La causa de los contratos truchos volvió al centro de la atención pública. Anoche, por orden del juez de Garantías Elvio Garzón se realizó un allanamiento en la casa de Hugo Mena, uno de los principales imputados en la causa, supo ANÁLISIS. En el procedimiento se halló documentación que no se había encontrado en los allanamientos anteriores, por lo que se ordenó la inmediata detención de Mena en la Alcaidía de Tribunales, y se analiza cuándo se realizará la audiencia de prisión preventiva, que podría ser recién la semana próxima. Se lo detuvo por ocultamiento de documentación y se entiende, también, por alteración de pruebas o falsificación de papeles, en relación a contratos y pagos provenientes de la Legislatura entrerriana.

El operativo se produjo a raíz de una nueva presentación que la semana pasada realizó en el marco de la causa el abogado Milton Urrutia, quien denunció haber recibido de forma anónima, en la puerta de su casa, una caja con documental. En los últimos días, la labor de los investigadores habría determinado que parte de esos papeles habían sido falsificados con la clara intención de perjudicar a terceras personas, entre ellos, algunos ex colaboradores de Jorge Busti, en el período 2007-2011, que la justicia ya había comprobado que no tenían ninguna relación con la banda que lideraba al cuñado de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y tenía a Mena como uno de los principales recaudadores. Esto desencadenó el nuevo procedimiento judicial y policial.

En su presentación, Urrutia pidió a la Fiscalía agregar la documentación que le llegó al expediente caratulado “Beckman Flavia Marcela, Scialocomo Esteban Ángel Alberto, Álvarez María Victoria s/Estafa”, que tramitan los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry.

“Vengo a acompañar evidencia sumamente cargosa que podría servir para la averiguación de los hechos investigados en el presente legajo”, planteó el abogado, que además propuso “diligencias y en caso de resultar certeza positiva se solicita se impute a cada uno de los titulares de los talonarios por la comisión del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio del erario provincial, y se los castigue al máximo de la pena prevista en la escala del Código Penal”.

Aclaró que “la evidencia que se acompaña ha llegado al suscripto de manera anónima, habiendo sido dejada en la puerta del inmueble donde habito siendo depositada en una caja de cartón color madera y amarilla, que en letras reza ´Huevo Feliz´”.

Según detalló, dentro de esa caja encontró 90 talonarios de imprenta Sur, de Gustavo Olechar; y dos talonarios de imprenta Gálvez, de Alfredo Caíno, y detalla a quiénes corresponden los mismos.

Cabe recordar que Milton Urrutia fue querellante en la causa del cura Justo José Ilarraz, condenado a 25 años por abuso y corrupción de menores, y también defensor del cura Juan Diego Escobar Gaviria, condenado a 25 años por abuso y corrupción de menores.

Al parecer, esa documental es la que el año pasado había quedado al descubierto en el diálogo entre el ex director del Contable del Senado, Gustavo Pérez y Mena, según figuraba en los chats encontrados en los celulares de ambos. Esa charla se había producido minutos después del primer allanamiento a la casa de Mena, en septiembre del año pasado. En un momento, Pérez le preguntó a Mena si además de su vivienda habían allanado "el galpón de enfrente" y Mena le dijo que de ello no se habían dado cuenta el personal policial y judicial.

La causa

Según la investigación de los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro, entre enero de 2008 y septiembre de 2018 Flavia Beckman, Hugo Mena, Hugo Luna (ya fallecido), Esteban Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Sarnaglia, Macarena Álvarez, Viviena Mena Gioveni, Alejandro Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Faure, Sergio Cardoso, Gustavo Pérez, Juan Domingo Orabona “y otras personas con funciones públicas aún no identificadas tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura provincial”.

La investigación también apunta las responsabilidades hacia Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri, y Alejandro Almada, cuñado de Aguilera.

De acuerdo con la imputación formulada por los fiscales, en el ámbito legislativo se creó un sistema de recaudación fraudulento a través de contratos a favor de “prestanombres” a los que se les hacía firmar por montos de entre 35.000 y 50.000 pesos, pero se les entregaban sumas muy menores, que oscilaban en el orden de los 1.500 y 2.000 pesos. A su vez, otra supuesta ventaja para los “prestanombres” era que se les pagaba el monotributo, lo que les permitía, por ejemplo, tener una obra social.

La causa se inició el 20 de septiembre a la tarde luego de que Beckman, Scialocomo y María Victoria Álvarez fueran interceptados por agentes de la Policía a la salida de un cajero del Bersa de calle Alsina de Paraná con una mochila llena de dinero. Fue luego de estar un buen tiempo en la cabina haciendo uso de varias tarjetas de débito.

Horas más tarde, la Policía allanó el domicilio de Beckman, donde encontró documentación y más plásticos, y detuvo a su pareja, Hugo Mena. Álvarez quedó en prisión domiciliaria y luego se le levantó esa medida.

Todos los imputados estuvieron detenidos con prisión preventiva en la Unidad Penal durante varios meses, hasta que se determinó el privilegio de gozar de detenciones domiciliarias.