Por Javier Calvo (*)

El Gobierno parece encaminado a conseguir que el Senado convalide la media sanción que la ley Bases y la fiscal obtuvieron en Diputados. Con o sin cambios, casi nadie espera un rechazo. Hay un mérito del oficialismo, ciertamente. Con escuálidas fuerzas legislativas, aprendió del cachetazo de febrero y esta vez negoció más y mejor. Pese al relato mileista, hasta hizo guiños a la reanudación de obra pública para seducir voluntades provinciales supuestamente inquebrantables.

En el reconocimiento hay que incluir a las fuerzas dialoguistas, claro. Sea por militar el cambio, por antikirchneristas o por conveniencia (ninguna variable es excluyente una de las otras), se muestran decididos en ayudar a darle gobernabilidad a una fuerza tan inexperta como excéntrica. Mantengamos la diplomacia en la adjetivación.

Sin embargo, sucede que para la administración de Javier Milei hay además otra contribución esencial: lo funcional que resulta para sus intereses la férrea oposición del peronismo anclado, pese a que no lo asume, en la gestión anterior.

Ahí, por caso, reapareció hace diez días Cristina Fernández de Kirchner, dando otra clase magistral celebratoria de los tiempos idos, con ella y su marido obviamente. Y sin hacerse cargo de la reciente y lamentable performance gubernamental del Frente de Todos. La misma canción de siempre, podría decir Axel Kicillof.

El último fin de semana se sumó a esta musicalidad provocadora el ex presidente Alberto Fernández. Sin que se le mueva un músculo repitió su estribillo de que el Olivosgate fue un error (pero sembró dudas sobre la dilación que hubo entre que sucedió y estalló, típico) y que evitó romper el FdT. Le sumó una estrofa, producto de sus recientes dificultades judiciales por el caso de los seguros: juró honestidad, transparencia y que es una operación en su contra. Escasa creatividad.

Esta doble vuelta al debate público de quienes encabezaron el gobierno anterior le quedó servida al actual. Desde el propio Presidente hasta su vocero se regodearon en réplicas sin esfuerzo, basadas en datos y frases de archivo que los dejan mal parados. Como mínimo. “Nos conviene que hablen todos los días”, comenta un funcionario de peso.

En esos mismos pasillos oficiales de la Casa Rosada se desarrolla por estos días una suerte de celebración ante la nueva huelga general de la CGT, convocada para este jueves 9.

Sin movilización ni transporte, en el Gobierno dan por hecho de que esta segunda medida de fuerza de la central obrera a cinco meses de iniciado el mandato se sentirá en los principales centros urbanos. Pero están convencidos de que le servirá al equipo libertario para profundizar su narrativa de confrontación con quienes “no quieren cambiar nada”, una estrategia que por ahora sigue rindiendo frutos pese al impacto social y económico del ajuste.

Convendría recordar, como ya hemos señalado en varias oportunidades en PERFIL, que estas disputas tienen diferentes niveles. Contrapuestos, digamos. Así, mientras influyentes dirigentes sindicales se pintan la cara contra la administración Milei, por debajo de la mesa acuerdan una reforma laboral descafeinada, que pone a salvo muchos de los privilegios (o “derechos”) de la casta gremial. Todos contentos.

Fuentes oficiales reconocen que hay también ciertos compromisos de asistencia financiera vía la Superintendencia de Servicios de Salud a las obras sociales de los sindicatos, muchas de ellas ahogadas por la crisis general y del sector en particular.

En la Jefatura de Gabinete inclusive despertó reacciones risueñas la promesa del ministro del Interior, Guillermo Francos, de intentar acordar con la CGT el levantamiento de la huelga. Dicen que por primera vez no marcó un sólo número de teléfono: el Gobierno está convencido de que los caciques gremiales también le resultan funcionales.

(*) Periodista, publicado en Perfil