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19/12/2018 -  tiempo  1' 59" - 971 Visitas Arremeten contra la fiscal que investiga los contratos truchos de la Legislatura Nada nuevo bajo el sol de Entre Ríos
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Cecilia Goyeneche avanza en la investigación de los delitos cometidos durante años en la Legislatura de Entre Ríos.
En el siglo pasado, más precisamente en la década de los años noventa, un vocal del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, José Rubén Morel, perdió su empleo por haberse tomado tres días de vacaciones en la costa atlántica. Se fue a Mar de Ajó, cuando no debió hacerlo, y no había terminado de guardar la sombrilla y la reposera cuando un grupo de diputados justicialistas le estaba promoviendo un jury de enjuiciamiento. Resolvieron examinar su inconducta. De haber sido más indolente, Morel hubiera podido hacer turismo en la luna sin que nadie lo advirtiera: lo removieron de sus funciones porque antes había investigado un par de escandalosas compras de cajas de alimentos que los legisladores provinciales, dadivosos, pretendían repartir entre su clientela electoral. Antonio Tardelli

Ya en este milenio, un fiscal de Investigaciones Administrativas, Oscar Rovira, fue también a dar con sus huesos al banquillo de los acusados. Designado por el gobierno de la Alianza, Rovira había mostrado un inédito empeño en la búsqueda de justicia para con los responsables de episodios de corrupción. La mayoría de sus denuncias apuntaban a los integrantes de la administración anterior, la de Jorge Busti, pero el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) no dudó en denunciar también a prominentes figuras del montielismo a las que acusó por una serie de irregularidades. Por haber cobrado un viático insignificante, Rovira fue perseguido. Lo condenaron. En realidad, el sistema político se lo deglutió. Victoriosos, peronistas y radicales exhibieron su cabeza como trofeo.

En ambos casos se consagró la impunidad. Los corruptos celebraron. Y los candidatos a corruptos festejaron que no se sentaran precedentes de condena. La política de Entre Ríos enseña que las investigaciones que comprometen al poder desatan réplicas que tienen el propósito de deslegitimar al investigador. Los sospechados no atinan a defenderse de los cargos que se les formulan. Se apresuran, sí, a corroer la credibilidad de quien acusa. Si pueden, incluso, se lo cargan.

Es lo que sucede nuevamente por estas horas: la fiscal de Investigaciones Administrativas, Cecilia Goyeneche, avanza en la investigación de los delitos evidentemente cometidos durante años en la Legislatura de Entre Ríos mediante apócrifas contrataciones de personas a las que se les entregaba una mínima proporción de la retribución estipulada para que, de inmediato, burócratas inescrupulosos, con el aval de encumbrados políticos, se alzaran con abultadas sumas de dinero.

Los investigadores devienen en investigados. Llueven contra ellos las denuncias. Abundan los jurys. Viejos enconos se reavivan. Antiguos pleitos renacen. No hay nada nuevo bajo el sol de Entre Ríos.


(más información en la edición gráfica 1092 de la revista ANALISIS del 20 de diciembre de 2018)
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