? Yo no soy Fernández”, respondió, desorientando a la mujer que lo venía atendiendo, la que además había accedido a su documentación personal, encontrada en una de sus prendas. La incertidumbre la aclaró la voz del orden en esa época. “No se haga el estúpido. Sabemos muy bien quién es usted”, le dijo el propio jefe de Policía de Rosario, el temido comandante de Gendarmería Agustín Feced, quien centralizaba todo el accionar represivo de la zona, lo que incluso luego fue denunciado por varios detenidos ante la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), creada por el gobierno de Raúl Alfonsín en 1984.

Feced, alias El Turco, ordenó que lo cambiaran de lugar en el hospital a Mechetti y exigió la máxima seguridad, pese a que el dirigente paranaense casi que no se podía mover. Además tenía 25 kilogramos menos de peso, que bajó en menos de veinte días, ya que no le daban ningún tipo de alimento. Sacaron a toda la gente que estaba en terapia intensiva, dejaron solamente a Mechetti -esposado a su cama- e instrumentaron una custodia de por lo menos diez hombres del cuerpo de Infantería. “Llévenlo así, como está. Que sufra un poco el frío que hace afuera”, dijo el gendarme antes de irse del lugar. Hubiera llegado totalmente desnudo, de no ser por una enfermera que le tiró una manta cuando lo iban llevando por los pasillos del nosocomio. Estuvo pocos días allí. En un nuevo operativo -que esta vez incluyó a efectivos del Ejército, que cortaron la calle- lo trasladaron a una comisaría. Recién allí pudo ingerir otra cosa que no fuera agua: té sin azúcar y una manzana. Al día siguiente de ingresado, su madre, Noemí Benítez de Mechetti, se enteró dónde estaba y fue a reclamar por su vida. Permaneció tres días en la puerta de la comisaría, hasta que le confirmaron que allí estaba y “se encontraba bien”. Feced se enojó tanto con la actitud de los policías que nuevamente lo hizo trasladar. Fue a parar al Hospital Freyre, en el tercer piso, donde vivía la madre superiora del lugar, quien fue intempestivamente desalojada.

La madre del dirigente montonero volvió a Paraná. No permaneció tranquila por mucho tiempo. El 18 de noviembre de 1976 fue arrestada por efectivos de la Policía Federal. Se le subieron al coche y la obligaron a manejar hasta la sede de calle Rivadavia. Allí la tuvieron todo un día; después la trasladaron a la Unidad Penal Número 6 de la capital entrerriana. El automóvil particular se lo devolvieron a su familia a los dos meses. Mientras tanto, no fueron pocos los que observaron cómo el comisario Conde, de la Policía Federal, solía pasear con una pomposa rubia -que era considerada su amante- por diferentes puntos de la capital entrerriana.

En los últimos días de diciembre, acompañada por Alicia Dasso de Bachetti y Mónica López Alfaro de Vergara -también detenidas- fue llevada hasta el despacho del director de la Unidad Penal Número 1. Fue encapuchada y conducida hasta otra dependencia de la cárcel. No entendía nada cuando comenzaron a leerle lo que sería una declaración testimonial, en la que ella reconocía una serie de delitos que no había cometido. “Firme, señora. Le conviene firmarlo sin pensarlo mucho. Por usted misma y por su propio hijo. No pierda nunca de vista que a su hijo lo tenemos detenido”, le dijo el teniente auditor Appiani, a quien conocía. A mediados de enero de 1977 la llevaron a la sede del Comando, para ser sometida a Consejo de Guerra. Estaba presidido por el teniente coronel Patricio Zapata. Antes de iniciarse la sesión la trasladaron a una oficina contigua, donde algunos oficiales escribían a máquina. Le volvieron a leer una declaración y le pidieron que reitere su firma.

-Yo no voy a firmar eso. Nunca dije tales cosas; tampoco nadie me lo preguntó -dijo la señora de Mechetti.
-Usted es una mentirosa. Una mistificadora e inconciente. No se da cuenta de que estamos trabajando desde las ocho de la mañana. Que esto es algo serio -le respondió, salpicándola nervioso con saliva, el mayor De la Vega.
-Precisamente, porque creo que se trata de algo demasiado serio es que no puedo firmar algo que no he dicho -insistió la mujer.
-Déjenla. Que firme si quiere. Nosotros sabemos muy bien cómo hacerla firmar -indicó el militar.

El teniente Appiani fue el que trató de conciliar. “Señora, reflexione. No antagonice. Tenga presente que las penas oscilan entre tres y veinticinco años de prisión”, le manifestó. La mujer tuvo miedo y firmó. Quedó en libertad recién en el ‘82, luego de permanecer en el Penal de Devoto. Nunca le comprobaron cargo alguno.

Gustavo Mechetti, por su parte y como muchos de los detenidos políticos, deambuló por diversas cárceles del país y logró salir a la calle el 28 de agosto de 1983. En la puerta de la cárcel, con toda la ansiedad encima, pero con las mismas ganas de lucha de aquellos días de plomo del ‘76, lo esperaba su madre. Mechetti nunca más se despegó de ella. Sabía que le debía poco menos que la vida.

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