Por Francisco Uranga

La economía argentina lleva un año en caída libre. El cierre de empresas se multiplicó en 2018, en especial en el cordón industrial de Buenos Aires. “Es un Chernóbil de empresas”, describe Lautaro Pérez, director de Gestión Pública y responsable del área de Desarrollo Económico del Municipio de Tigre. Suena exagerado, pero las estadísticas lo avalan. El año pasado terminó con 10.000 compañías menos en el país —1.739 de ellas, industriales—y el número de trabajadores registrados se redujo en más de 260.000 entre marzo de 2019 y el mismo mes del año pasado, según los datos del Sistema Previsional Integrado Argentino (SIPA). Los argentinos llegan a las elecciones presidenciales con los bolsillos flacos y un estado de ánimo marcado por los despidos y el desplome de la producción.

Mauricio Macri intentará la reelección con un duro ajuste de las cuentas públicas en marcha. No era su plan original, pero una fuerte fuga de capitales en 2018 lo llevó a pedir el auxilio del Fondo Monetario Internacional (FMI). Fue el fin del gradualismo. Macri asumió en 2015 con un déficit primario del 5,2% del PIB y lo fue bajando de a poco hasta el año pasado, cuando llegó al 2,2%. El FMI exige que en 2019 se alcance el déficit cero. “El objetivo primordial del FMI era corregir las cuentas fiscales y las cuentas externas. Hoy podemos decir que eso está cumplido”, evalúa Soledad Pérez Duhalde, directora de operaciones de la consultora Abeceb. En el primer cuatrimestre de este año se registró un módico superávit fiscal primario.

El plan económico, sin embargo, tiene pies de barro. Así lo ve el economista Martín Uribe, profesor de la Universidad de Columbia. Uribe destaca la reducción del gasto, pero considera que no es sustentable. “Se logró con base en medidas de corto plazo, como el aumento de impuestos distorsivos y el parate de la obra pública”, subraya el académico y sostiene que, para que el equilibrio de las cuentas se mantenga en el tiempo, se necesitan reformas estructurales. Es decir, recortes del gasto corriente. Es un camino doloroso. Más de siete de cada diez pesos del presupuesto nacional se destinan a gastos sociales —jubilaciones, pensiones o transferencias a personas con bajos ingresos—. Para reducirlos se requieren medidas antipáticas que ningún político quiere implementar. Y menos si está en campaña.

Consenso ortodoxo o pacto social

Pérez Duhalde comparte el criterio de Uribe. La consultora considera prioritario aumentar la inversión en infraestructura y reducir los impuestos, dos medidas que incrementarían el déficit. La ecuación solo cierra con menos gasto público. Detrás de esta idea están las reformas más resistidas: la jubilatoria, la tributaria, la fiscal y la laboral. “Todos los economistas hablamos de lo mismo; también todos los políticos. El diagnóstico está clarísimo, lo que no está tan claro es cómo avanzar”, plantea la consultora. El Gobierno convocó en mayo a la oposición para debatir un acuerdo de diez puntos que está en línea con la agenda planteada por Pérez Duhalde.

El consenso existe, pero entre los economistas ortodoxos. No es el caso de Claudio Scaletta, que se define como poskeynesiano y es muy crítico del macrismo. “El consenso que propone el Gobierno es el Consenso de Washington”, ironiza. El autor del libro La recaída neoliberal destaca que la expresidenta Cristina Fernández también habla de la necesidad de un acuerdo, al que denomina “pacto social”. El contenido del pacto es, según el economista, bien diferente del que propone Macri y tiene dos componentes: el modelo de desarrollo y la puja distributiva.

El mayor problema del país, plantea Scaletta, no es el déficit fiscal, sino la escasez de divisas. La conocida restricción externa. “El grueso de la producción tiene muchos insumos importados. Cuando el país crece, suben las importaciones. Por eso después de periodos de largo crecimiento faltan los dólares. La solución es cambiar la estructura productiva, lo que se logra con un plan de desarrollo”, sostiene el economista. La propuesta se traduce en incentivos estatales para potenciar los sectores con capacidad de exportar o sustituir importaciones. La falta de este plan fue, para el e economista, el mayor error de los gobiernos kirchneristas.

La puja distributiva, el segundo pilar del pacto, apunta a los sindicatos. “Hay que acordar la velocidad del aumento de los salarios para que no se desestabilicen los precios cuando comience la recuperación”, completa Scaletta.

El déficit fiscal desvela a los economistas ortodoxos. Scaletta, en cambio, lo ve como una herramienta que el gobierno debe usar en forma anticíclica. “Hay que poner plata en el bolsillo de la gente. Si se contrae el gasto en una recesión, se la profundiza y cae la recaudación. Por eso no creo que se alcance la meta del déficit cero”, concluye.

Sin motores para el crecimiento

El costo de ajustar el gasto público fue una recesión profunda. El PIB cayó en 2018 un 2,6% y se prevé que este año se contraiga un 1,8%, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). “No conozco un programa del FMI que tenga como objetivo que la economía crezca. Busca la estabilización, el crecimiento viene después”, señala Pérez Duhalde. En este caso, puede que sea mucho después.

Si el gasto público divide opiniones, las perspectivas de crecimiento generan puntos de encuentro. Todos los economistas consultados para este reportaje coinciden en que la recuperación de la economía será lenta. “El mercado interno está deprimido. Los sectores que pueden crecer son los que están vinculados con la exportación, como el energético, con Vaca Muerta a la cabeza y su derrame en la petroquímica; la minería; el turismo; el agro y la maquinaria agrícola”, señala Pérez Duhalde. Las exportaciones dependen de la demanda internacional y no se prevé un alza en el corto plazo, apunta Scaletta.

Macri apostó a que las inversiones se convirtieran en el principal motor de crecimiento, pero durante su mandato los resultados fueron decepcionantes. La excepción fue el sector energético, donde se concretaron inversiones importantes y existen condiciones atractivas para los capitales, destaca Carolina Schuff, economista del Banco Galicia y especialista en análisis sectorial. La clave para incrementar las inversiones, según Uribe, es generar confianza. “A medida que las cuentas gubernamentales muestren signos duraderos de equilibrio, el riesgo país comenzará a bajar, lo que incentivará la inversión productiva”, plantea el profesor. Scaletta es más escéptico y subraya que las inversiones “sobrerreaccionan a los ciclos económicos”. Una economía estancada no atrae inversiones, razona.
La inflación y las altas tasas de interés son los factores que más perjudican al mercado interno, explica Schuff. El aumento de los precios provocó la merma del poder adquisitivo y la caída del consumo. El Banco Central aumentó la tasa de interés por encima del 70% para tratar de domar los precios, lo que paralizó el crédito y las ventas a plazos. “A medida que se frene la inflación, se podrá ir bajando la tasa de interés y debería repuntar el consumo”, proyecta la analista.

Desde que asumió en octubre como presidente del Banco Central, Guido Sandleris lleva adelante una política extrema para combatir la inflación: cero emisión monetaria. Los precios, sin embargo, se dispararon. La inflación acumulada en los últimos doce meses fue del 55%, la más alta desde 2003. “Los cambios en la política monetaria surten efecto en forma rezagada. A veces son rezagos largos e inciertos”, justifica Uribe. Un segundo aspecto, advierte el profesor de Columbia, es que el plan no genera confianza. “La política de expansión monetaria cero es insostenible en el largo plazo, no solo en Argentina, sino en cualquier país del mundo. Una política monetaria no creíble puede tener efectos adversos sobre las expectativas de inflación”, completa.

Más allá de la política monetaria, la principal causa de la inflación es el incremento de los costos, coinciden los economistas entrevistados. “El aumento del tipo de cambio encarece los insumos. Además, para bajar el gasto público se aumentaron las tarifas. A eso se suma la inflación de incertidumbre”, resume Pérez Duhalde.
El dólar, la variable electoral

Los dirigentes de Cambiemos lo repiten en público y en privado: la competitividad electoral del Gobierno depende de que se logre controlar el tipo de cambio. Una nueva devaluación alimentaría aún más la inflación. Y la psicosis: el dólar tiene una carga emocional para los argentinos, que ahorran y fijan los precios de las viviendas en dólares para protegerse de la inestabilidad. Traumas de las crisis pasadas.

Desde la primera corrida cambiaria de abril de 2018, el peso perdió la mitad de su valor y renunciaron dos presidentes del Banco Central. Tras varios episodios de alta volatilidad, el dólar mantiene hace un mes y medio una cotización estable. Pero la batalla no está ganada.

El éxito en el control del tipo de cambio depende de dos condiciones, según Hernán Hirsch, director ejecutivo de la consultora FyE. La primera es que se respete el acuerdo con el FMI. La consecuencia de un incumplimiento, señala el consultor, puede ser una cesación de pagos o una hiperinflación. La segunda condición es que la oposición no genere una incertidumbre política extrema. “Si tiene un discurso razonable, hay más chances de mantener el dólar controlado”, opina, en referencia al frente peronista que lleva a Alberto Fernández como candidato a presidente y a Cristina Fernández a vicepresidenta. Pérez Duhalde añade una tercera variable: la inflación. “Si no se desacelera, es inviable mantener estable el tipo de cambio”, advierte la economista de Abeceb sobre la posibilidad de un atraso cambiario.

La devaluación es inevitable, considera Scaletta, que solo duda si se producirá antes o después de las presidenciales. “Es altísima la probabilidad de una corrida cambiaria antes de fin de año. Pero si EEUU sigue apoyando a Macri, no se va a producir antes de las elecciones”, analiza.
El peso de la deuda

El respaldo de EEUU a Argentina se concretó a través del mayor préstamo de la historia de FMI, 57.000 millones de dólares. También en una flexibilidad notable del organismo. El FMI toleró que el Gobierno se desviara de las metas acordadas y habilitó que el Banco Central interviniera en el mercado cambiario con mayor libertad de la que había definido inicialmente. El reverso de la ayuda fue el incremento de la deuda externa, una losa pesada que se refleja en el pago de intereses.

Las dudas sobre la capacidad de pago de Argentina dispararon en junio el riesgo país hasta los 1.000 puntos básicos. “No es que esté por ocurrir un default inminente, pero el año que viene hay que cubrir una brecha de financiamiento y el Gobierno debería salir al mercado a tomar más deuda. Con ese nivel de riesgo país, es difícil que lo logre”, explica Schuff. La mejor opción, considera Hirsch, es renegociar las condiciones del préstamo con el FMI.

La comparación es tentadora para los críticos del Gobierno. El consumo deprimido, la devaluación y las negociaciones con el FMI remiten a la crisis del final de la convertibilidad. El próximo gobierno, afirma Scaletta, va a enfrentar a desafíos similares a la que encontró Néstor Kirchner cuando llegó a la Casa Rosada. Aunque la salida va a ser más difícil esta vez, advierte, porque el endeudamiento externo es mayor que entonces y no hay un nuevo boom de las materias primas en el horizonte. “La recuperación va a ser más lenta de lo que fue a partir de 2003”, proyecta.